El Tribunal Supremo de EEUU autoriza las primeras ejecuciones federales en 17 años

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha allanado el camino para llevar a cabo las primeras ejecuciones federales en 17 años, anulando una decisión anterior de otro tribunal que las aplazaba. «Revocamos la orden preliminar de la Corte de Distrito y las ejecuciones podrán tener lugar como estaban previstas», ha indicado el Tribunal Supremo, en alusión a las ejecuciones de cuatro condenados a muerte que estaban planificadas.

Lo más importante: La sentencia contra Daniel Lewis Lee, de 47 años, un supremacista blanco condenado por asesinar a una familia de tres miembros en 1996, estaba prevista para el lunes en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana. Pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos para la inyección letal que se aplicará a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.

«No se sirve bien al público obviando un proceso judicial legítimo», ha afirmado la jueza. El departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y el Tribunal Supremo le dio la razón. Los detenidos «no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal», ha afirmado el máximo tribunal estadounidense.

Lee, originario de Yukon (Oklahoma), sería el primer preso federal ejecutado en Estados Unidos desde 2003. Desde la reinstauración de la pena capital en 1988, solo ha habido tres ejecuciones federales. Lee fue condenado en Arkansas en 1999 por asesinar a William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell.

Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, pidió clemencia al presidente, Donald Trump, pero el mandatario ha ignorado su petición. Además, los familiares de las víctimas pidieron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que puedan viajar con seguridad para presenciar el procedimiento. Alegaron que debían afrontar una «elección imposible» entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud.