Gobernar cuando pedimos lo imposible

Queremos mejores servicios sin pagar más impuestos. Queremos pensiones más altas con cotizaciones más bajas. Queremos vivienda asequible, pero sin construir en altura ni donde más se necesita. Lo queremos todo, pero sin costes visibles ni sacrificios explícitos. Ahí empieza el problema del liderazgo en España. Un político democrático no puede gobernar contra preferencias fuertes y casi unánimes: aquellas que una mayoría amplia sostiene con intensidad y castigaría si se vulneran. Pero tampoco recibe un mandato claro cuando perseguimos fines incompatibles o imponemos medios que dañan los fines que decimos perseguir.

No es una anomalía española. En democracia resulta racional que cada individuo se informe poco sobre política: su voto apenas cambia el resultado y el rendimiento privado de informarse es escaso. Pero en España, ese desentendimiento es algo mayor: mostramos menos interés por la política, participamos menos en actividades informativas y recurrimos más a canales pasivos de información que nuestros vecinos europeos. A escala individual, esa conducta es comprensible. A escala colectiva, vuelve más incoherente la demanda que trasladamos a la política. Y, aun así, las decisiones colectivas siguen siendo inevitables.

Surge entonces un margen de discrecionalidad: el espacio de decisión que queda abierto cuando nuestras preferencias son menos intensas, menos unánimes o están peor definidas. Dentro de ese margen, el político no inventa fines; elige medios, tiempos y prioridades. 

Ese margen no desaparece, pero se estrecha cuanto más contradictorio es el mandato democrático. Donde los ciudadanos se informan más y de forma más activa, atienden mejor a los costes y ordenan con mayor coherencia sus preferencias, gobernar se parece más a optimizar un objetivo sujeto a restricciones. 

Aquí, en cambio, donde nos informamos menos, nos desentendemos más de la política y toleramos mejor la incoherencia entre fines, medios y costes, gobernar consiste a menudo en administrar contradicciones. Si pedimos mejor sanidad con menos impuestos y sin que sea visible el coste, alguien ha de decidir de todos modos qué se sacrifica: espera, cobertura, inversión o deuda. La asignación de la escasez no desaparece: sigue siendo inevitable, pero se vuelve implícita. 

Por eso la cualificación importa más, no menos. No porque el gobernante disponga de mayor libertad, sino porque, cuando el mandato es confuso, alguien ha de decidir igualmente qué se sacrifica; y el sistema castiga a quien lo dice con claridad y premia a quien lo oculta, abriendo así la puerta a racionamientos opacos, a veces arbitrarios o interesados. 

La dificultad añadida es que nosotros mismos seleccionamos contra esa cualificación. Lo hacemos en dos pasos. Primero, en la urna, cuando premiamos más la afinidad que la capacidad de gobierno. Después, en el partido, cuando los aparatos aprenden de esa demanda y convierten la obediencia en criterio de ascenso. Así se estrecha todavía más el espacio por el que podría entrar el político capaz. 

Cuando elegimos a nuestros representantes, pesamos relativamente más la afinidad que la capacidad. En España, los factores emocionales —ideología y ética— pesan un 34% y los racionales —programa, intereses y competencia— un 55%. En relación con los racionales, los motivos emocionales pesan un 62%, frente al 30% en los países vecinos. No votamos solo por emoción, pero sí demasiado por afinidad. Queremos ser representados por uno de los nuestros antes que por alguien especialmente apto para gobernar.

Ese sesgo de la demanda moldea la oferta. Si la afinidad rinde más que la cualificación, los partidos aprenden pronto qué perfil conviene promover. Un currículo sólido, la experiencia profesional o el criterio propio no solo pesan menos que la identificación simbólica y la disciplina de bando: a menudo cuentan en contra, porque elevan el coste interno del candidato para la organización. El partido no corrige así la mala selección inicial. Aprende de ella. Con el tiempo, la discusión interna se vuelve costosa, el criterio propio parece deslealtad y la obediencia pasa a ser criterio de ascenso. 

