PSOE y PP, ante la oportunidad de renovar el Poder Judicial y evitar el colapso del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este sábado tres años con el mandato caducado. Y aunque en público el Ejecutivo niega avance alguno en las negociaciones, PSOE y PP se adentran en un momento propicio para alcanzar un acuerdo que permitiría renovar el órgano de gobierno de los jueces y evitar la amenaza de colapso que mantiene en situación de alarma al Tribunal Supremo.

Fuentes cercanas a las negociaciones que lideran el ministro Félix Bolaños y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, aseguran a THE OBJECTIVE que en diciembre podría cerrarse un principio de acuerdo que se tendría que desarrollar a lo largo de enero. A pesar de que este viernes el Gobierno responsabilizó a Pablo Casado por la falta de avances en las negociaciones, los populares han flexibilizado sus posiciones. Además, se abre un período político más sosegado y de poca actividad parlamentaria que facilita el pacto antes de que los partidos entren en primavera en campaña electoral por culpa de Andalucía o Castilla y León, donde el adelanto está cada día más cerca.

El PP acepta que la renovación del CGPJ se realice bajo el modelo actual, pero con una serie de condiciones. Los 12 vocales judiciales y los ocho juristas de reconocido prestigio serían elegidos por el Parlamento. A cambio, la formación liderada por Casado pone como línea roja que la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el Congreso y Senado -se necesita doble lectura de las Cámaras- se haga en paralelo a los exámenes de idoneidad de los candidatos al CGPJ y que, al final, se voten de forma simultánea los nombramientos y la citada reforma de la LOPJ. Con esta premisa, sería dentro de cinco años cuando los jueces elegirían ya en exclusiva -y sin intromisión de los partidos políticos- a los 12 vocales judiciales del Consejo, como reclama Bruselas.

Los populares exigen al Gobierno, además, que ninguno de los nuevos vocales que se propongan ahora haya tenido pasado en la política, para evitar nombramientos como el del exministro de Justicia y magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Carlos Campo. El PSOE ha intentado incluir entre los ocho vocales juristas al juez del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, y a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell, pero la formación de Casado se ha opuesto a ambos nombramientos y los socialistas han trasladado de forma oficiosa que podrían renunciar a ambos en aras de un acuerdo.

Fuentes del CGPJ prefieren mantener cautela y recuerdan que ya en ocasiones anteriores, durante los últimos tres años, el acuerdo entre el PP y el PSOE parecía inminente y luego no se llegó a concretar

De aceptar la mano tendida del PP, el PSOE lograría que la renovación pactada se realice conforme al modelo actual y se ponga fin al bloqueo. Los populares, por su parte, conseguirían su objetivo de reformar la ley antes que los nombramientos -aunque fuese con unos minutos de diferencia- y se asegurarían que dentro de cinco años, cuando caduque el mandato de los nuevos vocales elegidos, sean los jueces quienes elijan por fin a sus vocales.

El anuncio del acuerdo entre PSOE y PP podría ser inminente, pero habrá que esperar al menos un mes para que se lleve a cabo: mientras se tramita la reforma de la LOPJ en el Congreso y el Senado, los ocho vocales juristas pactados por ambos partidos comparecerán ante la comisión de nombramientos de la Cámara Baja. Los 12 vocales jueces saldrán de la lista de 50 magistrados que el CGPJ envió al Congreso y al Senado en agosto de 2018. 

Fuentes del CGPJ prefieren mantener cautela y recuerdan que ya en ocasiones anteriores, durante los últimos tres años, el acuerdo entre el PP y el PSOE parecía inminente y luego no se llegó a concretar. Ponen como ejemplo que, tanto en enero de 2020 como en el verano del mismo año, el Consejo decidió interrumpir varios nombramientos que tenía previsto realizar para que fuesen los vocales entrantes quienes tomaran la decisión. Y finalmente no hubo acuerdo.

Dos mujeres, favoritas a suceder a Lesmes

Mientras tanto, los nombres de dos magistradas comienzan a cobrar fuerza en el ámbito judicial como principales favoritas a suceder a Carlos Lesmes en la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo.  Se trata de Pilar Teso y Ana Ferrer. Ambas son progresistas y tienen la misma edad, 61 años.

Teso es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2008. Antes había ejercido en el gabinete técnico del Alto Tribunal (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008), previo paso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es la magistrada ponente de dos recientes sentencias en las que se inadmitieron los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y en las que se criticó la politización de la Justicia por parte de los partidos de la oposición.

Ana Ferrer, por su parte, se convirtió en 2014 en la primera mujer en ejercer como magistrada en la Sala de lo Penal del alto tribunal. Antes había sido presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que cuenta con mucha experiencia en la gestión, según destacan fuentes jurídicas que la definen como una mujer de «talante abierto». Saltó al escenario mediático en los años noventa como instructora del caso Roldán y fue la única mujer en el tribunal que juzgó a los líderes del procés.

Objetivo: evitar el colapso del Supremo

Evitar el colapso del Tribunal Supremo ha sido una de las principales razones que han llevado al PSOE y el PP a avanzar en las negociaciones para renovar a los 20 vocales del CGPJ después de tres años de bloqueo, según las fuentes consultadas. El Alto Tribunal lanzó la voz de alarma a finales de octubre sobre la situación «insostenible» a la que se enfrentaría, en caso de que se prolongue la imposibilidad de cubrir las once plazas de magistrados que se encuentran vacantes (un 14% de su plantilla) por el bloqueo del CGPJ y la reforma impulsada por el Gobierno que impide que el Poder Judicial pueda hacer nombramientos mientras su mandato esté caducado. 

En un informe, el Supremo alertaba de que si se prolonga esta situación «va a implicar que se dicten aproximadamente 1.000 sentencias menos al año». El gabinete técnico del Alto Tribunal señalaba como «imprescindible» la pronta cobertura de las vacantes de magistrados «si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país». La situación es especialmente preocupante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde en estos momentos hay seis plazas vacantes (un 20% del total), que aumentarán a ocho durante el primer semestre de 2022 por la jubilación de los magistrados Segundo Menéndez y Rafael Fernández Valverde.