La Comunidad de Madrid detecta cerca de 200 nuevos contratos relacionados con el caso Púnica
La mayoría de los contratos están vinculados a obras en carreteras autonómicas. Algunos de ellos están relacionados directamente con Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), extinguida en 2011
La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la trama Púnica, que supuestamente sirvieron para financiar actos del PP de Madrid entre 2009 y 2013.
La Asamblea Unidas Podemos Izquierda Unida solicitó información sobre este tipo de contratos públicos en un escrito remitido al Gobierno regional, según han confirmado a Efe fuentes del propio grupo parlamentario.
En su respuesta, adelantada por la Cadena Ser, el Gobierno regional menciona cerca de 200 contratos con la cláusula del 1 %, un mecanismo que, presuntamente, obligaba a las compañías a las que se adjudicaban obras públicas a pagar el 1% del presupuesto de la obra en concepto de publicidad. Este dinero terminaba financiando actos electorales del Partido Popular de Esperanza Aguirre.
El Ejecutivo madrileño reconoce en su respuesta que «no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas» que contuvieran la cláusula del 1 %. Aunque no se den detalles de la cuantía de los contratos, fuentes de la investigación a la presunta financiación irregular del PP han asegurado a la SER que las partidas de infraestructuras y vivienda podrían triplicar los 3,07 millones de euros en desvío de fondos localizados en las privatizaciones sanitarias.
La mayoría de los contratos detectados están vinculados a obras en carreteras autonómicas. Además, algunos de ellos están relacionados directamente con la empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), que se extinguió en el año 2011. Hasta ahora, las adjudicaciones se habían limitado a contratos de construcción de hospitales y centros de salud.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, estimó en su momento que la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos, uno de ellos el de la cláusula del 1 %.
En el auto de imputación de Aguirre consta que la cláusula del 1% se introdujo en contratos de ocho consejerías, como la de Sanidad, y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008. Tras ser imputada el pasado septiembre, en octubre volcó, en su declaración ante la Audiencia Nacional, cualquier responsabilidad económica dentro del Partido Popular en el exgerente, Beltrán Gutiérrez.
