'Lawfare': una guerra política contra la justicia

La historia de la humanidad es la de la lucha por la libertad, la del ciudadano frente al tirano. En los grandes pensadores clásicos ya aparece con fuerza la idea de que la desconfianza en la buena voluntad de los gobernantes y la consecución de estructuras de poder que imposibiliten el despotismo son garantía de la libertad frente a la opresión. Tanto es así que, muchos siglos antes de Montesquieu, la separación de las tres funciones del Estado como forma de limitar su poder ya había sido formulada por otros filósofos y pensadores. Es otra manifestación del famoso «divide y vencerás», esta vez referida al triunfo del individuo libre frente al soberano absoluto que acumula en su persona el poder de legislar, el de gobernar y el de enjuiciar.

Sobre la separación de poderes se cimenta el constitucionalismo democrático contemporáneo, en el que el poder judicial es el que asume un rol verdaderamente independiente. En ellos, la justicia es concebida como un poder invisible integrado por jueces y magistrados imparciales cuyas bocas pronuncian «las palabras de la ley».

Aunque no está entre las instituciones más populares, el poder judicial es garante de los derechos y libertades de todos los españoles y dique de contención frente a las arbitrariedades del poder, de ahí el empeño por quien lo detenta en manosearlo, intervenirlo y controlarlo. Y la estrategia para lograrlo pasa por el deterioro de su imagen ante la opinión pública aprovechando que, por razón de su posición, quienes imparten justicia no se pueden defender. Aquí es donde entra el tristemente célebre lawfare.

El término lawfare fue acuñado en 2001 por Charles Dunlap Jr., entonces general de la Fuerza Aérea estadounidense, que lo definió como «la estrategia de usar el Derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico». El populismo anticapitalista latinoamericano abrazó el concepto, pero retorció su significado, utilizándolo para referirse con él a la persecución política emprendida por la derecha neoliberal contra los proyectos políticos progresistas utilizando la vía judicial, convirtiendo a quienes imparten justicia en un instrumento para destruir al adversario que no pudo ser vencido en las urnas.

«Se pretende deslegitimar al poder judicial, presentándolo como un enemigo de la democracia popular»

El lawfare arrebata a los jueces su condición de garantes y los convierte en integrantes de una casta elitista y opresora, opuesta a la soberanía popular. Se pretende así deslegitimar al poder judicial, presentándolo como un enemigo de la democracia popular, como una fuerza reaccionaria que pretende atenazar al gobernante ungido por «la gente» para que no lleve a término sus políticas intervencionistas de expansión de lo público, contra la propiedad privada y el libre mercado.

En nuestro país, el lawfare lo introdujo la izquierda radical y fue adoptado por el independentismo, conscientes de que para conseguir subvertir la legalidad tenían que ganarle el pulso a quienes han asumido entre sus funciones la de garantizarla y aplicarla. Tras el 23 de julio ha pasado también a formar parte del argumentario socialista. Y no sólo para contentar a sus socios de Gobierno, sino porque en los planes del PSOE está asaltar la justicia y domesticarla para que no obstaculice el cambio de régimen en el que se han embarcado. Las comisiones parlamentarias para investigar el lawfare que se explicitan en el acuerdo de investidura son la única parte revelada de una agenda legislativa cuyo objetivo es controlar el Consejo General del Poder Judicial y dar un vuelco en la composición de muchas de las altas instancias judiciales españolas, tomando como modelo el actual Tribunal Constitucional: que la mayoría progresista del Congreso se traslade también a los tribunales para que sus sentencias dejen de incomodar al Gobierno de progreso.

Así que no se dejen engañar por los cantos de sirena que presentan a los adalides de la teoría del lawfare como portadores de una agenda regeneradora o democratizadora. No es más que una argucia a la que recurren quienes aspiran a desmantelar las instituciones constitucionales desde dentro, transitando así hacia la dictadura por caminos distintos a los del alzamiento revolucionario violento. No hay ninguna persecución por parte de los jueces contra determinados políticos, sino una guerra política declarada a la justicia. Y no les quepa duda de que la derrota del poder judicial será la de todos, porque sin interdicción de la arbitrariedad no es posible la libertad, sólo la indigna mansedumbre.