Jurisprudencia sanchista

En España, da igual si las leyes no se aprueban; lo importante es anunciarlas (luego, aunque se aprueben, muchas no se cumplen, pero ese es otro debate). Este Gobierno ha convertido el BOE, que es una herramienta legislativa, en una herramienta propagandística. Lo explica muy bien Pablo de Lora en su estupendo Los derechos en broma, donde analiza varios ejemplos del Gobierno actual utilizando las «exposiciones de motivos» o preámbulos para hacer propaganda. (El culmen fue el BOE del 23 de abril de 2021, donde se decía: «Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso consistente y sistemático de desmantelamiento de las libertades…»).

Esta semana, miles de inquilinos han tenido una lección exprés de la jurisprudencia sanchista. El Gobierno aprobó un decreto ley sobre congelación de alquileres que llegó al BOE el domingo. En el preámbulo, se dice que «Nuestro país se encuentra inmerso en una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán». «El Banco Central Europeo prevé que la guerra tendrá un impacto importante en la inflación». Y más adelante: «Al igual que en el contexto del impacto de la guerra en Ucrania, es necesario activar medidas preventivas». Tras ocho años en el Gobierno, una subida descomunal de los precios y una absoluta desidia con el tema de la vivienda, el Gobierno ahora pone un parche jurídicamente endeble como manera «preventiva» (!) y ante la posible inflación de la guerra. El Gobierno no tiene nada que ver con la crisis de vivienda, dicen; es culpa de la guerra. Nos hacen el favor, además, de protegernos preventivamente. 

«La inseguridad jurídica es sobre todo grave cuando afecta a los ciudadanos»

A lo largo de la semana, muchos ciudadanos a los que les afectaba el decreto (aquellos inquilinos a los que se les acaba el alquiler este año) entraron en un proceso histérico de consultas a abogados, lecturas de leyes y cálculos y especulaciones varias. Los asesores jurídicos en TikTok e Instagram respondían preguntas y circulaban borradores donde se explicaba cómo solicitar al propietario la prórroga. No era un proceso burocrático convencional; era una carrera contrarreloj. No se sabía cuándo se votaría el decreto, que ya la oposición había anunciado derogar, y tampoco estaba claro qué pasaría si se tumbaba en el Congreso. El PSOE, además, había mostrado en el pasado su escepticismo con este tipo de medidas, que pensaba que eran inconstitucionales. Pero los socios del Gobierno aconsejaban en redes a los inquilinos que aprovecharan el periodo de vigencia del decreto antes de que se tumbara, como si fuera una yincana o los juegos del hambre. 

Es la ruleta jurídica del sanchismo, un peligroso juego que recuerda a los momentos más delirantes de la covid, cuando las leyes tenían siempre grados de interpretación y el Gobierno era ambiguo y el ciudadano hacía lo que podía con lo poco que sabía. Con la diferencia de que la pandemia fue una catástrofe inesperada y radicalmente novedosa, mientras que el problema de la vivienda se veía venir desde hace años. 

Cuando se habla de inseguridad jurídica, uno suele pensar en inversores: si no hay certezas y unas leyes transparentes, claras y garantistas, es muy difícil que alguien tome una decisión de inversión. Pero la inseguridad jurídica es sobre todo grave cuando afecta a los ciudadanos. El Gobierno sabía que esta ley se derogaría, pero la ha sacado para simular que le preocupa el tema, culpar a quienes la tumben en el Congreso de estar en contra de la justicia social y, ya de paso, quemar a Sumar, su principal defensor. Mientras, el problema persiste y seguirá empeorando: como escribía el economista Jon González en X, «El gap de los últimos ocho años entre el crecimiento del salario y el precio de la vivienda es del 34%».