Pandemia para hoy, ruina para mañana

¿Más fuertes? ¡Ja! Más bien al contrario. La transmisión descontrolada de la COVID-19 en España pone otra vez en alto riesgo la salud de todos y hace inevitable que confinamientos como el inminente de Madrid se extiendan a otros territorios. La temida recaída de la actividad económica es ya una realidad, con todas su terribles consecuencias en el tejido empresarial y social y su negativo impacto en el endeudamiento nacional. Todo apunta a que nos acercamos inexorablemente al escenario más pesimista: una caída del PIB cercana al 13% en 2020 como contemplaba la peor de las previsiones del Banco de España y anticipaba el FMI. ¿Las razones? A diferencia de Italia, un país que ha sufrido tanto como España las consecuencias de la pandemia, en esta segunda ola de contagios nuestros gobernantes han sido incapaces de establecer los mecanismos de detección y rastreo clave para poder consolidar la mejora que experimentó la economía española desde julio a mediados de agosto. Al igual que la crisis del euro puso en evidencia los déficit en la arquitectura que debía respaldar a la moneda común, la estructura del Estado de las autonomías, un cuasi Estado federal sin serlo, se ha demostrado ineficaz para luchar contra tamaño desafío sanitario por faltarle los necesarios mecanismos de solidaridad y coordinación.

Pero en lugar de cerrar filas en un momento de emergencia nacional y buscar el máximo consenso, el Gobierno prefiere abrir nuevos frentes para ahondar en la división de la sociedad: en menos de una semana ha desafiado la autoridad del rey, deslegitimado la acción de los jueces y provocado a la mitad del arco parlamentario con su insólita premura en la tramitación de los indultos a los líderes independentistas que dejaron en el desamparo legal a más de la mitad de los catalanes al desentenderse de la Constitución y del Estatut el 6 y 7 de septiembre y convocar el referéndum del 1-O. El Gobierno de Sánchez parece dispuesto a dinamitar el consenso constitucionalista por un puñado de votos que le permitan sacar adelante sus presupuestos y asegurar la legislatura. Incluso a sabiendas de que el texto, por muchas concesiones que haga a sus socios, puede quedar en papel mojado sin el visto bueno de la Comisión Europea.

Y mientras todos andamos escandalizados (y distraídos) con los desplantes del Gobierno PSOE-UP a las instituciones, se acumulan los datos económicos que apuntan hacia el desastre. Se han destruido casi medio millón de empleos, de los que 350.000 han evitado engrosar las filas de parados gracias a los ERTE. Esta figura, cuya extensión ha sido negociada hace unos días, junto con las exoneraciones en el pago de la Seguridad Social, el aplazamiento de las cuotas de los autónomos o el decreto ley de mayo que ha permitido a las empresas al borde de la quiebra aplazar el concurso de acreedores, mantienen hoy a la economía española con respiración asistida. La gran pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta septiembre, el Estado ha desembolsado 22.000 millones de euros para financiar los ERTE (casi un 2% del PIB). El Gobierno prevé que la ampliación de las medidas hasta enero cueste 1.000 millones de euros más al mes a los contribuyentes. La UE había presupuestado una ayuda de 21.300 millones para esta partida. La diferencia pasa a engrosar la factura de la deuda nacional. Y suma y sigue…

Lo cierto es que muchas de estas medidas tienen además fecha de caducidad: los ERTE vencen en enero de 2021, lo que significa que las empresas asumirán de vuelta el pago de los salarios de sus trabajadores sin posibilidad de rescindirles el contrato aunque la coyuntura les sea adversa: si les despiden deberán devolver al Estado el importe de los ERTE y asumir además el pago de su indemnización. Lo que hace muy probable que, a falta de una nueva extensión de las ayudas, muchas de ellas, al no poder asumir ese desembolso, opten por el cierre de actividad y despidan a todos sus empleados sin posibilidad de ajustar la plantilla.

En el caso del decreto ley que sirvió para aplazar el concurso de acreedores (una suspensión de pagos que puede desembocar en el cierre de la empresa), este deja aplicarse en diciembre de este año. Cuando esto ocurra lo más probable es que haya una avalancha de demandas de liquidación de activos. Además de suponer un colapso en los juzgados, es probable que el proceso desemboque en el cierre de miles de negocios que se ha querido evitar hasta la fecha tras la desaparición de 133.000 empresas registrada entre marzo y mayo de este año. De ahí el decreto. Y por poner las cifras de mortandad empresarial en perspectiva: en los casi cinco años de la reciente crisis financiera de 2008 a 2013 desaparecieron 300.000 empresas. Lo cierto es que aun conteniendo la sangría, la hecatombe ocurrida en tiempo récord en los tres meses de confinamiento de este año ha reducido el número de empleadores en España a niveles de 2001, dos décadas de retroceso. Ahí es nada.

Otro capítulo preocupante es la evolución de la deuda pública. Hay servicios de estudios que ya la cifran en el 110% del PIB y no descartan que cierre el año cercana al 120% si la riqueza nacional sigue disminuyendo. El aumento del gasto social y otras ayudas a las empresas ha obligado al Gobierno a incrementar en 100.000 millones de euros las emisiones de deuda en 2020 (un 8% del PIB), un aumento a cuyo pago estarán obligadas las generaciones futuras.

La única esperanza es que cuando venzan estas medidas temporales de respiración asistida, que debían haber sido aprovechadas para controlar la pandemia y evitar esta nueva recaída, España esté preparada para empezar a recibir parte de los 140.000 millones de euros que se nos ha asignado en el reparto del fondo de rescate europeo, un acuerdo sin precedentes en la historia de la Unión. A falta del necesario consenso sobre las reformas y los planes de inversión que ha de presentar nuestro país, ahí va un dato no muy esperanzador sobre la capacidad del Estado para gestionar la ayuda europea: España solo ha ejecutado el 34% de lo asignado en los Fondos de Cohesión en el periodo de 2014 a 2020. Incluso en este año de tremenda necesidad. No parece que nuestras administraciones estén a la altura del tremendo desafío.

Lo lamentable es que de no estar preparada, España desperdiciaría una ocasión histórica para modernizar y transformar su economía. Siquiera solo por solidaridad con otros países miembros fiscalmente en apuros, el Gobierno tiene la responsabilidad de ganarse la credibilidad de los socios de la UE más escépticos, los frugales, que son también los acreedores, para conseguir que este acuerdo excepcional sea el primer pilar de una futura unión fiscal que establezca un mecanismo permanente de financiación común que sirva de estímulo fiscal y complemente la política monetaria. Vista la pésima gestión de la pandemia ola uno y dos, nada en nuestro caso indica que vayamos a saber aprovechar la oportunidad que se nos brinda.

Y para terminar, un indicador de la escasa confianza de la ciudadanía en la capacidad del Gobierno de enderezar la situación económica es el fuerte aumento del ahorro, que ha crecido un 31% hasta septiembre. Los españoles aun estando en apuros económicos prefieren ahorrar y no gastar por temor a lo que se avecina. Solo el tiempo nos dirá si tenían razón al ser tan precavidos. ¿Pandemia para hoy, ruina para mañana?