Los periodistas birmanos de Reuters pierden la apelación a su condena de siete años de cárcel

Los dos periodistas birmanos de Reuters que investigaban una masacre de musulmanes rohinyás a manos del ejército han sido condenados este viernes en apelación a siete años de prisión. Wa Lone y Kyaw Soe Oo han sido declarados culpables de violar la ley de secretos oficiales.

La condena podría avivar las tensiones entre Birmania y la comunidad internacional. Organizaciones como la ONU y la Unión Europea llevan meses pidiendo la liberación de ambos periodistas. Las autoridades birmanas tienen que «corregir esta injusticia» e indultar a los dos periodistas, ha declarado a la salida del tribunal el embajador de la Unión Europea en Birmania, Kristian Schmidt.

Por su parte, Aung Naing, juez del Tribunal Superior de Justicia de la región de Rangún, ha expresado que «el veredicto en primera instancia no fue incorrecto y estuvo de acuerdo con las leyes vigentes. El tribunal decidió rechazar la apelación«.

«Esta decisión muestra bien que la libertad de prensa está en peligro en Birmania», ha señalado Than Zaw Aung, abogado de los periodistas. Medios de comunicación de todo el mundo han defendido la inocencia de los periodistas. Es más, ambos fueros galardonados con el premio a Persona del Año que otorga la revista Time a quienes considera «guardianes» de la libertad de prensa en la guerra contra la información.

Ni Wa Lone ni Kyaw Soe Oo se encontraban en la sala cuando volvieron a ser declarados culpables de incumplir la ley de secretos de Estado, promulgada durante la época colonial. Según el tribunal, los periodistas de Reuters obtuvieron documentos relacionados con operaciones de las fuerzas de seguridad de Birmania en el Estado de Rakáin, al noroeste del país. Rakáin es conocida por los abusos del ejército a la minoría musulmana rohinyá.

El ejército ya ha reconocido una matanza a integrantes de esta minoría musulmana en septiembre de 2017, por la que siete militares fueron condenados a 10 años de cárcel. Sin embargo, los militares mantienen su poder en el país, el cual ostentan desde hace décadas.

A pesar de este veredicto, la defensa todavía podrá presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Todo apunta a que seguirán defendiendo que se les ha tendido una trampa. Este argumento a favor de los periodistas fue corroborado por un policía testigo del caso, que admitió que la reunión en la que se les entregaron los documentos fue una trampa para impedir que continuaran con la investigación sobre la masacre de rohinyás en Inn Din, al norte del país asiático.

Desde 2017, más de 700.000 rohinyás han huido de la región por las atrocidades cometidas por el ejército birmano y milicias budistas, y se han refugiado en precarios campamentos del país vecino, Bangladés. Los investigadores de la ONU reclaman una investigación por «genocidio» contra varios altos responsables militares.

Con respecto al caso, el Gobierno birmano siempre se ha mantenido en silencio, alegando que deben respetar la independencia de la justicia. La presidenta, Aung San Suu Kyi, que ha sido muy criticada por su mutismo frente al drama rohinyá, justificó el encarcelamiento tras la detención de los dos hombres no «porque eran periodistas» sino porque «habían infringido» la ley.