Un alto cargo venezolano, citado como perjudicado por la red policial que investigaba a Podemos
Los agentes ofrecían influencias en la Administración a cambio de grandes sumas de dinero e información del partido morado
Irene Montero junto a Alberto Garzón. | Ricardo Rubio (Europa Press)
La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha llamado a declarar al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado como presunto perjudicado por una red policial que ofertaba supuestas influencias en la Administración central a cambio de enormes cantidades de dinero e información sobre el partido Podemos.
Así consta en una providencia firmada este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la magistrada Cristina Díaz Márquez ha fijado para el próximo 30 de junio la declaración de Ochoa Alvarado. Al hilo, la instructora ha acordado citar para ese mismo día a Carlos Aguilera, exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela.
En este procedimiento figuran como investigados 13 presuntos miembros de la red policial en el marco de las diligencias por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. También constan 30 empresas investigadas, aunque para estas aún no hay fecha fijada.
Podemos pide ejercer como acusación particular
En el marco de las diligencias, y según recoge la providencia, la juez ha considerado pertinente dar traslado a la Fiscalía del escrito por el que Podemos ha pedido ejercer la acusación particular en la causa al considerarse perjudicado de las actuaciones de la presunta red policial de estafa. Además, la magistrada ha solicitado a la formación ‘morada’ que concrete varias de las alegaciones que realizó en su escrito.
Según consta en la providencia, también está previsto que la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial realice un volcado de la información extraída por Asuntos Internos de la Policía Nacional de los dispositivos informáticos de uno de los abogados investigados en el procedimiento, el letrado José Martín Aliste.
La Brigada Antiblanqueo, en los informes a los que ha tenido acceso esta agencia, ha señalado que el papel desempeñado por Martín Aliste en la trama investigada consistió en «contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios» y «hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones» para que «lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad». Habría recibido «no menos» de 1,1 millones de euros.
Ofertaban influencias
De acuerdo a las pesquisas realizadas hasta ahora por las autoridades policiales, la red está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales —Sepblac— o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados, según los informes que obra en la causa y a los que tuvo acceso Europa Press.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red policial también estaban «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones».
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción aseguró en un informe redactado en 2020 que la red recibió «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas». Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado ‘caso PDVSA’.
Fuentes cercanas a la causa han explicado a esta agencia que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid. Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados «han sido variadas»: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. «Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito», señalaron los agentes.
La red policial habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de blanqueo; los últimos dos han sido extraditados a Estados Unidos
