Los exconsellers presos denuncian ante el juez Llarena la “criminalización” del independentismo
El exconseller de Relaciones Internacionales Raül Romeva se ha proclamado «un demócrata» comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la «criminalización» del independentismo
El exconseller de Relaciones Internacionales Raül Romeva se ha proclamado «un demócrata» comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la «criminalización» del independentismo. Una denuncia similar a la expresada por el exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, quien considera que el proceso judicial sobre el procés está politizado. Por su parte, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha vuelto a pedir su libertad alegando el arraigo familiar.
Los tres exconsellers, que se encuentran en prisión preventiva, han acudido al Tribunal Supremo donde Llarena les ha informado sobre los motivos de su procesamiento por los presuntos delitos de rebelión y malversación. Una declaración indagatoria que comenzó el lunes con las comparecencias de Oriol Junqueras y los ‘Jordis’, que también denunciaron ser juzgados por sus ideas.
Romeva ha negado que el proceso independentista iniciado por el gobierno de la Generalitat cesado al amparo del artículo 155 tuviera expresiones de violencia, como afirma el juez en su auto de procesamiento, y ha criticado que se esté intentando criminalizar a quienes defienden la independencia como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido al que pertenece, informa Efe citando fuentes próximas a la defensa de Romeva.
El exconseller se ha declarado una persona de paz y ha asegurado que nunca ha estado ni estará de acuerdo con el uso de la violencia para conseguir fines políticos. En este sentido, ha lamentado el uso de la violencia “desproporcionada” por parte de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre, fecha del referéndum de autodeterminación.
Además, Romeva ha criticado que esté siendo investigado paralelamente por el juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O, quien la semana pasada ordenó registrar la sede del Diplocat -entidad de la Generalitat que dependía de su consellería- para seguir el rastro de los pagos a observadores internacionales del 1-O, lo que podría suponer un delito de malversación.
El exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, por su parte, ha acusado al juez de actuar movido por motivaciones políticas. «No estaríamos aquí juzgados si no hubiéramos ganado las elecciones», ha asegurado.
Rull ha reprochado a Llarena que si está en prisión preventiva es porque participó en la elaboración de documentos políticos que sirvieron como base del programa electoral independentista de 2015, porque participó en reuniones en las que se hablaba del proceso soberanista y por no dar permiso para que un buque policial atracara en el puerto de Palamós. Tres razones, «sin fundamento», ha precisado, según han informado fuentes cercanas a su defensa citadas por EFE.
En su alegato final, Rull ha cuestionado la «imparcialidad» del juez Llarena, a quien ha recriminado su «evolución» en función de los últimos acontecimientos políticos en Cataluña, y ha acusado de actuar por mandato del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Rull, ha puntualizado, continuará defendiendo sus ideas independentistas para que sus hijos puedan «vivir en un país donde no se persigan las ideas».
Joaquim Forn ha reiterado su petición de salir de prisión, algo que Llarena le ha negado hasta ahora. El exconseller ha alegado su arraigo personal para echar por tierra el argumento del riesgo de fuga y su anuncio de abandonar la política – el exconseller renunció a su escaño – para destacar la ausencia de reiteración delictiva.
