El síndrome de Malthus y Barreiros
«La industria y el empleo solo se protegen creando condiciones competitivas en el ámbito laboral, fiscal, regulatorio, ambiental, de innovación y desarrollo»
Erich Gordon
Las malas ideas nunca mueren. En economía se propagan como la peste y con esa cadencia cíclica tan querida por nuestra profesión. Con el milenarismo climático, la nueva religión del siglo XXI que tan acertadamente describía el domingo Carlos Granés en estas mismas páginas, el exhibicionismo moral y el sermoneo inquisitorial están llegando al paroxismo. Detente Satanás que te cargas el mundo. Satanás, por supuesto, es el capitalismo y el crecimiento económico, ideologías que pese a haber proporcionado siglos de prosperidad económica y bienestar social sin precedentes, merecen ser quemadas en un gran auto sacramental que nos purifique.
En este clima de fin de siglo han reaparecido en el debate público dos ideas tan falaces como reaccionarias. Falaces porque no soportan la más mínima contrastación con la realidad; ni siquiera alcanzan la categoría de posverdad porque son sencillamente mentira. Reaccionarias porque no solo dificultan el desarrollo económico, sino que aumentan el poder del Estado y devuelven a los ciudadanos a la categoría de súbditos de la que parece nunca debieron salir. Las dos ideas que ahora nos quieren vender como símbolos de la nueva modernidad son el maltusianismo y el dirigismo industrial. Ideas ambas nacidas en el siglo XIX al amparo de la Revolución Industrial y la conmoción social que esta trajo consigo. Resulta deprimente constatar lo poco que hemos aprendido cuando una nueva revolución tecnológica nos hunde en los viejos errores, mentales y políticos.
«Contra ese apocalíptico discurso moral, de nada valen los hechos, ni la ciencia»
El argumento central de Malthus es que no podemos seguir así, ¿les suena?, que la maldición bíblica de crecer y multiplicaos lleva a la humanidad a su propia destrucción, porque no habrá comida para todos. Como los recursos naturales son limitados y la gente se empeña en procrear, los dioses de la naturaleza se vengan y nos castigan con guerras que purgan los excesos demográficos. La traducción posmoderna de esa limitación de recursos es obviamente el medio ambiente, el cambio climático que amenaza con destrozar el planeta. Contra ese apocalíptico discurso moral, de nada valen los hechos, ni la ciencia. Porque resulta que los economistas llevamos años insistiendo en que los recursos naturales no son limitados sino endógenos, que la demanda crea su propia oferta. Que la cantidad de agua potable, energía barata y aire limpio y respirable no está dada, sino que aumenta con la demanda. Porque se pueden producir, manufacturar, embotellar, vender y hacer accesible a precios perfectamente accesibles si somos capaces de generar los incentivos adecuados, si no ponemos más trabas a la iniciativa humana y empresarial, si incentivamos la asunción de riesgos y el beneficio correspondiente. Y que, para ello, la humanidad ha inventado un mecanismo genial, el ánimo de lucro y dejar funcionar al sistema de precios asegurando mercados competitivos y no distorsionados por la actuación estatal.
En el siglo XXI como en el XIX, el cambio tecnológico provoca grandes conmociones sociales, una gran incertidumbre y una búsqueda desesperada de seguridad. Y por lo tanto, un refuerzo del poder del Estado que aparece ahora como el Gran Salvador, el Gran Productor. Sabemos que la tecnología crea empleo y bienestar. La historia del siglo XX es el mejor ejemplo. Sabemos también que el desarrollo se ha expandido con la globalización, que no es un juego de suma cero. Pero no sabemos ni podemos precisar dónde, cuándo, ni para quién. Desconocimiento que aprovecha el pensamiento absolutista para ofrecernos su eterna solución, el mercantilismo y el mandarinato; el gobierno de unas élites ilustradas y presuntamente bondadosas a las que entregar el poder de decisión a cambio de nuestra seguridad. En el mejor de los casos, un despotismo ilustrado, en el peor, una dictadura tradicional. Sería fácil poner nombres y países concretos de la política actual, tarea que dejo al lector interesado porque quiero volver a hablar de economía y de dirigismo industrial.
Escribía hace unos días Anne Krueger, execonomista jefe del FMI y el Banco Mundial, con ocasión de la aprobación de la America’s CHIPs Act, uno de los proyectos económicos estrella del presidente Biden, que si bien los semiconductores son esenciales para una economía moderna y tiene sentido diversificar su oferta, hoy limitada a muy pocas empresas y menos países productores, «es dudoso que a base de grandes subsidios y bajo gestión pública los Estados Unidos puedan atraer y mantener un liderazgo en el sector». Y su lectura me trajo inevitablemente a los PERTEs españoles y en concreto al del automóvil.
«Los mismos que se quejan de la debilidad de la sociedad civil española son los primeros que se ponen en la cola de las subvenciones»
Son de sobra conocidos los retrasos en su aplicación y las dificultades para su puesta en marcha por el escaso interés del sector privado. Desinterés que se quiere paliar con avales públicos, gobiernos regionales y sus instrumentos financieros y las socorridas cajas de ahorro. Pero se debate menos lo que estos instrumentos significan, el retorno a una concepción dirigista y estatista de la política económica, la vuelta al falangismo económico anterior al Plan de Estabilización, la creencia en que el Estado planifica, decide y gestiona mejor. Y que puede seleccionar con acierto y desinterés a aquellos supuestos empresarios privados a los que entregar las subvenciones. Empresarios que se convierten rápidamente en rentistas como bien sabemos por nuestra reciente historia económica. Los mismos que se quejan de la debilidad de la sociedad civil española son los primeros que se ponen en la cola de las subvenciones y animan al gobierno a perseverar por esa vía, para salvar la industria nacional.
El caso del automóvil es un gran ejemplo porque ya sabemos lo que va a pasar, lo que ya pasó en los cincuenta y sesenta, lo que yo llamo el síndrome Barreiros. Tiraremos dinero público a mansalva en desarrollar una industria nacional, ahora justificada en la transición al coche eléctrico y en la necesidad de producir las baterías en España para salvar nuestras fábricas nacionales. Y después de muchos años perdidos y mucho dinero malgastado, que en gran parte sea dinero europeo no debería consolarnos porque el coste de oportunidad es el mismo, descubriremos que la industria y el empleo sólo se protegen con política de oferta, creando condiciones competitivas en el ámbito laboral, fiscal, regulatorio, ambiental, de innovación y desarrollo. Así y solo así atraeremos conocimiento tecnológico, talento humano y capital financiero internacional.
La reconversión del tejido industrial es una consecuencia inevitable de la revolución tecnológica. Ahora como en los setenta, España se enfrenta a la restructuración de una parte importante de su tejido industrial. Por razones geográficas, he sido testigo directo del coste social y humano de la reconversión de la minería, la siderurgia y la naval. Se perdió mucho tiempo y dinero en intentar proteger empleos y localizaciones que se habían convertido en obsoletas. Y tardamos demasiado en diseñar políticas activas inteligentes, con alguna probabilidad de éxito, y con resultados necesariamente desiguales. Me preocupa que como los independentistas catalanes, la política industrial del Plan de Recuperación y Resiliencia proclame orgullosamente: «Lo volveremos a hacer». Y si el sector privado no colabora, siempre encontraremos algún listillo, un Barreiros o un Indra dispuesto a dejarse subvencionar y dirigir. Hasta que un gobierno responsable afronte la realidad con coraje y decisión, deje de engañarnos como los súbditos que parecemos y le obliguemos a tratarnos como ciudadanos.
