El Gobierno usa el Consejo de Ministros y el Congreso para hacer campaña por el 13-F

El Gobierno vuelve a hacer uso (y abuso) de las instituciones para hacer campaña electoral. El primer Ejecutivo multado por la Junta Electoral por utilizar La Moncloa para obtener réditos electorales en plena campaña ha optado en esta ocasión por la utilización de formas más sutiles pero igualmente efectivas. El Consejo de Ministros anticipó este martes la aprobación del procedimiento para descentralizar los órganos del Estado que beneficiará a la España vacía, en general, y a Castilla y León, en particular. 

Un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su primera intervención electoral en la contienda en Castilla y León el pasado sábado. Durante el mitin junto a su candidato socialista, Luis Tudanca, en Zamora, Sánchez, se comprometió a avanzar en «la necesaria descentralización de la administración para acercar al ciudadano, no al revés, y repartir el crecimiento y las oportunidades». Una promesa que acompañó el presidente de un anuncio por el que el PP le llevará ante la Junta Electoral Central: la declaración de interés de defensa nacional del cuartel de Montelareina, en la localidad zamorana de Toro, que conlleva una inversión de 20 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y atraerá a 4000 personas a la provincia en la lucha contra la despoblación. 

La ‘desconcentración localizada’

Una promesa electoral que hizo suya el candidato socialista Tudanca en el debate electoral del lunes cuando entonó una cantinela conocida: la defensa del mismo proceso de descentralización que focalizó en su región citando los siguientes proyectos: «El instituto de ciberseguridad en León, la ciudad de la energía en León, el centro de enfermedades raras en Burgos, el centro de investigación de la evolución humana en Burgos, el centro de datos de Soria y museo nacional de fotografía de Soria y el centro de competencias digitales de Renfe en Miranda de Ebro y el centro de Innovación de formación profesional en Segovia y el cuartel de Montelareina en Zamora».

Una selección de los proyectos de desconcentración localizados solo en Castilla y León que no extraña en el caso del candidato del PSOE a la Junta, si no fuera porque se trata de los mismos ejemplos que utilizaba este martes el Gobierno tras el Consejo de Ministros que dio luz verde a la iniciativa que acelera el Gobierno sin justificación aparente, al margen de la campaña.

Rodríguez y los «ejemplos de éxito»

Los «ejemplos de éxito» citados por su portavoz, Isabel Rodríguez: «Centro de tratamiento de denuncias informatizadas de la DGT en León, el centro de competencias digitales de Renfe en Miranda del Ebro, el cuartel de Montelarreina en Zamora, o el Museo estatal de enfermedades raras en Burgos». Todos ejemplos en Castilla y León, salvo uno con el que intentó disimular la estrategia: «La base logística del ejército en Córdoba». Ejemplos, todos estos, cuidadosa y localmente elegidos con los que el Gobierno y el PSOE comparten argumentario público en el inicio de la campaña electoral en Castilla y León. 

No obstante, en el Ejecutivo admiten que, si bien pisan ahora el acelerador por el inicio de la campaña castellanoleonesa, el proyecto aun tardará «unas semanas» en ser aprobado. Se trata solo del inicio de un procedimiento de descentralización del organismos estatales que solo afectará a los de nueva creación. El Consejo de Ministros alumbrará un Real Decreto que establecerá «diferentes baremos y criterios objetivos» por los que las comunidades autónomas y ayuntamientos podrán concurrir a la adjudicación del proyecto en cuestión en base a asuntos como la despoblación, el índice demográfico, la tasa de desempleo o la vinculación con el proyecto. En caso de conflicto, decidirá una comisión interministerial, no independiente, que decidirá a los agraciados. 

Las preguntas florero 

No obstante, este no es el único ejemplo de la utilización de las instituciones para obtener rédito electoral. Al Palacio de la Moncloa se le suma el Congreso de los Diputados, donde este miércoles el PSOE desplegará una estrategia electoral para reflotar a Luis Tudanca con cargo al Gobierno de la nación. 

Contra los usos y costumbres establecidos hasta la fecha, los socialistas recuperan su cupo para preguntar a los miembros del Ejecutivo con la única intención de que el Gobierno presuma de su gestión localizada en una sola parte del territorio español: Castilla y León. Hasta cuatro preguntas de diputados del PSOE que interpelarán a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Educación, Pilar Alegría. Una auténtica ‘ofensiva’ en la que los diputados socialistas cuestionarán a los ministros por cuestiones tan espinosas como: 

-El diputado socialista, José Luis Aceves, a Teresa Ribera: ¿Cuáles son las medidas previstas para frenar y reducir los procesos de despoblación en Castilla y León? 

-El diputado del PSOE, Manuel Arribas, a Escrivá: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las medidas de la nueva ley de pensiones y su impacto en la población de Castilla y León?

-La diputada Luz Martinez Seijo a Pilar Alegría: ¿Cuál es la inversión prevista del Ministerio de Educación para Castilla y León en el año 2022 y a qué programas irá destinada?

-El diputado del PSOE, David Serrada, a Félix Bolaños: ¿Cuál es la cantidad de inversiones y proyectos en Castilla y León con cargo a los Fondos Europeos?

Denuncias ante la JEC

Preguntas ‘florero’ que solo motivaron la indignación del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien denunció la «operación de marketing electoral y propaganda política» con cargo al erario público en beneficio del partido en el Gobierno. El PP denunció ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Junta Electoral Central (JEC) por convertir actos oficiales en mitines políticos como hizo, a juicio de la formación popular, en recientes actos sobre pensiones en Alcalá de Henares y en el mitin de Zamora en el que anunció que convertiría el cuartel de Monte la Reina en una de interés de Defensa nacional contraviniendo la ley Electoral. 

La polémica no es nueva en el Gobierno. En 2020, la JEC sancionó por primera vez a un presidente del Gobierno por conceder una entrevista a la Sexta en el complejo de La Moncloa en campaña electoral y a su entonces portavoz, Isabel Celaá, por utilizar la sala de prensa del complejo gubernamental para hablar en nombre del PSOE durante la contienda a las generales de 2019. Una sanción que en el caso del presidente Sánchez fue de 500 euros mientras que a su portavoz se le exigió una aportación de 2200 euros.