Los sindicatos de Ryanair convocan cinco meses de huelga, hasta el 7 de enero de 2023
La huelga constará de jornadas de paros de 24 horas, de lunes a jueves, semanalmente, hasta el día después de Reyes
Un avión de Ryanair. | Ints Kalnins (Reuters)
USO y Sitcpla, sindicatos que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair, tras consultar a los trabajadores, han convocado una nueva huelga en la aerolínea desde el próximo 8 de agosto y hasta el 7 de enero de 2023, ambos incluidos.
La nueva huelga consta de jornadas de paros de 24 horas, de lunes a jueves, semanalmente. Los sindicatos señalan que Ryanair «no ha mostrado el más mínimo intento de acercamiento» con ellos, sino que «ha manifestado públicamente su negativa a entablar cualquier diálogo con los representantes elegidos por sus tripulantes», según han indicado en una nota de prensa recogida por Europa Press.
Por ello, se han visto «obligados» a continuar con la huelga y convocar nuevas jornadas. Esta nueva convocatoria de huelga en Ryanair responde a las reivindicaciones de los trabajadores sobre la aplicación de los mínimos estatutarios de la legislación española en materia laboral y sindical a todos los tripulantes de cabina que prestan sus servicios en los aviones de Ryanair y en las diez bases españolas.
Esto se traduce en la aplicación de los derechos laborales básicos, que no pueden suponer objeto de negociación, tales como 22 días laborables de vacaciones anuales; 14 festivos legalmente establecidos; cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales; concesión de los derechos de guarda legal, concreción y reducción de jornada; el abono de los niveles salariales previos a pandemia, tal y como la Audiencia Nacional ya falló en sus sentencia; fin de la contratación de trabajadores a través de cesión ilegal de empleados, también condenado por la Audiencia Nacional, y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a huelga por parte de los trabajadores.
En segundo lugar, reclaman la readmisión inmediata de los once trabajadores despedidos durante las anteriores convocatorias de los meses de junio y julio por secundar la huelga, considerada un derecho constitucional. Y, en tercer lugar, exigen la paralización y archivo de todos los expedientes sancionadores abiertos a aproximadamente unos 100 trabajadores con motivo de los paros anteriores.
