El lujo de desperdiciar los fondos europeos
«Con paro juvenil del 27,8% y una productividad que crece por debajo de la media europea, España apenas ha invertido el 63% de los 75.000 millones recibidos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El vertiginoso ritmo de los acontecimientos que a diario nos confirman la recesión democrática de España y el inquietante desguace de su Estado hace que pasen desapercibidos datos que ponen en evidencia la vulnerabilidad de su economía. A menudo como consecuencia de la inseguridad jurídica que introduce ese proceso. Del blindaje de la ley de amnistía dependía una inversión de 35.000 millones de euros en energías renovables que estuvo a punto de decaer por culpa de esa práctica abusiva del decreto ómnibus que ya es marca Moncloa: proponer varias cosas juntas en el mismo texto a modo de chantaje. Si no apruebas este engendro de iniciativas legales, serás culpable de que no se apliquen las medidas anticrisis para proteger a los más vulnerables. ¿Pero qué broma es esta?
Hace pocos días se conoció que España está a la cola de la UE en la ejecución de los fondos estructurales de inversión europeos para el periodo 2020-27. Con una tasa de paro juvenil del 27,8%, más del doble de la europea, una productividad que crece por debajo de la media europea desde hace años y una renta per cápita que no ha parado de retroceder desde 2006, apenas ha invertido el 63% de los 75.000 millones de euros recibidos a falta de un año para su ejecución.
¿Se puede permitir España el lujo de ser el socio que peor ejecuta ese dinero solidario? Son recursos que salen del llamado marco financiero plurianual (MFP), un mecanismo existente desde hace varias décadas y que define la hoja de ruta del presupuesto comunitario. Su objetivo: apoyar la cohesión económica, social y territorial de la UE. Se compone de varios fondos: el de desarrollo regional europeo, el social europeo, el de cohesión (que España dejó de recibir por superar su renta per cápita la media europea, pero al que ahora podría regresar tras descender en esa clasificación), el agrícola de desarrollo rural y el marítimo y de pesca. Es una asignación que se añade a los 140.000 millones de euros extraordinarios que nos fueron concedidos en el plan de Reconstrucción y Resiliencia que, en forma de fondos Next Generation, la mitad a fondo perdido, han ido llegando desde principios de 2021 para ayudar a la economía española a superar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Y ayudado después también a amortiguar el impacto de la crisis energética que provocó la invasión rusa de Ucrania. Ambas aportaciones suman la friolera de 215.000 millones de euros (más del 15% del PIB de 2022).
A diciembre de 2023 España había recibido 37.000 millones de euros de los fondos NextGen y ha solicitado el cuarto pago por valor de 10.000 millones más. Un desembolso vinculado al cumplimiento de varios objetivos que también se incluyeron en los reales decretos leyes ómnibus poniendo de nuevo en juego su recepción. Entre esos hitos está la reforma de las pensiones, la ley de mecenazgo o la Ley Crea y Crece y la de las startups para mejorar el emprendimiento. Estará aún por ver cómo se desplegarán esos fondos cuando lleguen. Hasta ahora, el 60% de los grandes receptores de esos recursos extraordinarios pertenecen al sector público. Un 39% apenas al privado.
El país debe apretar el acelerador si quiere gastar en el plazo de un año los cerca de 28.000 millones de euros que le restan de los fondos estructurales, por un lado, y los citados 10.000 millones que recibirá en breve si la negociación con Bruselas avanza como previsto. Mucho dinero para un país que independientemente del color del gobierno siempre se han gestionado los fondos de forma deficitaria. España tiene un historial consistentemente deficiente en el uso de los fondos estructurales a pesar de ser uno de los mayores receptores de estos desde su entrada en la UE. Son unos recursos que han servido para la transformación económica del país y para ayudarle a avanzar en la convergencia con sus socios.
«Hay países como Portugal que, a diferencia de España, ha sido capaz de invertir todo el dinero asignado»
Si la UE avanza en la ampliación hacia el Este como está previsto tras comprometerse a incorporar a Ucrania y Moldavia, nuestro país puede perder su condición de receptor y pasar a ser contribuyente neto de esos fondos estructurales. Y cabe preguntarse, ¿cuántos recursos se han desperdiciado en las últimas décadas?
España ha recibido siempre un volumen de ayudas que, en porcentaje del PIB, ha superado a las restantes grandes economías de la UE. En programas anteriores (2000-2006 y 2007-2013) percibió 40.000 millones de euros. Son las cifras del Banco de España. Se ejecutaron el 69% del total de esos fondos. En el periodo justo anterior al actual, 20014-2020, se calcula que ese porcentaje bajó al 57%. Ahora que Europa recupera una cierta estabilidad, tras capear la crisis de la pandemia y la energética, y que la restricción de la política monetaria ha
conseguido doblegar la inflación, aunque frenado el crecimiento, las inversiones que suponen esos recursos extraordinarios resultan vitales para poder amortiguar los efectos que tendrá en las economías el pacto alcanzado entre los países de la UE hace apenas un mes para regresar a las reglas de consolidación fiscal. Y que, en el caso de España, debido a sus elevados desequilibrios (déficit y deuda), va a requerir un esfuerzo de
restricción mayor.
Hay países como Portugal que han sido capaces de invertir todo el dinero asignado. Teniendo también un gobierno de izquierdas durante el mismo periodo. De media, los socios comunitarios se han gastado el 85% de una cantidad conjunta que en este último programa suma algo más de 740.000 millones de euros. 22 puntos por encima de España. ¿Qué falla en nuestras administraciones públicas para que consistentemente sean incapaces de gastar un dinero que cualquiera entiende vital para el progreso social y económico del país? Su reforma siempre pendiente es urgente. La buena gestión de esos fondos contribuiría a que España recuperara la senda de la convergencia perdida desde hace años. Pero es probable que, a falta de un gran pacto de Estado que permita
acometer esa reforma, perdamos este tren también.
