Privatización de la política
«Los políticos tienden a refugiarse en la ideología como forma de distanciarse de la gestión minuciosa de los problemas que afectan a los ciudadanos»
Pedro Sánchez Castejón | Ilustración de Alejandra Svriz
La izquierda ha conseguido consagrar la idea de que la privatización de los servicios públicos es una perversión de la derecha, idea muy discutible desde el punto de vista del interés de los usuarios, pero se resiste con fiereza a reconocer otra privatización mucho más grave e injustificable, la que hace que los políticos se adueñen en exclusiva de la política arrebatándola al control ciudadano, a los electores y a las instituciones que han sido creadas para garantizar su carácter público, la democracia en suma.
La privatización de la política no es solo consecuencia de que en todas las organizaciones exista la tendencia a que unos pocos, uno solo en el extremo, lo controlen todo, sino que tiene raíces más específicas. La principal razón reside en que la política democrática tiende a colocar a los gobernantes en una situación de inestabilidad porque los electores no siempre consienten los plazos y las maneras con que los políticos abordan los asuntos que llevaron a los electores a otorgarles el poder.
Ante esta amenaza, la reacción de los políticos, casi instintiva, se produce de acuerdo con dos estrategias; por la primera, los políticos tienden a refugiarse en la ideología como forma de distanciarse de la gestión minuciosa de los problemas que afectan a los ciudadanos; por la segunda, los políticos justifican la dilación de los resultados en función de las dificultades técnicas que afectan al caso, es decir se afirma que se está, por ejemplo, tratando el problema de las pensiones o el del empleo juvenil, pero esa política se enmascara tras múltiples escaramuzas y tiende a desaparecer como tal del escrutinio público con la excusa de la complejidad y los tiempos.
Como la segunda estrategia tiende a ser agónica, en especial cuando se han prometido insensateces o puros imposibles, el político se ve obligado a acentuar el carácter ideológico de su actuación, lo que ahora suele denominarse el relato. La ventaja de cualquier relato, medianamente bien hecho, es que aparta la mirada de los espectadores de la realidad en que viven para instalarlos en un mundo de fantasía pasional. El afán de absoluto excusa siempre de los detalles porque, por ejemplo, si se está luchando contra el fascismo no tiene mucho sentido en reparar en lo que ha subido la cesta de la compra.
Cuando el político consigue que el público se fije más en lo que dice que en lo que hace, que considere antes sus magníficas y admirables intenciones que sus mediocres o inexistentes resultados, puede dar por superadas las dificultades de la ascensión a los cielos porque ha conseguido colocarse en órbita y su estabilidad deja de estar amenazada de manera habitual: ha alcanzado la condición augusta del poder.
«Se convierte a los líderes en ridículos ‘soberanos’ que pasan a ser los únicos protagonistas de cualquier política»
Los procesos de privatización de la política pasan por una fase de personalización en la que ya nadie discute que la política es lo que dicen los políticos y hasta se llega a pensar que hablar de problemas como la sequía o el paro podría ser una forma de negación de la política, de populismo incluso.
En estas circunstancias se convierte a los líderes en ridículos soberanos que pasan a ser los únicos protagonistas de cualquier política. Los medios de comunicación se centran en sus gestos, en sus viajes, en sus palabras y todos tendemos a olvidar que el sistema democrático ha elegido a ese político para que procure algo que está más allá de su ego, de su circunstancia personal.
Cuando estos procesos, como nos ocurre a los españoles de 2024, han tenido suficiente éxito se instala en la opinión pública un sentimiento complejo y, en parte, contradictorio. El contraste entre la inanidad de las políticas reales, por ejemplo, que seamos bastante más pobres, que el AVE tarde más en llegar a Sevilla que en 1992 o que las administraciones sean a la vez más complejas e ineficientes, u otros miles de experiencias negativas que cualquiera podría aducir, produce una sensación de crisis del sistema y desciende el aprecio por la democracia misma.
Al tiempo, se asiste, no sin asombro, a la gresca política, a que el gobierno y la oposición se empeñan en la deslegitimación mutua sin romper el cerco lamentable que aísla a la política partidista de los problemas reales. Es el momento en que los partidos no ven en los problemas algo que habría que resolver, lo que exigiría en muchas ocasiones acuerdos entre distintos, sino oportunidades para deteriorar al rival.
«Los políticos del arco liberal/conservador no caen en la cuenta de que se ven envueltos en una pugna cuyas reglas le son contrarias»
Todo esto ocurre, en proporciones que no es fácil exagerar, mientras los políticos del arco liberal/conservador no caen en la cuenta de que se ven envueltos en una pugna cuyas reglas le son contrarias. En la historia española, en la que no ha habido nunca una revolución liberal, muchos tienden a ver al Estado como un poder benefactor, como un ente que evita que los pocos muy ricos y los más poderosos abusen de manera inmisericorde de la multitud indefensa y bondadosa.
En este caldo de cultivo abundan los ciudadanos que no caen en la cuenta de que el Estado puede haber sido muy benéfico en algunos momentos y en que la izquierda puede haber contribuido en contados casos al progreso de la justicia y de la libertad, pero que, en conjunto, la confianza ilusa en el poder absoluto de los buenos y decentes izquierdistas sobre un Estado con poderes ilimitados ha tendido a producir muchos más monstruos que milagros.
Eso es lo que tiende a pasar cuando, por ejemplo, se produce más empleo público que privado, cuando cada vez más viven a costa del esfuerzo creador y productivo de cada vez menos. El Gobierno dice que la economía va como un cohete, pero es que se fija en los ingresos de Hacienda que han crecido con los impuestos y la inflación y se olvida de cómo crece la deuda que cada vez nos sale más gravosa y lo difícil que resulta a casi todo el mundo vivir con cierta holgura.
«Una sofocante selva legislativa ha logrado que se consuma una parte mollar del presupuesto sin la menor utilidad para el ciudadano»
¿Hay alguien que piense que el brutal incremento del gasto público haya producido un mejoramiento similar de los servicios ciudadanos? Tras ese crecimiento desmesurado hay un proceso de sindicalización del poder político que es puro clientelismo porque trata de conseguir la fidelidad del voto creando empleos ficticios con salarios oportunistas que no guardan ninguna relación defendible con lo que aportan al bienestar común, las más de las veces es puro castrismo disfrazado de política social. El crecimiento de los aparatos administrativos crea un enorme poder efectivo pero muy poco funcional que lleva a que algunos colectivos puedan vivir más para sí mismos y sus carreras que para el servicio público. En paralelo, una sofocante selva legislativa ha logrado que se consuma una parte mollar del presupuesto sin la menor utilidad para el ciudadano porque conduce a impedir en la práctica los beneficios que se prometían.
La ideologización es un valor de apariencia muy transparente, pero su función es ocultadora. Es una trampa tonta pero muy efectiva que consagra la privatización del poder en la medida en que impide la defensa del ciudadano frente a la enormidad de los aparatos. Cuando se permite que las instituciones de control del poder político sean maniatadas por la brutal intervención de los poderes ejecutivos bajo la protección de una ideología que justifica cualquier expansión del poder como un beneficio para el pueblo se entra en un proceso cada vez más difícil de combatir y de revertir, en especial si quienes debieran hacerlo caen estúpidamente en semejante extravío.
