El Consell de Puigdemont señala que el cese de Borràs abre otra brecha en el independentismo
Consideran que la decisión no respeta la presunción de inocencia de la expresidenta y piden revocarla
La expresidenta del Parlament, Laura Borràs. | David Zorrakino (Europa Press)
El Consell per la República (CxRep) —organismo que preside Carles Puigdemont desde Bélgica— ha criticado este martes la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament por parte de la Mesa, con los votos de PSC-Units, ERC y la CUP, y cree que evidencia «de nuevo la división profunda de los partidos políticos independentistas en el frente estratégico y antirepresivo».
En una declaración, ha avisado de que aplicar a Borràs el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé la suspensión inmediata de los diputados cuando se abra juicio oral, tiene «consecuencias graves porque no podrá votar y, en consecuencia, no podrá representar a sus electores».
«Es un error grave y un nuevo paso atrás en la defensa de los derechos fundamentales de los representantes independentistas, que debilita el proyecto compartido», ha destacado la entidad que preside Carles Puigdemont.
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Para el CxRep, el artículo 25.4 del reglamento del Parlament «favorece de facto la efectividad del ‘lawfare’ o guerra jurídica», y considera que ello es la principal estrategia del Estado para combatir el movimiento independentista y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Es más, considera que este artículo es «incompatible con la democracia y los derechos fundamentales, ya que se basa en el abuso del derecho positivo y de los procedimientos para conseguir finalidades políticas ilegítimas, por lo que es el contrario de la búsqueda de la justicia».
Tras avisar de que no aprecian que pueda haber un cambio de ciclo, añaden que «ninguno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno en la mesa de diálogo no señala un compromiso sólido y real para poner fin a la represión».
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También advierten de que recurrir «a la corrupción para combatir a los adversarios políticos es una estrategia bien conocida en contextos de ‘lawfare’», y aseguran que los delitos de prevaricación y falsedad documental que imputan a Borràs no se corresponden con la definición de corrupción según los standards internacionales.
Además, creen que el artículo 25.4 del reglamento es «dudosamente compatible» con los derechos humanos políticos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«Una disposición reglamentaria es automáticamente inválida si contradice el régimen internacional de protección de los derechos humanos», sostiene el CxRep, que constata que la doctrina y jurisprudencia en el derecho internacional de los derechos humanos exigen un respeto especial para la presunción de inocencia.
Esta cuestión, añaden, les impide avalar que una mayoría parlamentaria pueda suspender a un electo «sin pruebas concluyentes, como una sentencia judicial condenatoria».
