El subsidio destruye la sociedad

La izquierda nunca ha sido muy ducha en obtener buenos resultados en economía. Sus logros económicos suelen ser, con honrosas excepciones, inversamente proporcionales a sus éxitos propagandísticos. Es verdad que hay socialdemócratas brillantes, cuyo único problema es que suelen confiar en exceso en el gasto público sin ver del todo los efectos negativos que conlleva la expulsión del sector privado por esa sustitución que se produce por el sector público y en la merma de la actividad derivada del incremento de impuestos.

Ahora bien, esos socialdemócratas brillantes, que los hay, pueden obtener resultados que no sean eficientes, pero tampoco que generen un descalabro insalvable. Sin embargo, la izquierda actual, una vez que convirtió a Calviño y Escrivá en políticos antes que técnicos, es una izquierda tremendamente irresponsable, y en el ámbito económico se ve claramente.

Lo que el actual Gobierno en funciones ha hecho con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante este último quinquenio, es una huida hacia delante, donde suple la falta de crecimiento sostenible con promesas de gasto de todo tipo sin pensar en la losa de deuda que genera —ya casi 1,6 billones de euros—, porque realmente la interpretan como una deuda perpetua, que, por cierto, era la forma de financiarse que tenía el Gobierno en el régimen de Franco, con lo que aplicando los socialistas y comunistas su propia ley de rencor, deberían desterrar esa práctica, que eso sí que no era positivo.

Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada. La izquierda siempre ha tratado de trazar una red clientelar de voto, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya la actual izquierda no tiene medida.

Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas de Podemos decidió avanzar hacia un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público —aunque ni siquiera eso han sabido gestionar—, pero no queda ahí la cosa.

Decidieron subir un 2,5% —que puede llegar al 3,5%— el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumentó el número de oferta de empleo público que conforma una importante subida de gasto de capítulo I (gasto de personal).

Paralelamente, también incrementó las pensiones por el IPC -alrededor de un 8,5%- y derogando la aplicación del factor de sostenibilidad. El conjunto de reformas acordadas en el Pacto de Toledo es insuficiente para lograr la sostenibilidad del sistema, pero esa sostenibilidad caerá antes con subidas ligadas a los precios. Además, la reforma propuesta por Escrivá, que incrementa el gasto a costa de subir casi confiscatoriamente las cotizaciones a la Seguridad Social, atenta contra la sostenibilidad del sistema, porque ataca a la generación de actividad económica y de empleo e incentiva la lacra de la economía sumergida. Esta subida de las pensiones no beneficia a los pensionistas, sino que los perjudica, porque ante el aumento de la pensión en el corto plazo se contrapone la elevación de riesgo que aparece con la presión sobe la deuda de la Seguridad Social, riesgo que puede terminar desembocando en un recorte de las pensiones.

Adicionalmente, con la coyuntura económica que atravesamos en esta crisis, donde se reduce también la parte estructural, al disminuir el crecimiento potencial de la economía, las prestaciones por desempleo constituyen otra losa sobre el gasto público. Si se malgasta el dinero en otras funciones habrá menos fondos para pensiones, para prestaciones por desempleo e incluso para los empleados públicos, con lo que mal servicio hace el Gobierno con su política expansiva del gasto.

«La economía avanza inexorablemente hacia la conversión en una economía subsidiada, clientelar e insostenible»

¿Qué es lo que está provocando con ello? Una sociedad subsidiada. De esta manera, por ejemplo, según la última EPA vemos que en el último quinquenio, es decir, desde que gobierna el presidente Sánchez, el empleo público ha aumentado un 12,83% frente al 8,09% del empleo privado.

Es más, desde el momento anterior al comienzo de la pandemia hasta la actualidad, el crecimiento porcentual del empleo público casi dobla al privado:

Ese incremento de empleados públicos, más el que se prevé desde la aprobación de los últimos PGE, tensa la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues con el propio envejecimiento de la población el aumento de gasto en pensiones está garantizado. Si a ello le unimos las prestaciones por desempleo, entonces la presión sobre el gasto público se intensifica. De esa manera, ahora mismo tenemos 3.517.700 empleados públicos, según la EPA (IITR-2023); 9.117.724 pensionistas (datos de agosto de 2023), según el ministerio de la Seguridad Social; y 1.779.849 prestaciones por desempleo, según el ministerio de Trabajo (agosto de 2023). En cuanto a las prestaciones por ingreso mínimo vital, muchas de las cuales no se han reconocido por ineficiencia en la gestión, llega a 1.971.429 beneficiarios (en un total de 677.150 hogares; cifras de 31-8-2023).

El lugar al que nos llevan estos datos es a que la economía avanza inexorablemente hacia la conversión en una economía subsidiada, clientelar e insostenible. Así, frente a los 17.539.000 ocupados que hay en el sector privado, nos encontramos con que esa cifra de trabajadores sostiene a un número similar de personas pagadas con fondos públicos, que son 16.386.702. Eso es, sencillamente, insostenible en el tiempo.

Esta gestión contraproducente sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los españoles, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar. Es el paso de una economía sostenible a una economía sostenida artificialmente. Es la distancia que media entre la prosperidad y la pobreza, respectivamente. Es la apuesta de la izquierda radical actual por una economía subsidiada en lugar de por una economía productiva. Es el camino más directo hacia el empobrecimiento de todos los españoles, la forma de establecer, indirectamente, un voto cautivo y abandonar todo espíritu de esfuerzo y sacrificio, que es lo que hace prosperar a una sociedad. Es el empobrecimiento intelectual y material de una sociedad, que limita indirectamente, las libertades de las personas, al depender de un subsidio.

Hay que ayudar a las personas en los momentos de dificultad, formándolas, dinamizando la economía para que tengan más oportunidades y ayudándolas a desarrollarse profesionalmente, pero no haciéndolas depender eternamente de un subsidio, porque eso las anula y las mantiene presas de una subvención gubernamental que no busca ayudarlas en su situación actual para que salgan de ella, sino perpetuar indefinidamente dicha situación. Esa sociedad que quiere la izquierda, la del subsidio, nos endeuda hasta extremos que no se podrán soportar, merma las capacidades de las personas, hace perder valiosos profesionales y provoca graves daños económicos, que conducirán, de no remediarlo, a menor pujanza laboral y, por tanto, más subsidios. Es la destrucción de una sociedad.