¿Por qué no un Impuesto Negativo sobre la Renta?
«Su creación tendría como consecuencia que desapareciera el atractivo político que tiene para los gobernantes la sucesiva creación de nuevos subsidios»
José Luis Escrivá.
Que las ideas socialdemócratas han provocado que los países mas desarrollados se inunden de ayudas y subsidios a una parte de su población es un dato incontestable. Que el contante recurso a su utilización por parte del actual Gobierno español ha convertido la inundación en un tsunami, también. Y constituye un dato objetivo que este elevado y creciente volumen de transferencias desde el Estado hacia un sector de la sociedad se financia con los impuestos, también elevados y crecientes, que se exigen a otro sector social. Nunca fue mas cierta la afirmación atribuida a Milton Freedman: estamos construyendo una sociedad que cada vez quita más dinero a los que trabajan para entregárselo a los que no trabajan. Sin entrar ahora en el debate sobre el carácter justo o injusto del hecho descrito -la calificación es un ejercicio individual que responde a la concepción de cada cual sobre cómo debe ser la organización social-, sí conviene reflexionar sobre los inconvenientes que genera la extraordinaria multiplicidad de los subsidios y ayudas creados.
El primero es la propia regulación de cada nuevo subsidio. Cada vez que a un gobernante se le ocurre inventar uno, es preciso elaborar una norma que establezca quiénes son sus posibles destinatarios, cuáles son los requisitos que ha de cumplir, cuál es el procedimiento para solicitarlo, qué organismo público será el encargado de gestionarlo y, por ende, de controlar su adecuada aplicación a fin de evitar el fraude en su percepción. Todas estas tareas tienen un evidente coste administrativo en términos de tiempo empleado por la Administración, y dado que sus recursos humanos no son ilimitados, se provoca que otras facetas del servicio público vean disminuir sus niveles de calidad y eficacia.
Lo expuesto podría ser asumible si el número de subsidios y ayudas se mantuviera en un nivel razonable, pero si la creatividad subsidiadora se desborda con la intensidad con la que se ha desbordado en España, sucede que la totalidad de los españoles se ven afectados por la degradación de los servicios públicos más elementales. Como muestra, estos días se ha publicado el atasco existente en la Seguridad Social que se está retrasando varios meses en el reconocimiento de la pensión a los nuevos jubilados, que no es capaz de dar cita previa a los que la solicitan, y que no es capaz de atender telefónicamente a quienes lo requieren. Parecidas consideraciones pueden hacerse sobre la progresivamente deficiente atención que los contribuyentes reciben de la Agencia Tributaria o de otros organismos públicos. Así, el diseño, la tramitación, la gestión y el control de tantos y tantos subsidios está colapsando el normal funcionamiento de los servicios públicos. Ante esta situación, bueno es buscar una alternativa al caos descrito y la solución puede estar en una vieja propuesta como es la instauración del denominado Impuesto Negativo sobre la Renta.
«Existen numerosos peticionarios del Ingreso Mínimo Vital que no cumplen las condiciones para percibirlo»
Aplicar la opción descrita supondría la eliminación de todos los subsidios hoy existentes y simultáneamente complementar nuestro IRPF en la dirección que pasa a exponerse. Tras determinarse el nivel mínimo de renta que todo individuo debe tener para subsistir -debiera ser un importe que variase en función de la situación personal y de las cargas familiares de cada cual-, todos los que lo superasen pagarían una cuota del impuesto tras la aplicación de la correspondiente escala de tipos de gravamen. Pero -y aquí la novedad- aquellos cuya renta fuera inferior al citado nivel mínimo recibirían del Estado la diferencia entre dicho nivel mínimo y el importe de su renta real, siendo este pago el único subsidio que sustituyese al actual galimatías que se ha ido creando. Y, como es lógico, la percepción de la cuota negativa del Impuesto por parte de aquellos que tengan derecho a percibirla debería implementarse mediante pagos periódicos en periodos inferiores al año tal como sucede en el caso contrario, estableciéndose un sistema de pagos a cuenta del Estado que cumpliera de modo simétrico la función que cumplen las retenciones y los pagos fraccionados en el actual IRPF.
Las ventajas de la opción descrita son varias y en diversas direcciones. Se simplificaría la gestión administrativa y se racionalizaría el control de los recursos destinados a la función de subsidiar, correspondiendo ambos a la Agencia Tributaria, que es el órgano del Estado mejor preparado para ambas tareas. Por lo anterior, se reduciría el nivel de fraude en la percepción de los subsidios -el ministro Escrivá acaba de declarar que existen numerosos peticionarios del Ingreso Mínimo Vital que no cumplen las condiciones para percibirlo-. Se dispondría de información clara y fiable de la dimensión de la acción pública subsidiadora, cuestión hoy inexistente. Y, además, una vez liberados de la actual carga que supone la gestión de la multiplicidad de subsidios y ayudas existentes, los servicios públicos que debemos recibir los españoles recuperarían el nivel de calidad y eficacia que lamentablemente han perdido.
No puede ocultarse que, junto a las ventajas expuestas, la creación de un Impuesto Negativo sobre la Renta tendría como consecuencia que desapareciera el atractivo político que tiene para los gobernantes la sucesiva creación de nuevos subsidios con los que aspiran a ganarse el favor electoral de los subsidiados. No hay que darle más vueltas, éste es el motivo por el que pese a sus ventajas una propuesta como la enunciada jamás verá la luz.
