Los afectados por el volcán de La Palma siguen esperando ayudas directas dos meses después
Si bien los vecinos afectados por el volcán están recibiendo ayudas indirectas, las autoridades aún no han desplegado las ayudas directas
Un vecino de La Palma observa la erupción del volcán.
La Palma entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Dos meses después, los afectados siguen sin recibir las ayudas directas prometidas por el Gobierno, que en este tiempo ha anunciado en varias ocasiones distintas líneas de financiación para minimizar el impacto de este desastre natural que arroja, por ahora, unos 7.000 desplazados en la isla canaria, 1.000 de los cuales han perdido su primera vivienda.
Si bien las ayudas directas están demorándose, lo cierto es que el Gobierno de España y el de Canarias han puesto en marcha varias líneas de las que indirectamente se benefician las personas afectadas, como las dos desaladoras —con coste total que ronda los 4 millones de euros— instaladas en Puerto Naos ante el riesgo de que las plantaciones plataneras se quedaran sin riego por la lava del volcán. También han comenzado a realojarse a quienes no tienen una solución habitacional en casas.
El Gobierno de Canarias también ha destinado 320.000 euros para la gestión de la atención social en los ayuntamientos de Tazacorte, El Paso y Los Llanos, a los que se sumarán otros 900.000 euros próximamente. Todo ello además de los 300.000 euros que ya se han invertido para ofrecer atención técnica, sociosanitaria y psicológica a los damnificados, según ha informado el Ejecutivo canario a Newtral.
El Gobierno de España, por su parte, concedió nueve días después de la erupción una ayuda directa al Ejecutivo canario por valor de 5,5 millones para la adquisición de viviendas y otra de 5 millones para comprar productos de primera necesidad. Ese mismo día, el Gobierno central anunció otro paquete de ayudas para la «reconstrucción de la isla de La Palma y paliar los daños» ocasionados por el volcán, así como beneficios fiscales y subvenciones para los afectados, tanto si son personas físicas como jurídicas en La Palma.
Entre esas ayudas, destaca la aprobación de un plan de empleo específico para La Palma de 63 millones de euros, aunque aún no ha comenzado a aplicarse. Por otro lado, el Gobierno de la nación también ha anunciado la solicitud de recursos al Fondo Solidaridad de la Unión Europea, pero igualmente en este caso habrá que esperar varios meses —si no años— para que comiencen a llegar las ayudas, que habrán de consignarse en los presupuestos comunitarios.
Esperando el Fondo de Solidaridad
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene hasta el 12 de diciembre para solicitar el Fondo de Solidaridad. Según apuntan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, en este momento las autoridades «están recopilando la información», que se completará «después», porque «los daños totales no se pueden evaluar todavía».
El Fondo de Solidaridad tiene la capacidad de inyectar un máximo 500 millones de euros anuales como complemento del gasto público del Estado en cuestión, tal y como recoge la Comisión Europea en su página web. Este mecanismo distingue entre dos posibles vías para acceder a la financiación: una para catástrofes graves a nivel estatal y otra para las catástrofes a nivel regional.
El Fondo de Solidaridad de la UE podrá emplearse en exclusiva para sufragar la reparación o reconstrucción de infraestructuras públicas
En el caso de La Palma, una isla ubicada en una región ultraperiférica, el daño debe superar el umbral del 1,5% del PIB de la región. Todo apunta a que no habrá problemas para acceder a estos fondos, ya que previsiblemente se cumplirá el requisito de que el daño supere el 1% del PIB de la región: a partir de los 450 millones de euros.
En el caso del volcán de Cumbre Vieja, esta categoría no puede aplicar, al no alcanzar los umbrales de repercusión a nivel nacional. Sin embargo, el FSUE también prevé actuaciones en casos de catástrofe natural regional cuando ésta produzca daños directos superiores al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de dicha región. Estas ayudas europeas podrán emplearse en exclusiva para sufragar la reparación o reconstrucción de infraestructuras públicas; en ningún caso podrán utilizarse con fines privados.
