La vivienda, eje de la fractura social

En Mallorca, el malestar por el precio de la vivienda aumenta cada vez más, convirtiéndola en una sociedad dividida entre propietarios y no propietarios. Lógicamente, no se trata de un problema exclusivo de la isla –a pesar de que la escasez de territorio sea un agravante–, sino de todas aquellas ciudades que han pasado a ser «geografías de éxito». Hace unos años, el sociólogo francés Christophe Guilluy observó cómo el grueso de las oportunidades se concentra en unas pocas urbes o en una determinadas regiones: Londres y París, Ámsterdam y Nueva York, Shanghái y Singapur, Madrid y Milán… El reverso negativo de este proceso, conocido como «metropolización», no es sólo la desertificación de aquellas demarcaciones que han perdido el tren de la globalización –de la España vaciada a Ohio, por ejemplo–, sino el empobrecimiento paralelo que termina produciéndose en las propias ciudades de éxito.

No se trata tanto de señalar aquí una contradicción en apariencia carente de sentido, como de subrayar dinámicas en marcha. Estas regiones son más prósperas y ricas que nunca; sin embargo, a la vez surge una nueva brecha social que amenaza con cumplir aquella vieja advertencia que realizó George Orwell en su día acerca de que las clases medias se convertirían en el proletariado del futuro.

«Aquel que no sea ya propietario con dificultad podrá llegar a serlo en los lugares donde surgen las oportunidades»

Pero, sin necesidad de citas proféticas, la vivienda ya constituye uno de los grandes ejes del malestar social; quizás el que mejor explica la fractura de clase que se ha abierto en los países desarrollados durante estos últimos 25 años. La suma de dinero barato, una esclerotizada legislación urbanística, el alquiler turístico, la globalización, las dificultades asociadas al desahucio, la pesada inflación que afecta a los costes de mantenimiento, la escasez de un parque público de viviendas, etc., todo ello se ha traducido finalmente en una frontera casi infranqueable: aquel que no sea ya propietario –o heredero potencial de una propiedad– con dificultad podrá llegar a serlo en los lugares donde surgen las oportunidades.

Seguramente no haya política alguna más necesaria que la que logre domesticar la inflación inmobiliaria. Cualquier subida salarial o cualquier rebaja de impuestos palidecen ante el impacto del precio de la vivienda sobre las cuentas familiares. Se diría que, a lo largo de una vida, hay tres grandes frentes que asuelan la economía doméstica: la vivienda, en primer lugar; la educación, en segunda instancia; y la salud, ligada sobre todo a la vejez, por último. Una política social que se precie debería tener en cuenta a las tres de una forma decidida. Y, de estas, la más urgente es la vivienda.

«Pagamos la vivienda más cara de Europa en relación a nuestro salario»

Todo ello exige una intervención masiva y coordinada de las distintas administraciones, orientada –por un parte– a una mayor liberalización del suelo y de la edificación en altura, además de una simplificación del marasmo burocrático, a fin de que sea posible intensificar la construcción; y encaminada –por otra– hacia una protección más eficaz de los propietarios, para que se ponga en alquiler un mayor número de inmuebles. Más libertad, en pocas palabras; pero también unos presupuestos públicos que conviertan la vivienda protegida de alquiler en una infraestructura básica del Estado del bienestar.

Resulta absurdo disponer de una de las redes de alta velocidad ferroviaria más desarrolladas de Europa, con un coste económico altísimo o que se peatonice masivamente el centro de las ciudades, sin caer en la cuenta de que pagamos la vivienda más cara de Europa en relación a nuestro salario. Si queremos reforzar las clases medias y evitar que caigan en la proletarización no parece que haya otra solución que incidir en estos dos campos: tomar todas las medidas necesarias para incrementar la productividad y hacer lo mismo en lo que concierne a la vivienda, la educación y la salud.