El TC concluye que la Justicia protegió al fiscal Grinda de manera «manifiestamente infundada»

Los juzgados de Jaén denegaron «de manera manifiestamente infundada e irrazonable» las actuaciones practicadas durante la investigación contra el fiscal anticorrupción José Grinda por un delito contra la intimidad sexual de una menor. Así lo señala el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia por la que ha dado amparo a Miriam Serrano, la joven que denunció al miembro del Ministerio Público en 2009, cuando tenía 15 años. Al intentar reabrir el caso una década después para emprender acciones civiles, el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real y la Audiencia Provincial de Jaén se opusieron a darle acceso al expediente completo del caso para proteger el derecho al honor del fiscal y porque la joven no se había personado como acusación durante la investigación por la que Grinda quedó finalmente exonerado.

El tribunal de garantías considera que ambas instancias judiciales vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la joven, protegido por el artículo 24.1 de la Constitución Española, al negarle el acceso a las actuaciones judiciales del caso sin razonar de forma suficiente «el quebranto» que esto podría causar a la intimidad, el honor y la propia imagen del que fuera en su momento investigado. En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el TC subraya que la decisión «resulta aún más rechazable» si se considera que a Miriam Serrano nunca «le fueron notificados personalmente los autos de archivo (provisional y definitivo) de la causa».

«Las resoluciones judiciales impugnadas en amparo no satisfacen el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto, de manera manifiestamente infundada e irrazonable, deniegan a la recurrente el acceso a las actuaciones judiciales en su integridad por no ostentar la condición de parte en el proceso final», indica la sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo.

Sentará jurisprudencia

En una decisión que sentará jurisprudencia, la Sala Segunda del tribunal de garantías considera que «la omisión de notificación a los perjudicados de la resolución judicial que declare la conclusión del proceso penal no puede impedir el ejercicio ulterior por estos de la acción de responsabilidad civil ex delicto en un proceso civil ulterior, pues de otro modo resultaría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva». Además, la sentencia arremete contra «el déficit argumental» de las resoluciones por las que se le denegó a Miriam Serrano el acceso a las actuaciones del caso.

Además de reconocer la vulneración del derecho a la tutela efectiva de Miriam Serrano y estimar su amparo, el TC ha declarado nulos los autos por los que los juzgados de Jaén le denegaron el acceso a su expendiente. Asimismo, se ordena retrotraer las actuaciones para que el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real «dicte una nueva resolución respetuosa del derecho fundamental de la recurrente». La titular del juzgado deberá cambiar el sentido de su decisión y dar acceso a la denunciante al expediente del caso o, por el contrario, mantener su decisión, pero razonando debidamente los motivos.

Caso archivado en 2017

Los hechos se remontan al año 2009. La madre de la chica, que entonces tenía 15 años, denunció ante la Guardia Civil que su hija «había establecido contacto con una persona por Internet, a través de Messenger, quien por medio de una cámara le había mostrado vídeos de contenido pornográfico y le había pedido que se desnudara». La identidad del individuo era desconocida en el momento de la denuncia, pero uno de los vídeos incorporados en la causa mostraba su cara, de acuerdo a un atestado de la Guardia Civil de febrero de 2009.

El juzgado de Alcalá la Real inició diligencias previas. La Fiscalía se opuso a procesar a Grinda «al no estar debidamente acreditada la comisión de los hechos denunciados» como consecuencia del «desconocimiento de la edad de la víctima por parte del investigado». El caso fue sobreseído provisionalmente en 2013 por ese motivo y terminó siendo archivado de forma definitiva en 2017 al considerarse prescrito el delito. El fiscal quedó exonerado.

Cuando la joven intentó reabrir el caso, la Audiencia Provincial de Jaén y el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real le denegaron el acceso al expediente completo de la investigación contra el fiscal. En un escrito, el Ministerio Público argumentó que existían «riesgos» de que las copias de las actuaciones terminasen siendo divulgadas «con el propósito» de lesionar «la dignidad» del fiscal por unos hechos de los que había sido exonerado.

La versión del fiscal

Los jueces dieron la razón a la Fiscalía y el expediente del caso se ha mantenido en secreto, pero ahora el Tribunal Constitucional ha fallado en el sentido contrario. En su recurso de amparo, la joven denunciaba que había sido vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución), y que por tanto se encuentra en una situación de indefensión. La Fiscalía del TC se había posicionado a favor de estimar el recurso de amparo de la joven.

Fuentes cercanas al fiscal enmarcaban el recurso de amparo de Miriam Serrano en un nuevo intento por desprestigiar la imagen de Grinda y sospechan que personas con intereses ajenos a esta causa están financiando la defensa de la joven en su intento por reabrir el caso. En el año 2015, la Asociación Transparencia y Justicia, dirigida en la sombra por el excomisario José Manuel Villarejo -según la Fiscalía-, solicitó personarse como acusación particular en el caso. La petición fue denegada por la Audiencia Provincial de Jaén debido a que la investigación había sido sobreseída. Tras varios años en el anonimato, Miriam Serrano decidió salir a la luz pública esta semana en una extensa entrevista en exclusiva con THE OBJECTIVE.