Sánchez quiere una Administración Pública domesticada
«El ministro Escrivá quiere unos directivos de la Administración Pública que reciban y ejecuten ‘instrucciones directas’ de los políticos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En su irrefrenable deseo de hacerse dueño del Estado, Pedro Sánchez nos demuestra día a día que, efectivamente tal como en su día anunció desde la tribuna del Congreso de los Diputados, está dispuesto a ir a por todas. Por haberse explicitado de forma verbal, son ya conocidas sus intenciones de acabar con la independencia de los jueces, magistrados y tribunales, así como la de enterrar a los periodistas y medios de comunicación que no sean sumisos ante su poder. Pero junto a lo anterior y de manera más silenciosa el Gobierno ha iniciado ya el camino para cambiar a nuestra Administración y reconvertirla en una terminal política del Palacio de la Moncloa.
La evidencia se encuentra en la Orden del Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, TDF 379/2024, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de abril. La lectura de su preámbulo produce auténticos escalofríos. Es así porque tras declararse que el nuevo modelo de directivo público se debe orientar a garantizar que su «gestión profesional y desempeño estén sujetos a estándares de eficacia, eficiencia, responsabilidad y control de resultados …», poco después aclara que ha de entenderse por lo anterior afirmando que el directivo público debe actuar «de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de la capa política». Así, como suena. Ni más ni menos.
De manera que el ministro Escrivá y con él el Gobierno de Sánchez quieren unos directivos de la Administración Pública que reciban y ejecuten «instrucciones directas» de los políticos. Como vemos, no se trata de que éstos marquen los criterios generales para el funcionamiento de los servicios públicos, no. Tampoco de que los responsables políticos dicten instrucciones genéricas que deban observarse en el cumplimiento de su función por parte de los directivos de la Administración. Es más, mucho más: lo pretendido en la Orden ministerial reseñada es que los directivos de nuestra Administración Pública -hasta ahora, funcionarios de carrera- reciban instrucciones directas de sus jefes políticos denominados «capa política» en el preámbulo de la disposición.
La gravedad es mayúscula. Tanto como para afirmar que supone el fin de la profesionalidad en la Administración Pública española. Debe considerarse que, cumpliendo la instrucción directa política, los directivos presentes en la comisión de valoración que debe evaluar a los candidatos a la adjudicación de un contrato público deberán valorarles según la instrucción directa recibida. O que, en la resolución de un recurso de reposición el directivo de la Administración que ha de resolver deba hacerlo según la instrucción directa política que se le dé. O que tras una inspección de Hacienda realizada a un contribuyente el directivo de la Administración que debe adoptar el acuerdo de liquidación, deba dictarlo según la instrucción directa que haya recibido.
Además, desprofesionalizar -y, en consecuencia, politizar- de ese modo a nuestra Administración supone violentar lo previsto en la Constitución cuyo artículo 103.1 establece que: «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa … con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Poco espacio hay que dedicar a argumentar que escasas garantías hay respecto a que las instrucciones directas emanadas de la «capa política» -menos aún de la sanchista- vayan a ser siempre respetuosas con la objetividad, con la ley y con el Derecho.
«La Asociación de Inspectores de Hacienda ha manifestado su preocupación por la politización de la Administración»
Ante la gravedad de lo expuesto no es extraño que la Asociación de Inspectores de Hacienda haya reaccionado ayer mismo emitiendo un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el contenido de la Orden ministerial reseñada. Se expone en el comunicado que el modelo de directivo público diseñado por el Gobierno incumple los estándares mínimos fijados por la OCDE y camina en la senda de la politización de la Administración.
Prosigue su crítica la Asociación de Inspectores afirmando en su comunicado que, además de lo ya expuesto, la Orden prevé la cobertura del puesto de subdirector general por parte de personas que no tengan la condición de funcionario público y, todavía más, cuya selección para el puesto se base exclusivamente en una entrevista personal y en un cuestionario de autoevaluación. Sin duda, estas circunstancias atentan claramente contra los principios de mérito y capacidad que se consagran en el artículo 103.2 como requisitos para el acceso a la función pública.
No debo finalizar sin referirme al anexo que figura al término de la Orden en el que se refleja el «marco básico de competencias para personal directivo» de la Administración Pública para el ejercicio de las funciones directivas que, como va a poder observarse, no tiene desperdicio. En efecto, las competencias que debe tener el nuevo modelo de directivo público se estructuran en cinco categorías: Liderazgo transformador; Gestión estratégica de proyectos; Comunicación y relaciones interpersonales; Adaptabilidad y toma de decisiones; y Compromiso con el servicio público y ética profesional. Todas estarían muy bien si junto a ellas figurasen también los conocimientos técnicos demostrados y la experiencia profesional acumulada. Pero a lo que se ve, este Gobierno no quiere en la Administración directivos formados y expertos, no vaya a ser que por así serlo no se avengan a cumplir las «instrucciones directas» de la «capa política».
La verdad es que para lograr lo que quiere Sánchez sus vasallos podrían hacerlo más sencillo. Bastaba con que para ser directivo de la Administración se exigiera un certificado de asistencia a la serenata que le dieron sus fieles el sábado en que él dijo estar ocupado en la supuesta reflexión de los cinco días.
