El Parlament rechaza perseguir el islamismo radical porque lo propone Vox
David Zorrakino | Europa Press
«Que la Consejería de Interior ponga todos los medios a su alcance para luchar contra el islamismo radical y promueva la expulsión de los imanes salafistas», rezaba una de las 20 medidas en materia de seguridad ciudadana que registró Vox el pasado jueves en el Parlament de Cataluña. La propuesta fue rechazada con los votos del PSC, Podemos y los partidos independentistas. El motivo: el grupo que la presentaba. De las 346 proposiciones que se han llevado a la Cámara catalana en esta legislatura, 67 llevaban el sello de Vox. No ha sido aprobada ninguna por culpa del ‘cordón sanitario’ que padece.
En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en febrero, el partido de Santiago Abascal logró 11 diputados (de 135 posibles), convirtiéndose así en la cuarta fuerza parlamentaria. Los socialistas, que vencieron los comicios pero no consiguieron alcanzar el Gobierno, plantearon aislarlos. La propuesta fue secundada por los independentistas y En Comú Podem. El objetivo era impedir que difundieran unas ideas que, en su opinión, traspasan una línea roja.
Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament, sostiene que el veto comenzó el día de la investidura. Sus propuestas son rechazadas sistemáticamente desde entonces, por lo que tacha al resto de partidos de haber instalado un «color antidemocrático» en la Cámara. «El acuerdo fue ratificado por escrito. Es legal, pero políticamente me parece demasiado». El portavoz de Vox afirma que ellos han votado a favor de algunas propuestas de la CUP o Podemos. Entre ellas, las que tienen que ver con la mejora de los servicios sanitarios. En algunas ocasiones, incluso, han pedido votar sus puntos por separado, al estar de acuerdo solo parcialmente.
«Es algo que podían haber solicitado otros grupos», se lamenta Garriga. Es consciente de que estos no tenían por qué compartir la batería de medidas que presentaron el jueves, que entre otras cosas incluía convocar la Junta de Seguridad en Cataluña —que no se reúne desde 2018—, endurecer la legislación a quienes reincidan en los hurtos, ilegalizar las asociaciones que promuevan la ocupación ilegal, mejorar la dotación de los Mossos d’Esquadra, establecer un plan específico contra los botellones o elaborar un protocolo para combatir el incremento de cultivo y tráfico de marihuana.
Discurso del odio
La moción de Vox obtuvo 19 votos a favor (los de su grupo, PP y Ciudadanos) y 114 en contra (el resto de la Cámara). Muchos usuarios de Twitter afearon a estos partidos su decisión. La diputada Beatriz Silva, del PSC, reaccionó con un mensaje público: «Hay un acuerdo en contra de todas las iniciativas de Vox. No podemos legitimar el discurso de la extrema derecha. Es lo que se ha hecho en otros parlamentos, también en el europeo». Un tuitero le respondió: «Son cosas importantes que afectan a la ciudadanía. ¿No recuerda usted los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 (en los que murieron 16 personas)? Cataluña es un caldo de cultivo del yihadismo». Otro usuario sostenía que crear un cordón sanitario contra Vox suponía darles espacio: «Tienen que votar en contra de las propuestas que sean inasumibles, no contra cualquier propuesta».
«Vox ha llegado con un discurso del odio que vincula a la inmigración. Valoramos cómo hacer frente a la ultraderecha y seguimos algo que ya han hecho otros parlamentos: no darles eco. Si consideramos que realizan una iniciativa buena, la presentaremos nosotros para que salga adelante», explica Silva a THE OBJECTIVE. «Estamos encantados de que nos copien, pero me temo que no lo harán», responde Garriga. En su opinión, el veto que se realiza es asimétrico, porque se lleva a cabo con su formación, pero no con la CUP, pese a sus «consideraciones extremistas».
La diputada socialista reconoce que la CUP ha realizado ataques en el Parlament con los que no están de acuerdo, pero afirma que Vox tiene «un discurso fuera de la ley de manera sistemática». E insiste: «Dijeron en el pleno que los menores extranjeros eran violadores. Detrás de estas afirmaciones está la criminalización de todas la comunidad musulmana y no lo podemos permitir».
