Doce años de impunidad por siete votos
«La ley de amnistía es un ataque contra el Estado de derecho y la separación de poderes, que persigue exclusivamente un interés personal: el de Pedro Sanchez»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Durante tres meses, y especialmente en las últimas semanas, hemos estado escuchando evasivas sobre la ley de amnistía por parte de decenas de líderes socialistas, incluidos los que antes del 23-J habían asegurado que nunca jamás la amnistía para Puigdemont y los suyos.
Ocurría cuando todo o casi todo era perfectamente imaginable, cuando incluso se estaban manteniendo en secreto encuentros de Bruselas entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán, número tres del PSOE, para negociar el respaldo del prófugo de la justicia a la investidura de Pedro Sánchez.
Ahora tenemos ya un texto entre las manos. Las excusas se han acabado. Era lo que parecía que iba a ser: un ataque contra el Estado de derecho y la separación de poderes.
Esos dirigentes, en España y en Europa, tienen que pronunciarse sobre una ley que abarca actos ilícitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Doce años de impunidad. Y dentro de esa impunidad, todos los actos penales, administrativos o contables cometidos en relación directa o indirecta con los intentos de referéndum ilegales de 2014 y 2017.
Esta ley parte de una falacia, en mi opinión: la de que la amnistía persigue un fin de interés general porque supera un conflicto político y social.
«Si Sánchez no necesitase los votos de Puigdemont, no habría ‘interés general’»
La realidad es que la amnistía persigue exclusivamente un interés personal: el de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del Gobierno. Todo el mundo sabe que Sánchez promulga una amnistía que prometió no promulgar porque necesita ahora los votos de Puigdemont. Si no los necesitase, no habría «interés general». No habría amnistía, como no la hubo en la anterior legislatura.
Creo que no se puede de verdad hablar de superación del conflicto. El independentismo —y cualificados representantes de Junts lo han dicho públicamente en las últimas horas— no renuncia a la unilateralidad ni a la ruptura constitucional, ni asume la ilegitimidad de sus actos en 2017.
Y difícilmente puede ser un elemento superador del conflicto creado en toda España el hecho de que la amnistía suponga la anulación de las euroórdenes en el marco de la persecución del delito amnistiado. ¡Con todo lo que hemos luchado desde Bruselas, socialistas incluidos, para que Europa se tomara en serio la democracia española!
Sigamos. En el intento de justificar la constitucionalidad de la amnistía, se explica que la Constitución sólo prohíbe los indultos generales y que el constituyente no podía querer impedir las amnistías porque, de haberlo hecho, tendría que haberse derogado las de 1976 y 1977.
Ambos razonamientos son falaces. Si se prohíbe indultar de forma general delitos ya juzgados y sentenciados, difícilmente puede permitirse la amnistía, que implica la aplicación de la ley a delitos que ni siquiera han sido aún juzgados. Además, al dejar sin efecto las condenas ya existentes, la amnistía opera de facto como lo haría un indulto general.
Además. jurídicamente es un disparate alegar que la prohibición constitucional de la amnistía habría obligado a derogar las amnistías previas a la entrada en vigor de la Constitución: la propia Carta Magna prevé, en su artículo 9, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La prohibición a posteriori no podría haber revertido los efectos favorables de las amnistías previas.
«Los europeos van a saber que la ley implicará someter las decisiones judiciales a revisión parlamentaria»
Por estas razones, hemos enviado cartas de explicación de lo que está sucediendo en España a la Comisión Europea, al Consejo y a los Estados miembros, y haremos que se hable de ellos en el próximo pleno del Parlamento. En esas cartas describimos a nuestros socios europeos la envergadura de la crisis constitucional y política que estamos viviendo, la desestabilización de la sociedad y la degradación de los fundamentos del Estado de derecho que sufrimos.
Los europeos, justamente preocupados por esa degradación en países como Polonia y Hungría, van a saber que la ley implicará someter los procedimientos y decisiones judiciales a revisión parlamentaria, una evidencia flagrante de la independencia judicial y la separación de poderes. También, aunque esto ya lo saben, tomarán nota de la tensión que está provocando la decisión del Gobierno, tanto entre el colectivo de la justicia y el derecho como en el conjunto de la sociedad española.
Como señalaba el comisario de Justicia, Didier Reynders, en su carta al ministro de la Presidencia y a la ministra de Justicia del Gobierno español en funciones —carta groseramente respondida por Félix Bolaños—, la UE tiene la obligación de seguir muy de cerca este tipo de situaciones para salvaguardar los principios y valores fundacionales de la Unión y adoptar medidas de protección del Estado de derecho.
Exactamente lo contrario de lo que está haciendo Pedro Sánchez; cueste lo que cueste, está regalando 12 años de impunidad a cambio de siete votos. Un precio muy caro, que todos pagaremos, para seguir en La Moncloa.