Además, el político preparado suele tener mejores alternativas fuera de la política, tolera peor la subordinación personal y soporta peor la incoherencia entre políticas y entre tiempos. Es más difícil de integrar, disciplinar y retener; el dócil resulta más previsible para el aparato. La mediocridad no necesita ser querida; basta con que sea funcional.

Hay otra paradoja. La cualificación puede dificultar la supervivencia en este entorno. El político capaz percibe mejor las contradicciones entre políticas y entre tiempos, y por eso le cuesta más convivir con ellas. El mediocre las advierte menos y las tolera mejor. En un sistema que vive de aplazar costes y simultanear promesas incompatibles, esa ceguera relativa puede incluso resultar adaptativa.

Al político lúcido le quedan tres tareas poco vistosas: elegir dónde intervenir, nombrar las renuncias inevitables y recomponer la relación entre beneficios y costes. Debe intervenir donde las preferencias sociales son menos firmes o están peor definidas; hacer explícitas las renuncias que ya existen aunque nadie las nombre, para que no reaparezcan como deuda, deterioro o arbitrariedad; y volver a unir beneficios y costes allí donde la discusión pública los separa. Su tarea no es prometer mejor. Es impedir que la escasez, inevitable, se asigne de forma opaca y que una contradicción pasajera entre en la ley o el presupuesto como si fuera sostenible.

El político lúcido ha de actuar en dos tiempos. En el corto plazo, ha de apurar el margen allí donde aún cabe corregir incentivos. A más largo plazo, ha de ensancharlo modificando la forma en que las instituciones conforman nuestras preferencias.

«A más largo plazo, el político lúcido solo puede ensanchar ese margen alterando gradualmente la conformación de nuestras preferencias»

El próximo Gobierno tendrá poco margen en materias dominadas por preferencias intensas y compromisos heredados, como pensiones o deuda. Donde sí conservará algún espacio será en terrenos menos visibles, pero decisivos, que fijan incentivos duraderos para Gobiernos y contribuyentes. Uno de ellos es la financiación autonómica. Ahí no se decidirá solo cuánto recibe cada comunidad. Se decidirá si algunas pueden seguir gastando sin responsabilizarse de recaudar, trasladando costes al conjunto y blindando clientelas, o si se refuerza un marco de corresponsabilidad y competencia fiscal capaz de contener ese sesgo. No es un pleito accesorio sobre repartos. Es una decisión sobre qué conductas premia el sistema.

A más largo plazo, el político lúcido solo puede ensanchar ese margen alterando gradualmente la conformación de nuestras preferencias. Ahí importa, sobre todo, hacer más visible el pago de impuestos. No por un escrúpulo contable, sino porque la opacidad fiscal nos deja pedir sin comparar. Retenciones poco percibidas, cotizaciones ocultas bajo la etiqueta «a cargo de la empresa» y precios con IVA incluido fragmentan el coste y debilitan su efecto político. Cuando el pago se vuelve visible, el ciudadano no solo sabe más: introduce casi automáticamente el coste de oportunidad, compara usos alternativos y le resulta más difícil sostener demandas incompatibles. Y, en un electorado que decide a menudo por afinidad, esa visibilidad vuelve también más tangible la pérdida y ayuda a quebrar la indulgencia con los propios. La razón sola no siempre basta; el coste ha de hacerse perceptible. La transparencia fiscal no elimina la contradicción, pero la vuelve menos cómoda y amplía, poco a poco, el margen para decisiones más consistentes. 

Nada de esto es tecnocracia, ni despotismo ilustrado. El político capaz no sustituye fines ciudadanos por los suyos. Actúa dentro del margen que dejan nuestras indefiniciones y procura que los medios no destruyan los fines declarados. Cuando la sociedad no aclara qué sacrificar, qué aplazar y quién debe pagar, la decisión no desaparece: se desplaza a procedimientos opacos, racionamientos implícitos o arbitrariedades interesadas. La cuestión no es si habrá discrecionalidad, sino quién la ejercerá: quien entiende las restricciones y las explicita, o quien se aprovecha de nuestra resistencia a reconocer costes y renuncias. En España sí hay margen para gobernar bien. Lo raro es que sigamos premiando más a quien oculta esas renuncias que a quien intenta apurar ese margen.