Empleados de la Embajada y los consulados en Reino Unido denuncian a España ante el Parlamento Europeo

El personal laboral de la Embajada y los consulados en Reino Unido han anunciado su decisión de denunciar al Gobierno español ante el Parlamento Europeo ante la «precariedad» que sufren y por la que mantienen activa una huelga indefinida desde el pasado 14 de marzo. Además, los trabajadores denuncian que el Ejecutivo no ha adecuado su situación al marco europeo tras el Brexit, que regula los derechos de los empleados públicos.

En concreto, los trabajadores reivindican que se haga efectiva la equiparación salarial entre el personal laboral de la misma categoría, algo que denuncian que la Administración española no ha realizado, sino que aplica una doble escala salarial sin una razón objetiva que provoca que los empleados de nuevo ingreso cobren más que aquellos que han ocupado un puesto desde hace varios años.

Discriminados con respecto a otros compañeros

Además, los empleados llevarán a Bruselas la discriminación que aseguran sufrir con respecto a sus compañeros de la misma categoría en las oficinas de otros estados con las mismas funciones, ya que el Gobierno no cumple con la normativa europea vigente en materia laboral tras el Brexit.

Estas acusaciones provienen de la negativa del Ejecutivo a asumir que los empleados públicos están sujetos a la legislación del Estado que les emplea, es decir el español, y no a la británica, algo que reclaman que no se cumple en la inmensa mayoría de los casos.

Los trabajadores denuncian que los sistemas de Seguridad Social entre ambos países no son equiparables y la corrección del sistema de mínimos británico que cubre el sector privado «no está cubierto por la Administración española respecto a sus empleados públicos en el exterior, lo que supone una doble discriminación respecto a los trabajadores regulados por el sistema británico y respecto al resto de los empleados públicos de la Administración española».

Por ello y según explican, acuden a las altas instancias comunitarias para reclamar que se exija esta rectificación que, de mantenerse, ahondaría en la precariedad que sufren y que, según defienden, denotan el «desprecio» y el «desinterés» que el Gobierno español muestra sobre su caso.