El CGPJ podrá boicotear el asalto de Sánchez al TC si bloquea la elección de magistrados
El plan del PSOE para forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional depende del apoyo de 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
La maniobra de Pedro Sánchez para forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC) puede toparse con un muro en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La proposición de ley registrada por el PSOE para lograr ese objetivo ha desatado la indignación entre varios vocales del órgano de gobierno de los jueces consultados por THE OBJECTIVE. Advierten que nadie puede obligarles a elegir a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar al CGPJ si no se alcanza quórum necesario para ello. Una situación que bloquearía las pretensiones del Ejecutivo.
El proyecto impulsado por el PSOE descarta tocar el resto de la reforma que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos para cubrir las vacantes que tienen al borde del colapso a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y otros órganos judiciales. Por esta razón, las fuentes consultadas consideran que la maniobra del Ejecutivo es un «disparate jurídico» y un nuevo intento de Moncloa para «prostituir las instituciones y ponerlas a sueldo del Gobierno».
«Si el Gobierno logra sacar adelante su proyecto en el Congreso, nosotros cumpliremos con la ley. Se convocará un pleno y se propondrán candidatos. Pero nadie puede obligarnos a que se alcance el quórum necesario para nombrar a los magistrados del TC que nos corresponde», explica a este diario uno de los vocales del CGPJ. Para ser elegido, cualquiera de los candidatos propuestos por el propio pleno del CGPJ necesitaría obtener mayoría cualificada de tres quintos de los integrantes del órgano de Gobierno de los jueces.
Es decir, cualquier aspirante necesitará un total de 12 votos favorables del Pleno del CGPJ para ser elegido. Si ninguno de los candidatos propuestos por el propio órgano de gobierno de los jueces alcanza esa cifra, el nombramiento de los dos magistrados del TC elegidos por el Gobierno quedaría paralizado. Tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde son 19 los vocales que participarían en la votación, además de su presidente, Carlos Lesmes
El Gobierno dependerá del CGPJ
Dos son las posibilidades de que esto ocurra. La primera sería que los vocales propongan muchos candidatos para dispersar el voto y que ninguno alcance los 12 votos. La segunda opción, en caso de que solo se propongan dos aspirantes, es que nueve de los vocales del CGPJ votasen en blanco. «No descarto que haya quien considere que los candidatos propuestos no son idóneos y vote en blanco», indica otro de los vocales consultados por este diario.
Ambos escenarios bloquearían las intenciones del Gobierno de forzar el vuelco progresista en el TC sin tener que pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el PP. El artículo 159.3 de la Constitución establece que los 12 magistrados del tribunal de garantías deben ser renovados por tercios (grupos de cuatro magistrados) cada tres años. Los dos magistrados nombrados por el Gobierno no podrían asumir el cargo hasta que el CGPJ nombre a los suyos. De ahí que el PSOE haya decidido registrar en el Congreso un proyecto de ley con el que pretende corregir la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos desde hace 15 meses.
Las fuentes recuerdan que no sería la primera vez que algún candidato a magistrado no obtiene el quórum necesario para ser nombrado por el pleno del CGPJ. Nunca ha ocurrido para los aspirantes al TC, pero sí en otros casos. Por ejemplo, en 2011, ninguno de los tres aspirantes a cubrir la vacante creada en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo obtuvo el quórum necesario para sustituir a Rafael Gimeno-Bayón.
Desde el pasado 12 de junio, hay cuatro magistrados del tribunal de garantías cuyo mandato ha caducado: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres conservadores y uno progresista. Como sucede cada nueve años, dos de sus sustitutos deben ser nombrados por designación directa del Gobierno y los otros dos, a propuesta del CGPJ.
«Sánchez quiere una suerte de dictadura institucional»
Con la Proposición de Ley Orgánica registrada este viernes en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo solo contempla permitir que el Poder Judicial nombre a los dos magistrados del TC que le corresponden por cuota, dejando al margen las 59 vacantes de jueces y magistrados sin cubrir en toda España entre Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional.
Las fuentes consultadas por este medio indican que la maniobra del Ejecutivo para justificar que el CGPJ solo pueda nombrar a los magistrados del TC es una «contradicción en sus propios términos y un disparate jurídico». «No se puede justificar una cosa y la contraria», indica un vocal del órgano de gobierno de los jueces.
«Quieren colonizar las instituciones que sirven de contrapeso al poder ejecutivo y legislativo. Sánchez no quiere ningún contrapeso sino una suerte de dictadura institucional, en la que pueda quitar o poner atribuciones al CGPJ según le convenga», añade otro.
Indignación en el Tribunal Supremo
La indignación también ha llegado al Tribunal Supremo y otros órganos judiciales que se encuentran en cuadro. «Me parece una maniobra muy censurable. Si ya era censurable la reforma para maniatar al CGPJ, más censurable es que se haga una reforma a esa reforma. Estamos ante un capítulo más del manifiesto deterioro de las instituciones por parte de las fuerzas parlamentarias», señala José Luis Requero, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Desde abril, esa sala del Alto Tribunal cuenta con solo 25 magistrados (el mínimo permitido por la ley), tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, y como consecuencia de la reforma del Gobierno que impide al CGPJ hacer nuevos nombramientos mientras se encuentre en funciones. La Sala Tercera está sufriendo retrasos y atascos debido a las plazas vacantes sin cubrir y también debido a la «avalancha» de reclamaciones patrimoniales contra el Estado por las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.
En total, 14 plazas de magistrados se encuentran vacantes en el Tribunal Supremo por esta situación. Y de aquí a final de año aumentarán a 17 por la jubilación del magistrado Octavio Herrero en la Sala Tercera y de otros dos integrantes de la Sala Cuarta. Entre ellos su presidenta, María Luisa Segoviano. Esto supone una disminución del 20% de las plazas de magistrados del Supremo.
Una situación que provocará, según datos del Alto Tribunal, que se dicten 1.000 sentencias menos al año. «Esto es una cuestión que afecta a toda la Justicia en general, y en particular al Tribunal Supremo. El proyecto del Gobierno, si sale adelante, supondrá un desprecio al Tribunal Supremo y a la ciudadanía. La Justicia no puede ser objeto de un tráfico de intereses políticos cruzados», añade el magistrado José Luis Requero en declaraciones a este diario.
