Los siete hechos que demuestran que algo pasa en la Agencia Tributaria
«Es evidente la intención del Gobierno de utilizarla como instrumento político a su servicio quebrando la profesionalidad e independencia de sus actuaciones»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Cualquier observador externo que siga con cierto interés los avatares de nuestra Agencia Tributaria puede intuir que algo -y no baladí- está pasando en su interior y en su entorno más próximo.
1.- Hay que recordar que con motivo de la polémica creada por Sánchez y su Gobierno a costa de la decisión de Ferrovial de abordar una reestructuración societaria que provocó su cambio de residencia fiscal desde España hasta Países Bajos, los miembros del Consejo de Ministros se hartaron de amenazar, incluso por escrito, a los dirigentes del grupo empresarial con una futura actuación de la Agencia Tributaria que les negase la aplicación del régimen fiscal especial previsto para este tipo de operaciones. Fue una utilización de la institución groseramente amenazante y carente de procedencia alguna que provocó la vergüenza y el disgusto de sus profesionales.
2.- Conocimos después la intención del Gobierno de modificar radicalmente el sistema de acceso a los cuerpos de funcionarios del Estado -consecuentemente, también a los que trabajan en la Agencia Tributaria- para eliminar el actualmente vigente basado en el mérito y la capacidad, como ordena la Constitución, y sustituirlo por uno que pivote sobre un test ramplón con opciones de respuesta prediseñadas. Los profesionales más cualificados de la entidad, los Inspectores de Hacienda, alertaron del peligro que ello supone en orden a rebajar la cualificación profesional de los encargados de vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y a hacerles más permeables a la indebida influencia política cuando deban regularizar la situación de los contribuyentes.
3.- Supimos también posteriormente que, disgustada por la remisión al juez que investiga el caso Koldo de un informe elaborado por un inspector de Hacienda que contenía -contiene- información demoledora sobre la conducta de varios ministerios en el escándalo de las mascarilla, la ministra de Hacienda ordenó la fulminante destitución de la correspondiente delegada territorial de la AEAT y de su director de Inspección por haber canalizado la citada remisión.
4.- Más tarde, nos sorprendimos viendo en directo que la propia ministra Montero, superior jerárquica de la Agencia Tributaria, realizó ante las cámaras de las televisiones una filtración de los datos reservados de un contribuyente, hecho prohibido legalmente y por el que recurrentemente la entidad sanciona a los funcionarios que lo cometen. Pero más aún, contemplamos horrorizados que, simultáneamente a la ilegal filtración, la ministra utilizó los datos que estaba filtrando para atacar a una rival política cometiendo así otro grave ilícito pues la Ley General Tributaria prohíbe el uso de la información fiscal de un contribuyente para cualquiera de los fines que no contempla específicamente y, evidentemente, el ataque político no figura entre los admitidos.
«El cambio de residencia fiscal como el del hermano de Sánchez es ilegal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del IRPF»
5.- Hace dos o tres semanas se ha conocido el escandalazo que supone que el hermano del presidente Sánchez haya modificado su residencia fiscal en 2020 expatriándose a Portugal para evitar el pago de los impuestos españoles sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. El carácter escandaloso surge por un doble motivo. Primero, porque el cambio de residencia fiscal es ilegal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del IRPF. Segundo, porque pese a haberse realizado hace cuatro años, la Agencia Tributaria no ha corregido la ilegalidad -de haberlo hecho, David Sánchez hubiera tenido que volver a pagar los impuestos españoles que ilegalmente ha dejado de pagar-. Y eso, pese a que en la planificación de sus actuaciones el organismo tributario señala reiteradamente que la comprobación del carácter real o ficticio de las expatriaciones fiscales es uno de los objetivos prioritarios la lucha contra el fraude.
6.- Finalmente y según han denunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda, hace unos días el Gobierno ha aprobado una Orden que le permitirá llenar los puestos directivos de la Administración pública, también de la Agencia Tributaria, con personas que no sean funcionarios de carrera para así lograr que éstos apliquen las instrucciones directas que reciban de la «capa política». Aunque pueda parecer mentira, así se dice literalmente en el preámbulo de la disposición.
7.- Y junto a todo lo expuesto, pende sobre la Agencia Tributaria la reivindicación del independentismo catalán tendente a romper la institución para que su actual estructura territorial en Cataluña sea segregada del resto y pase a depender del Gobierno de la Generalidad. Esta posibilidad no desaparece en absoluto con el resultado electoral del domingo dado que la capacidad de chantaje a Sánchez en base a los diputados indepes presentes en el Congreso de los Diputados permanece intacta y la permeabilidad del chantajeado a dejarse chantajear sigue incólume.
«Apuestan por una agencia invadida por ‘no funcionarios’ sumisos ante las órdenes que reciban del poder político»
El conjunto de los hechos y proyectos relatados evidencia la decidida y perversa intención del Gobierno de utilizar a la Agencia Tributaria como instrumento político a su servicio quebrando de ese modo la profesionalidad de su organización y la independencia funcional de sus actuaciones. Ambos son atributos indispensables en cualquier Administración tributaria propia de un Estado democrático y homologable con la existente en los países de nuestro entorno lo que, a los hechos y proyectos hay que remitirse, al Gobierno de Sánchez no le gusta. Es obvio, ellos apuestan por una Agencia Tributaria doméstica y domesticada, invadida por no funcionarios sumisos ante las órdenes que reciban del poder político y, consecuentemente, agentes del sanchismo. Y que, además, en cualquier momento pueda ser utilizada como moneda de cambio para lograr sacar adelante una votación en el Parlamento.
En este escenario es harto comprensible el enfado y la preocupación del grupo de profesionales responsables de la dirección y gestión diaria de la Agencia Tributaria y así cabe interpretar las sucesivas llamadas de alarma que viene emitiendo la Asociación de Inspectores de Hacienda. En los últimos días he hablado con varios de mis colegas destinados en la AEAT y, según me manifiestan, nunca como hoy han visto peligrar la independencia con la que han de resolver las trascendentales cuestiones que conforman su función profesional.
Según me transmiten, consideran que de seguir la senda que ha iniciado el Gobierno la Agencia Tributaria puede constituirse en un peligro para la democracia, un órgano que se emplee para perseguir y castigar a los rivales y/o críticos con el Gobierno al tiempo que blanquee las conductas ilícitas de los que le sean próximos, sean la proximidad política, amistosa o familiar. Lo cierto es que hay ya evidencias clamorosas de este tipo de actuaciones por lo que bien haríamos los españoles tomándonos en serio el peligro que se avecina. Ellos, los inspectores, no están dispuestos a que así suceda sin denunciar públicamente cada nuevo paso que siga dando el Gobierno en su perverso proyecto. Es la sociedad española a la que le corresponde decidir si está o no dispuesta a consentirlo.
