El colectivo trans apremia al Gobierno ante el «retraso injustificado» de la ley
Los activistas piden al Ejecutivo que tramite la norma ante «la amenaza de la ultraderecha» y denuncian que el número de agresiones ha aumentado un 40%
Colectivos trans durante la rueda de prensa en el Congreso. | The Objective
El colectivo trans se planta. Este martes ha denunciado el «retraso injustificado» de la aprobación de las leyes LGTBI y trans, pendientes de informes que deben emitir varios órganos consultivos para que el texto llegue al Congreso. Los activistas apremian al Gobierno a tramitar la norma ante «la amenaza de la ultraderecha» y denuncian que el número de agresiones ha aumentado un 40%. Fuentes de esos organismos afirman haber recibido órdenes para priorizar los informes.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI. El texto modifica una ley aprobada en 2007. Incluye la libre autodeterminación de género, lo que permite que cualquier persona puede cambiar de nombre y de sexo si muestra voluntad. La intención es que dejen de ser necesarios informes médicos y años de hormonación, algo que sucede ya en 16 países y a lo que aquí se opone parte del movimiento feminista.
La ley trans divide al Gobierno
La norma desarrollada por el Ministerio de Igualdad creó un cisma en la coalición de Gobierno. Provocó en julio la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo, contraria a que la norma incluyera la elección del género sin más requisito que la voluntad. La comunidad trans la acusó de estigmatizarles mientras que el departamento de Irene Montero reconocía que «apenas hay diferencias» entre ese borrador y la proposición de ley impulsada por el PSOE en 2019.
«Han pasado ocho meses desde que pasó por el Consejo de Ministros. Los informes se enviaron a los órganos consultivos en diciembre y deberían estar listos en 15 días, pero no lo están», ha denunciado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. En su opinión, no existe voluntad política. «Cualquier ley se tramita en dos meses. Es irresponsable», ha insistido en una rueda de prensa en la sala Clara Campoamor del Congreso, rodeada por parlamentarios de ERC, Podemos, Bildu, JuntsxCat, CUP, Más País, Compromís y Nueva Canarias.
El anteproyecto, al que hicieron aportaciones una veintena de organizaciones, se cerró en octubre con la contribución de comunidades autónomas y otros ministerios. Se envió en noviembre al Ministerio de Justicia, encargado de remitirlo al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para evaluarlo. Lo hizo en diciembre, pero de momento no hay respuesta. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el único organismo que ha concluido su informe es el Consejo Económico Social.
El colectivo trans denuncia que lleva 43 años esperando esta ley. Ahora, se teme, se está dejando morir la legislatura para no sacarla adelante, como ya ocurrió en la primera etapa de Pedro Sánchez. Han pedido varias reuniones con el PSOE, todas sin éxito. Temen que sea por un asunto de tacticismo electoral y la posibilidad de que Unidas Podemos pueda rentabilizar la ley. Este partido, socio el Ejecutivo, sí les ha recibido. También lo han hecho los representantes del Ministerio de Igualdad.
«La amenaza de la ultraderecha»
Cambrollé sostiene que la existencia de un gobierno progresista hace que este sea «el momento idóneo» para aprobar la ley trans. Le pide que deje de enarbolar banderas y se aplique en la legislación porque existe «un aumento de la violencia contra el colectivo LGTBI superior al 40% que se ceba especialmente con la juventud». No obstante, para ella el anteproyecto es insuficiente, pues se han recortado muchos asuntos que recogía la propuesta de ley específica.
La activista apremia a sacar adelante la normativa ante «la amenaza de la ultraderecha», que «viene recortando derechos». Además, reconoce que esta servirá para recuperar derechos fundamentales, proteger a la infancia y que el colectivo trans tenga un servicio sanitario que «nos respete y que no nos trate como enfermos mentales». Y ha insistido: «No puede haber igualdad si un grupo humano vive en desigualdad». Por eso, varios colectivos han salido en los últimos meses a la calle para protestar.
Natalia Aventín, presidenta de Euforia. Familias Trans-Aliadas, ha reconocido que tener que luchar para que se reconozca la identidad de los hijos «es terrible». «Dedicar tiempo a trabajar por un derecho fundamental es decepcionante. No se nos considera importantes y, además, se cuestiona a las familias», ha explicado. En opinión de Aventín, los discursos de odio y la falta de regulación están presentes en la sociedad hasta tal punto que traspasan las aulas. «Es una situación muy desagradable para los niños».
Los problemas se traducen en un aumento de agresiones contra la comunidad LGTBI y trans. Así lo ha denunciado durante la comparecencia Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio Contra la Homofobia en Cataluña. «Se está dando una transfobia no conocida hasta ahora», ha advertido. Solo en su región, insiste, han aumentado más de un 50% en el último año, por lo que «hay que parar este odio». Darko, presidente del colectivo No Binaries, ha lamentado que sigan siendo «invisibles» para el Estado.
«Hay una gran mayoría parlamentaria para sacar adelante la ley. Las Cortes tienen una oportunidad histórica. Debería ser el mayor hito de la legislatura», reconoce Eduardo Rubiño, parlamentario de Más Madrid en la Asamblea. En su opinión, hace falta una ley estatal porque las normas autonómicas solo regulan sobre competencias regionales. Aunque por el camino «se haya perdido parte de la ley original».
