La Justicia obliga a Interior a pagar a un cabo los pluses que le negó durante cuatro años
El TSJ de Andalucía da la razón a este agente que reclamaba a la Guardia Civil el cobro de complementos por desarrollar labores de jefe cuando no lo era
Marlaska preside el acto de conmemoración del 178º aniversario de la Guardia Civil | Europa Press
Nuevo varapalo al Ministerio del Interior. La Justicia ha dado la razón a un agente que reclamaba a la Dirección General de la Guardia Civil el cobro de distintos pluses por desarrollar funciones propias de comandante de puesto como jefe de unidad, cuando en realidad él era cabo 1º y no le correspondían tales tareas, en diversos periodos comprendidos entre agosto de 2012 y diciembre de 2018. El departamento dirigido por María Gámez se negó en todo momento a pagárselos aduciendo que no le correspondían. Y fue cuando el agente, de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), llevó su caso a los tribunales.
Ahora, cuatro años mas tarde, en una sentencia a la que ha tenido accedo THE OBJECTIVE, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido parcialmente el recurso contencioso-administrativo y reconoce el derecho del recurrente a percibir las «diferencias retributivas», en el caso del complemento singular, en los cuatro años anteriores a presentar su solicitud. Es decir, entre 2016 y 2019.
En la demanda, el guardia civil, representado por Silvia Domínguez (SDG Abogados), solicitaba el pago tanto del plus de singularidad como de productividad durante los años en los que había ejercido labores que, por rango policial, no les correspondían. Sin embargo, el TSJA no estima esta última petición porque, explica el tribunal, «la propia naturaleza del mismo impone una valoración subjetiva sobre la forma de realización del trabajo» y «a estos efectos no se concreta ni es suficiente la prueba sobre la pretendida discriminación».
«Disfunción» en la Guardia Civil
El Tribunal Superior de Andalucía ha fallado parcialmente en favor del agente tras tener en cuenta una sentencia, sobre un caso similar, que el Tribunal Supremo dicto en 19 de febrero de 2020. En la fallo, en el que los jueces desestimaban el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado, el tribunal hacía mención a «la jurisprudencia consolidada según la cual al funcionario que acredita la realización de funciones de un puesto de trabajo distinto al suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado».
En la sentencia, además, los magistrados critican este tipo de casos que, a su juicio, ponen de manifiesto «una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos». «Se trata cuanto menos de una disfunción, pero es un fenómeno que se ha dado en la medida suficiente para el Tribunal Supremo haya llegado a establecer esa doctrina».
Además, los jueces advierten que estas tipo de acciones «son una práctica imputable a la Administración», que «debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas del otro», concluyen.
Falta de agentes
La falta de agentes, sin embargo, es un problema que arrastra la Guardia Civil desde hace años. Este Cuerpo tiene sin cubrir 10.000 plazas en todo el país, según los datos que manejan las asociaciones profesionales. Según las estadísticas a las que ha tenido acceso este periódico, la Comunidad de Madrid (2.479) es la región que cuenta con mayor déficit de guardias civiles, en concreto casi una cuarta parte de puestos libres. Le sigue Andalucía, con 1.265 plazas vacantes, y Cataluña y País Vasco, con 886 y 681, respectivamente.
Por si fuera poco, la oferta de empleo público que aprobó a finales de mayo el Consejo de Ministros no suple ni siquiera el 25% de las vacantes que tiene la Guardia Civil. La convocatoria de 2.089 plazas para guardias civiles que anunció el Gobierno no cubrirá ni una cuarta parte del déficit de personal de la Benemérita. Todo ello, además, sin tener en cuenta que 415 puestos serán de promoción interna. Se trata de la oferta más baja de los últimos siete años: 1.671 plazas, 420 menos que en 2021.
Desde las asociaciones de Guardia Civil ven en este movimiento de Interior una «discriminación» contra sus agentes respecto a los del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). No solo porque, en su caso, la convocatoria no cubra ni el 25% de las plazas vacantes, sino porque, pese al déficit de personal sostenido que sufren, el Ministerio ha ofertado casi 1.000 plazas menos para la escala de cabos y guardias civiles.
