Reynders, ruega por nosotros
«Ni aun estando en el ajo Vladímir Putin le preocupan a la Comisión Europea los enjuagues con delincuentes que haga Sánchez para hacerse con el Gobierno»
Ilustración de Alejandra Svriz.
No resulta fácil olvidar la ambigüedad con que los altos funcionarios comunitarios a la sazón despacharon la postura oficial de la Unión Europea ante el golpe en Cataluña en 2017. Ni es desatendible la dubitativa tibieza de la Comisión Europea a la hora de apoyar la actuación del Estado en Cataluña el 1-O del 2017, de respaldar en definitiva el Estado de Derecho en un país miembro. Tampoco se olvida que no faltara alguna declaración desmemoriada desde instancias comunitarias alimentando el bulo jurídico de que un territorio podía escindirse vía secesión de un Estado miembro sin salir necesariamente de la Unión Europea ni aún del euro. Que «no hay precedentes», fue lo más que opuso alguno a la campaña internacional de una Generalitat ya en abierto desempeño paradelincuencial de su «acción exterior». Se le olvidaba al funcionario comunitario un precedente de nada menos que 2.381.741 kilómetros cuadrados: la superficie escindida de Francia y excluida ipso facto del territorio de aplicación de los tratados en 1962. ¿O es que Argelia se quedó dentro de la entonces Comunidad Europea?
Traigo a colación aquellos ominosos episodios ante lo que considero hoy ya una escandalosa pérdida de neutralidad de las instituciones comunitarias, manifestada significativamente en el doble rasero que aplica la Comisión a la hora de evaluar y pronunciarse sobre el respeto a los principios democráticos y del Estado de derecho en los distintos Estados miembros.
Cada vez que en Hungría el Sr. Orban anuncia siquiera una reforma legal que pueda rozar la independencia del poder judicial en aquel país, a la Comisión Europea le falta tiempo para ejercer su función de rigurosa tutela de los principios democráticos y la separación de poderes: las amenazas de sanción llegan desde Bruselas con una puntualidad que ni la red ferroviaria suiza; máxime cuando esa amenaza para la democracia viene de un gobernante cuando menos empático con la geopolítica de Vladímir Putin.
Con idéntica celeridad y reflejos ha manifestado también la Comisión su preocupación por las eventuales injerencias de Putin en la campaña de las recientes elecciones en Eslovaquia, expresando sus cautelas incluso sobre la limpieza del proceso democrático que ha llevado al gobierno a Robert Fico, un populista de corte antiliberal y -lo tiene todo el hombre- especialmente crítico con la política exterior y de seguridad común de la UE.
Bien está este exacerbado celo de la Comisión en la fiscalización y control de la política interna de los Estados miembros cuando en ella se comprometen los principios democráticos. Como ciudadanos europeos, a los españoles nos debiera dar tranquilidad disfrutar de tan rigurosa tutela supranacional de los procedimientos democráticos incluso dentro de nuestro propio país. Así las cosas, vista la altura a la que está puesto el listón con Hungría y Eslovaquia, parece legítimo preguntarse si está muy preocupada la Comisión ante la próxima consumación por el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de la mayor arremetida contra el Estado de derecho en España desde 1981.
«¿No afecta a los principios democráticos de un Estado miembro la arbitraria concesión de una amnistía a unos criminales convictos?»
Porque a ver qué es si no pretender dejar sin efecto masivamente y por razones puramente políticas la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿No afecta a los principios democráticos de este Estado miembro la graciosa, despótica y arbitraria concesión de una amnistía penal a unos criminales convictos, encausados y prófugos a cambio hacerse con el poder en España? ¿Le inquieta mucho a la Sra. Von der Leyen que no pocos de los futuros amnistiados sean encausados por terrorismo y por proveer de conexiones al prófugo Puigdemont con Vladímir Putin buscando su apoyo al golpe de 2017?
Pues bien, resulta que la Comisión tiene aquí el listón más bien bajito. El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, pasó hace unas semanas por Madrid, y preguntado al respecto, dejó caer que considera que el asunto de la amnistía es una «competencia nacional». O lo que es lo mismo, que no le compete a la Comisión Europea. Pero en un alarde, no se sabe muy bien si de ignorancia o desinhibido desentendimiento, añadió tranquilizador «saben Uds. que nosotros en Europa estamos muy implicados en la lucha contra la corrupción», precisando en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que a lo que se refiere es a los delitos de malversación «que afecten a fondos europeos».
Acabáramos. Ni aun estando en el ajo Putin, esa kryptonita fosforescente ante cuya mera visión se activan todos los resortes de alerta comunitaria, le preocupan a la Comisión Europea los enjuagues con delincuentes que haga Sánchez para hacerse con el Gobierno de España. Pero podemos estar tranquilos, que en Europa están muy implicados en atajar la corrupción con los fondos europeos. Tan implicados están que, por ejemplo, no parecen darse mucha prisa en exigir que los Estados miembros publiquen el destino de los Fondos Next Generation, lo que en España en particular se ha vuelto casi un secreto de Estado.
Hace un tiempo, los constitucionalistas fiábamos la vigencia del Derecho en lo que a Cataluña respecta a lo que proveyera la trinidad formada por el Gobierno central, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Vaciadas de contenido con los indultos y la amnistía las resoluciones de esos tribunales y promoviendo el propio Gobierno la abrogación del ordenamiento jurídico, ya sólo nos quedaba invocar la tutela de la Unión Europea. Pero viendo la manga ancha de la Comisión con Pedro Sánchez, una vez descartadas las instancias de Madrid y Bruselas, como tiene dicho Félix Ovejero con amarga ironía, ya sólo nos resta encomendarnos a la Divina Providencia: Reynders, ruega por nosotros.
