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Josu de Miguel

Cosas constitucionales chulísimas

«La mayoría gubernamental propone ahora devolver, mediante reforma exprés, la potestad de nombrar magistrados del TC que antes quitó al Poder Judicial»

Opinión
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Cosas constitucionales chulísimas

Bandera de España en el Tribunal Constitucional. | Alejandro Martínez Vélez (EP)

Seguramente habrán oído estas semanas que hay que renovar el Tribunal Constitucional (TC). El art. 159.3 CE exige que se realice «por terceras partes cada tres años» y en esta ocasión toca los dos designados por el Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el TC también hay un magistrado, Alfredo Montoya, que desde hace aproximadamente un año no puede acudir a los plenos por enfermedad, por lo que no es descartable que también entre en el paquete global, pero a propuesta del Senado, que es quien le designó. 

Sabrán también que la renovación no se puede realizar porque la actual mayoría parlamentaria decidió hace algo más de un año reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 4/2021) para convertir al CGPJ en un órgano en funciones, con la justificación de que el principal partido de la oposición se negaba a renovarlo desde hace años. Así las cosas, en este momento el CGPJ ni puede nombrar magistrados ni del TC ni del Tribunal Supremo (TS), lo que en este último caso supone un problema añadido, dado que cuando sus miembros se jubilan no se mantienen en su puesto.

La Constitución solo prevé que uno de sus órganos constitucionales entre en funciones: los miembros del Gobierno cesan tras la celebración de elecciones generales porque pierde la confianza parlamentaria. En el resto de los órganos constitucionales -como el CGPJ- sus miembros se deben mantener en su puesto con sus potestades intactas. El ministro de la presidencia, el señor Félix Bolaños, señaló hace unas semanas que dada la situación creada por la mayoría parlamentaria a la que él pertenece, el Gobierno podía nombrar -pese a la regla taxativa del art. 159.3 CE- a dos magistrados del TC en solitario, sin el concurso del CGPJ. 

La propuesta no ha ido muy lejos, pese al esfuerzo de tertulianos y juristas apresurados, por lo que la mayoría gubernamental propone ahora devolver, mediante reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la potestad de nombrar magistrados del TC que antes quitó al CGPJ. Agustín Ruiz Robledo ha explicado con pulcritud que permitir, sin más justificación que la impericia para consensuar la renovación del órgano, que el CGPJ nombre ahora a los magistrados del TC, pero no a los del TS, es un caso de arbitrariedad del legislador que convierte a la reforma en inconstitucional. 

«Si las Cortes reforman en el Debate sobre el estado de la Nación la LOPJ, el CGPJ tiene la obligación de nombrar los dos magistrados que le corresponden»

Al fondo nos observa esta costumbre arraigada, permitida por la opinión publicada, de que cada tercio renovado responda a la lógica de las cuotas y a la necesidad de que el TC refleje algún tipo de ideario político, lo que parece contradecir la letra y el espíritu del art. 159.2 CE, que obliga a que los magistrados sean «juristas de reconocida competencia». Un TC excesivamente politizado traiciona la razón contramayoritaria que lo inspira y lo convierte en una mera caja de resonancia partidista. Es decir, deja de ser un órgano jurisdiccional y muta en una cámara de representación de intereses ideológicos. 

Si las Cortes reforman en el próximo Debate sobre el estado de la Nación la LOPJ, el CGPJ tiene la obligación de nombrar los dos magistrados que le corresponden. No puede abstenerse. Completada la renovación con las designaciones del Gobierno de coalición, ya solo quedaría una bala en la recámara de la decencia institucional: que los magistrados que vayan a entrar en la sede sita en Doménico Scarlatti se convencieran de que un TC con auctoritas es un órgano que no se dedica ni a las guerras culturales ni a los chalaneos políticos, sino a defender la Constitución y la maltrecha democracia. Pero abandonen toda esperanza: llevamos muchos años haciendo cosas constitucionales chulísimas y nuestro sistema político ya solo se mantiene en pie gracias a la inercia que propicia lo que parece una amarga y larga decadencia.

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