¿Cómo les fue a los hermanos de Noelia?
«Mientras se debate la eutanasia, urge mirar atrás y exigir más luz sobre cómo se deciden esas separaciones que cambian trayectorias enteras»

Noelia Castillo Ramos durante una entrevista en Antena 3.
El jueves se le practicó la eutanasia a Noelia Castillo Ramos, una barcelonesa de 25 años, en un centro sociosanitario de Cataluña tras una larga batalla judicial. Su historia, que tanto nos ha conmocionado, no comienza con la agresión sexual múltiple que afirmó sufrir en el 2022 ni con el intento de suicidio que la dejó parcialmente (hay imágenes de ella subiendo escaleras) parapléjica y con un insoportable dolor crónico. Arranca mucho antes, en el 2015, cuando a los 13 años los servicios sociales de la Dgaia (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) se la llevan de su hogar familiar.
La decisión se basó en una evaluación de desamparo: una familia desestructurada, adicciones y problemas de salud mental de los padres, precariedad económica extrema y una falta de red de apoyo estable. Las imágenes que circulan —donde se la ve cuando, con gran resistencia de su madre y su abuela, la sacan de la casa donde vivía— corresponden a ese momento. Noelia ha descrito su infancia como llena de «baches y vacío», con veranos felices en casa de la abuela junto a su hermana Sheyla, pero también con inestabilidad constante. Sin embargo, falta transparencia pública sobre cómo se tomó exactamente la decisión. ¿Se agotaron todas las medidas de preservación familiar? ¿Se valoró el riesgo real frente al trauma del desarraigo?
El caso plantea preguntas incómodas: ¿fue esa intervención un acto de protección necesario o el inicio de una cadena de vulnerabilidades? Además de sus padres, hay referencias a «hermanos» y a «otra hermana», pero no hay detalles públicos sobre las edades exactas. Noelia, en las entrevistas, menciona a una hermana, Sheyla, y a otra, al parecer mayor, Yoli. Pero solo ella tuvo la atención de los servicios sociales. Es posible que Sheyla tuviera una edad o situación de custodia diferente, o que la red familiar (como esa abuela con la que afirmaba haber sido feliz) permitiera mantenerla fuera del sistema. Sin embargo, esta discriminación genera dudas razonables sobre la uniformidad de criterios cuando el riesgo familiar —adicciones, precariedad y desestructuración— parecía afectar al núcleo entero.
Cuando un niño o un adolescente es separado de su entorno, el pronóstico suele ser muy negativo. Los estudios internacionales son claros y preocupantes. Metaanálisis e investigaciones longitudinales (en EEUU y en Europa) muestran que la separación de menores de sus familias biológicas, cuando no es estrictamente necesaria, conlleva peores resultados a largo plazo en salud mental, educación, empleo y riesgo de sinhogarismo. Los niños en centros residenciales (como los de Cataluña) sufren más problemas conductuales, traumas adicionales y abusos que aquellos en acogimiento familiar o con apoyo intensivo en casa. Los programas de preservación familiar reducen las entradas en el sistema y mejoran el pronóstico. En España, con unos 52.000 menores protegidos, persisten críticas al exceso de residencialización y a la escasa inversión en prevención. El caso de Noelia no es aislado. En Cataluña y otras comunidades se han denunciado múltiples episodios de abusos en centros de menores. Uno, muy mediático, fue el del exmarido de Mónica Oltra (exvicepresidenta valenciana), condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales continuados a una menor tutelada en un centro de Valencia; la propia Oltra fue acusada de encubrimiento. También causaron alarma los sucedidos en Mallorca, con varias jóvenes prostituidas. Estos escándalos alimentan la percepción de que el sistema, a veces, prioriza la intervención burocrática sobre la protección real, autojustificando presupuestos y existencia con medidas drásticas mientras falla en la supervisión interna.
En fin: una infancia rota por una intervención cuyo rigor y proporcionalidad nunca se ha explicado públicamente. En un sistema de protección que, según las evidencias, genera a menudo más daño que alivio, y con una burocracia que, quizá con un exceso de soberbia institucional, marca vidas para siempre. Mientras se debate la eutanasia, urge mirar atrás y exigir más luz sobre cómo se deciden esas separaciones que cambian trayectorias enteras. Tiene que ser muy mala una familia biológica para que sea peor que esos centros.