Los soberanistas nos quieren robar

Son tantas las cesiones que Sánchez está haciendo a los golpistas catalanes que unas empujan a las otras para ocupar un puesto en la primera línea de la actualidad. En esa competición hay una que últimamente ha quedado un poco rezagada, pero que estuvo presente en ese acuerdo secreto que firmaron el día 10 de enero en el Congreso y que fue el precio pagado a Junts para que permitiese la aprobación de al menos dos de los decretos leyes presentados.

Se trata de una vieja pretensión. La publicación de las llamadas balanzas fiscales. En realidad, constituye una petición instrumental porque se orienta a que, una vez amañados convenientemente los datos, el nacionalismo catalán pueda desarrollar toda su vis victimista. En la actual coyuntura esta reclamación es tan solo la antesala del verdadero objetivo: conseguir para la Generalitat catalana un estatus financiero similar al que tiene el País Vasco.

Con el concepto de balanza fiscal se refieren al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada comunidad autónoma contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos.

Desde el punto de vista teórico, las llamadas balanzas fiscales carecen de sentido. El concepto tiene un vicio de partida: en contra de lo que quieren indicar, no son las comunidades autónomas las que contribuyen con impuestos o reciben los bienes, sino los ciudadanos. La equidad no puede medirse en clave territorial, ha de hacerse en clave personal. La cuestión no es tanto si una comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y obtienen los mismos servicios. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.

El mal llamado déficit o superávit fiscal de una comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, a que las autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su llamada balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit.

«Las balanzas fiscales constituyen el arma favorita de los nacionalismos para practicar su política victimista»

Déficit o superávit no tienen ninguna significación salvo la de indicar que nos encontramos ante una comunidad rica y más próspera que el resto o, por el contrario, pobre y más deprimida. El concepto, sin embargo, se transforma en peligroso si se utiliza a modo de arma arrojadiza por unas autonomías contra otras, generalmente como instrumento por parte de las más acomodadas para combatir la política redistributiva interterritorial que, en el fondo, es la misma que la que se produce entre las personas.

El PSC insiste en el principio de «ordinalidad». Palabra que por cierto no existe en el diccionario. Es un intento de separarse algo del nacionalismo, pero no mucho, admitir la solidaridad ma non troppo. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva «no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia».

Si por condición relativa se entiende el orden establecido de las comunidades respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las comunidades que más contribuyan tengan que ser también las que más reciban, contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

Desde el punto de vista práctico, la elaboración de las balanzas fiscales está sometida a todo tipo de errores y -lo que quizá sea más grave- condicionada y necesitada de toda clase de suposiciones o de hipótesis que multiplican hasta el infinito las versiones posibles. Esta relatividad en su confección incrementa enormemente la peligrosidad, y su capacidad para ser utilizadas de forma sectaria. Constituye desde luego el arma favorita de los nacionalismos para practicar su política victimista.

«Con una hacienda pública centralizada no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos»

En una economía interrelacionada y con una hacienda pública -tal como debe ser- centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. Comenzando por los ingresos, la comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.

Los impuestos directos se imputan normalmente a la provincia en la que reside el contribuyente. Las sociedades, por tanto, ingresarán sus gravámenes en la comunidad donde tienen su domicilio fiscal, aun cuando tengan varios establecimientos permanentes (o incluso, como en el caso de las grandes empresas, que son las que más tributos han de pagar, infinidad de ellos) distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Serán, por consiguiente, Madrid y Barcelona las provincias que recibirán la mayor parte de la recaudación. Si en lugar de comunidades autónomas se tratase de países diferentes, la imputación sería muy distinta, ya que los establecimientos permanentes pagarían en el país en el que estuviesen situados.

No obstante, el error mayor en la imputación de los impuestos se produce en los indirectos, puesto que se recauda en el domicilio fiscal de la empresa o de los particulares que repercuten el gravamen, no donde reside el consumidor que es quien verdaderamente soporta la carga fiscal.

«Los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos ¿cómo se reparten entre las distintas autonomías?»

Los principales problemas a la hora de regionalizar ocurren, sin embargo, en las partidas de gastos. Es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la administración central. Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién.

Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias autonomías, ¿en qué proporción deben ser imputadas a ellas o a los puntos de origen y destino?; los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos ¿cómo se reparten entre las distintas autonomías?; ¿las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían atribuirse a estas?; los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la comunidad en la que están situados o repartirse entre todas ellas?; ¿cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública? El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter subjetivo y, en cierto modo, arbitrario.

Pero, aunque nos hubiésemos puesto de acuerdo sobre el método y los criterios de imputación -lo que ya es bastante difícil-, se cometería un gran número de errores. La mayoría de las partidas del gasto de la administración central se encuentran contabilizadas globalmente y resulta muy complicada su posterior regionalización. Por mucho que se exija a los distintos gestores ministeriales que intenten indicar qué parte del gasto afecta a cada una de las comunidades, el cúmulo de yerros y de equivocaciones será considerable, puesto que la estimación inevitablemente será muy burda.

Las posibilidades son numerosas, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones -excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria- se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan. En líneas generales y salvo algunas excepciones (País Vasco y Navarra), existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional.

«El nacionalismo catalán ha basado su victimismo en la elaboración de unas balanzas fiscales ‘sui generis'»

El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha comunidad.

O que se considere a la Comunidad Autónoma de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la administración central. O que la carga financiera del servicio de la deuda se impute a la comunidad a la que pertenecen los inversores que cobran los intereses. Los beneficiarios del endeudamiento público no son, lógicamente, los tenedores de los bonos que han invertido en ellos como podían haber invertido en cualquier otro tipo de títulos, sino la hacienda pública y, por consiguiente, todos los ciudadanos.

Parece bastante claro que el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio (que es el empleado por Eurostat en la regionalización de las cuentas de las administraciones públicas) consistente en atribuir cada partida a la comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.

La contestación dada por la ministra de Hacienda a la petición de los independentistas respecto a las balanzas fiscales es muy preocupante. Vino a decir que el Ministerio no las elaboraría, pero que facilitaría los datos para que la Generalitat pudiese confeccionarlas. No resulta difícil suponer con qué criterios y cuáles van a ser los resultados. Prepararán el camino para romper definitivamente la unidad de la hacienda española y la política redistributiva del Estado. ¿Tierra firme? No. Tierra quemada.