La trampa de la democracia

La afirmación de Pedro Sánchez en su investidura de que iba a ejercer la «dictadura del voto» por encima de la oposición y de las instituciones de contrapeso al Gobierno, solo puede parecer democrática a los incautos o a los sanchistas. Ben Ansell, politólogo británico, cuenta en Por qué fracasa la política (Península, 2023) lo que denomina con acierto «la trampa de la democracia», que viene al pelo para examinar el proceso al régimen iliberal que vivimos en España. 

El planteamiento inicial de Ansell es que las democracias liberales se caracterizan por atar corto a los Gobiernos para impedir que desarrollen nuevas normas que les perpetúen en el poder y que deslegitimen a la oposición. Esos sistemas se blindan a través de normas e instituciones que, además, atemperan la polarización política sobre la que se aupan los partidos con alma autoritaria o totalitaria. 

La «trampa» es creer que una victoria electoral o una suma parlamentaria es la voluntad del pueblo y que, en consecuencia, otorga a un partido o mayoría una patente de corso para hacer y deshacer un sistema político en beneficio propio. Es entonces cuando empiezan a desaparecer las normas e instituciones que fiscalizan al Gobierno que se atribuye esa voluntad popular. Esto es lo que está ocurriendo en España con Pedro Sánchez. 

La voluntad del pueblo, por otro lado, dice Ansell, no existe. Es una falacia considerar que la suma de opiniones contrarias, diversas y plurales, conforma una unanimidad. Solo hay mayorías y minorías, por eso la democracia liberal se fundamenta en evitar que las primeras pisoteen a las segundas, aunque tengan el respaldo de las urnas. Es una manera corriente de mantener los derechos individuales tanto como las condiciones para la alternancia en el poder. 

«La primera condición es que el partido del Gobierno colonice el poder judicial y la segunda, la polarización»

Si aplicamos este esquema a la actualidad de nuestro país no hay duda. Hoy en España está en peligro la democracia liberal por la amenaza del Ejecutivo al Judicial como garante de la igualdad y de la libertad, y por la deslegitimación gubernamental de todo lo que huela a derecha. No solo se diseña una España a dos velocidades en lo «territorial», sino una competición electoral a dos niveles. A un lado están los que tienen derecho a gobernar, que son la izquierda y los nacionalistas, y al otro los que son repudiables, la derecha.

Hay dos condiciones para facilitar ese proceso de abandono de la democracia liberal. Lo vimos en la Hungría de Orban, en la Polonia de Kaczyński, y en la Turquía de Erdogán. Ahora toca en la España de Sánchez. La primera condición es que el partido del Gobierno colonice el poder Judicial, o que se use la ley para anularlo. De ahí que la amnistía a los golpistas de 2017 sea un golpe a la democracia. La segunda condición es la polarización, porque la crispación en trincheras justifica el apartamiento de la oposición, a la que se culpa de las críticas airadas que provoca el Gobierno. Ojo porque ese caos puede ser falso; es decir, un relato forjado sobre un lenguaje violento que retuerce los acontecimientos o miente. A estas dos cosas se ha dedicado Sánchez desde 2018. 

La polarización, escribe Ansell, es alejarse del consenso constitucional entre las grandes fuerzas que representan al país, y decidirse por la confrontación, ya sea cierta o imaginaria. El riesgo es que la polarización es un veneno que puede desbordarse y acabar con la democracia, esto es, con las condiciones para ejercer la libertad en igualdad y con la posibilidad de ganar las elecciones en condiciones equitativas. Y atención a su aplicación aquí: la polarización crea el derecho del ganador a quedarse con todo el sistema democrático.  Mala noticia: en la España de Sánchez vamos por este camino. 

El problema de descentrar la política y buscar los extremos es que al final se normaliza la polarización. De ahí, por ejemplo, el discurso extremista de Pedro Sánchez o Patxi López en la investidura, o las formas agresivas de Óscar Puente. Su retórica es extremista al negar la legitimidad de la oposición por pensar de otra manera, y por reiterar afirmaciones frentistas contra los ricos, la iglesia, etcétera. 

«En esta legislatura vamos a asistir al inicio del Estado plurinacional con derecho de autodeterminación»

¿Y el ciudadano? ¿Qué hace en un proceso de fin de la democracia liberal? ¿Es racional, emocional o no hay quien lo entienda? Ansell hace una afirmación muy interesante aplicable a los electores de las izquierdas. Es posible que los «progresistas» quieran vivir en democracia, pero es evidente que no están dispuestos a aceptar su consecuencia; es decir, a que gobierne la derecha. Esto hace que asuman con tranquilidad la negación de la separación de poderes, el pisoteo al poder judicial y al Estado de derecho, el desprecio a la Constitución, el derecho de autodeterminación, la deslegitimación de la oposición, o el abrazo a los golpistas con tal de que no gobierne el PP con o sin Vox. Ese conjunto que aceptan nada tiene que ver con la democracia liberal.

Este proceso de ruptura está actualmente en su ecuador. Comenzó en 2018. En esta legislatura vamos a asistir al borrado del artículo 2 de la Constitución, que es su pilar, y al inicio del Estado plurinacional con derecho de autodeterminación. Todo esto se hará en medio de una gran polarización política y con un enorme conflicto del Gobierno y el Congreso con las instituciones que fiscalizan su acción.

Este proyecto es sencillamente una quiebra del sistema democrático de 1978 para instaurar un régimen nuevo en beneficio del PSOE de Sánchez y de sus aliados. Es el fin de la democracia liberal para instaurar un régimen de partido. El objetivo no es una mejor convivencia democrática, sino asegurar el Gobierno de España al PSOE, y a los nacionalistas el de las autonomías para proseguir su camino independentista. Si aceptamos que esto se haga sin más por una mayoría de votos, como dijo Sánchez, será entonces cuando hayamos caído en la trampa.