Los supuestos «topes» al precio de la energía
«El precio de la energía no es una consecuencia de la guerra ni de los problemas de suministro, sino del intervencionismo regulatorio y fiscal de los Estados»
Víctor Ubiña
La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2022 ha sido del 8,9%. Pero, además, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha crecido un 14,4%, el de la vivienda, un 14,2% y el del transporte, un 9,4%. Cifras tan relevantes que hasta el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que los ciudadanos, todos los ciudadanos, nos estamos empobreciendo de manera acelerada.
Curiosamente, esa inflación disparada (la más alta desde hace 38 años, también con gobierno socialista), está provocando que los ingresos del Estado también se estén disparando. No olvidemos que el IVA que recauda Hacienda es un tanto por ciento de lo que consumimos o compramos, luego, cuanto más caro esté eso que consumimos o compramos, más dinero entra en las arcas del Estado.
Esto está provocando que el Gobierno se crea que nada en la abundancia y que, por tanto, puede gastar más que nunca. Y como vamos a entrar en un año electoral, ese gasto desatado no es muy difícil adivinar que va a estar dirigido a cultivar a la que ellos creen su clientela. Aunque a mí me parecería igual de nocivo cualquiera que fuera el destino de ese incremento del gasto.
«La economía española aún se encuentra 2,2 puntos por debajo del PIB de 2019»
Esta actitud del Gobierno se pone de manifiesto claramente en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que no tiene en cuenta, en primer lugar, que la economía española todavía se encuentra 2,2 puntos por debajo del PIB de 2019, mientras que la del conjunto de la zona euro ya está 1,8 puntos por encima del nivel prepandemia. Y, sobre todo, que tampoco acierta a la hora de proponer remedios a la disparada y disparatada inflación en la que estamos metidos.
Veamos: la inflación, entendida como subida de los precios de manera constante, reiterada y progresiva a lo largo del tiempo (no es lo mismo que una subida aislada de precios debida a una determinada coyuntura), es consecuencia del abuso del endeudamiento, es decir, de la persistencia de déficits públicos constantes y reiterados a lo largo del tiempo.
Llevamos casi dos décadas con los tipos de interés a cero, es decir, con la financiación de la deuda pública a interés cero o negativo. Muchos años de políticas monetarias expansivas a cargo de los bancos centrales, empezando por el BCE y la Fed, son los responsables fundamentales de la inflación actual. No es la guerra, porque la inflación ya estaba altísima antes, en febrero de este año, sin que hubiera empezado la guerra de Ucrania, la tasa estaba ya en el 7,4%.
Mientras ha habido ganancias de productividad gracias al desarrollo tecnológico y la energía barata, las subidas de precios no se han dejado sentir mucho, a pesar del salvaje abuso de la máquina de hacer billetes durante todos estos años y, especialmente, a raíz de la covid.
Sin embargo, al primer contratiempo serio, como una subida repentina de los precios de la energía (igual que ocurrió en los años 70), toda esa inflación reprimida aflora.
De ahí que, además de las reformas de la política monetaria, para paliar las consecuencias de la subida de precios es fundamental generar ahorro e incrementar la productividad. El problema es que eso requiere reformas estructurales de gran calado que siempre se aplazan porque son muy impopulares: reducir el gasto, bajar los impuestos al trabajo y al capital, y tener y mantener una política económica clara, sin amenazas ni globos sonda respecto de los impuestos a los presuntos ricos. Y, por supuesto, abrir los mercados, para que haya más competencia.
«Lo que hace el Gobierno es redistribuir los costes, incrementando una deuda que terminan pagando los ciudadanos»
Reducir los gastos es algo impensable con un Gobierno que trata a los ciudadanos como niños a los que hay que dar paguitas para tenerlos contentos. Y, en consecuencia, que este Gobierno rebaje impuestos es inimaginable.
Sin embargo, a corto plazo habría que reducir el IVA de la energía a un 10% o menos, de tal forma que se recaude por IVA lo mismo o menos que se recaudaba antes de la guerra de Ucrania.
Sobre el precio de la energía, lo más importante ahora es, para empezar, no empeorar las cosas. El problema fundamental de ese precio no es una consecuencia de la guerra ni de los problemas de suministro, sino que proviene de la intervención política. Es verdad que toda la economía está intervenida por los Estados, pero la energía es un sector todavía más intervenido que los demás, está muy regulado y es utilizado como importante mecanismo recaudatorio. Para abaratar la energía hay que revertir ese intervencionismo regulatorio y fiscal. Y los supuestos «topes» son pura ficción: el Gobierno no puede abaratar la energía, y lo que hace es redistribuir los costes, incrementando una deuda que siempre van a terminar pagando los ciudadanos.
No olvidemos que para conseguir una energía abundante, limpia y barata, la única solución a largo plazo son las nucleares.
En el caso de la inflación que aquí abordamos, como suele suceder con cualquier mal, todos los responsables buscan echarle la culpa a otro (Putin, las eléctricas, los bancos…), y presentarse como los que van a resolver el problema. Todos pretenden «luchar» contra la inflación cuando son las autoridades mismas las que la crean.
