El exmarido de Juana Rivas desiste en su querella contra Montero y Errejón
Francesco Arcuri decide finalmente no presentar su denuncia por injurias y calumnias contra la ministra de Igualdad y el líder de Más País
Íñigo Errejón e Irene Montero en una imagen de archivo. | EFE
Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, ha desistido en su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, por unas manifestaciones que ambos políticos realizaron en abril del año pasado, según revelan fuentes de la defensa del italiano a THE OBJECTIVE.
Arcuri avanzó en septiembre de 2021 que, en el caso de Montero, su querella le reclamaría una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios tras unas manifestaciones que la ministra realizó tras el hallazgo del cadáver de una de las niñas de Tenerife -Olivia y Anna- presuntamente secuestradas y asesinadas por su padre unos meses antes. «Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y niñas que son víctimas de violencia de género hay que defender a Juana Rivas», dijo la titular de Igualdad en las redes sociales.
El 27 de octubre del año pasado hubo un acto de conciliación -paso previo antes de presentar la demanda- en los juzgados de Collado Villalba (Madrid) en el que Montero y Errejón -a través de sus respectivos abogados- no se retractaron de aquellas palabras. La defensa de Arcuri dejó pasar los meses y apuró hasta comienzos de junio para presentar la querella. En ese momento se cumplía el plazo legal para interponer la demanda, pero el italiano desistió finalmente, según las citadas fuentes.
Maraña de denuncias en el caso Rivas
El llamado caso Rivas ha derivado en una maraña de denuncias y pleitos judiciales con el paso de los años. Esta semana se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha admitido la querella por delitos de prevaricación judicial y contra la integridad moral que la madre presentó contra el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Pinar.
THE OBJECTIVE también desveló el 17 de septiembre que Montero se inhibió en noviembre del año pasado en las deliberaciones de la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el indulto parcial a Juana Rivas, condenada en 2018 a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, según pudo saber este medio a través de una pregunta al Portal de Transparencia.
El Gobierno rebajó aquel día la pena de prisión a un año y tres meses, mientras que los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los conmutó por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Aquella decisión del Ejecutivo permitió a Rivas cumplir la pena en su domicilio con un brazalete de control telemático desde finales del mes de diciembre. En marzo, la Audiencia de Granada acordó suspender la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años, condicionado a que participase en programas de parentalidad positiva.
Esta inhibición en el Consejo de Ministros por parte de Montero ha sido la única en toda la legislatura y se pudo deber, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, a que dos meses antes se había anunciado contra ella la citada querella por injurias y calumnias por parte de Francesco Arcuri.
Tras el comentado acto de conciliación, a las tres semanas llegó la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a Rivas. De ahí, según las citadas fuentes, que Montero se abstuviese de intervenir en las deliberaciones del Consejo de Ministros, con el fin de evitar que su participación en ese punto del orden del día pudiera ser aprovechada por la defensa de Arcuri para reforzar la demanda contra ella.
El exmarido de Rivas recopiló otras declaraciones de la líder de Podemos. Por ejemplo, un tuit en el que Montero enfatizaba la conexión del infanticidio de Tenerife con el caso que afecta a Arcuri. «Siempre hay nombres propios: Beatriz, Anna, Oliva, Rocío, Juana, Irune. Creer y acompañar a las mujeres que están vivas para evitar los asesinatos machistas y erradicar la violencia contra las mujeres», señaló la titular de Igualdad.
La defensa del italiano también evocó la entrevista que Montero realizó en junio del año pasado en un programa de TVE -‘Las cosas claras’-, donde la ministra «vuelve a repetir parte de las mismas manifestaciones respecto del asunto Juana Rivas». Además, incidió en que la titular de Igualdad no conocía personalmente a Arcuri, por lo que se reprochaba a la ministra el haberse pronunciado sobre el caso sin haber leído o estudiado «el contenido de las casi tres decenas de procedimientos judiciales que se han tramitado respecto de la señora Rivas y el señor Arcuri tanto en España como en Italia»
Los hechos por los que Rivas fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016. La condena inicial por dos delitos de sustracción de menores fue rebajada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de prisión por un solo delito, además de la pérdida de la patria potestad.
En su informe preceptivo sobre la petición de indulto a Rivas, el Supremo se opuso por unanimidad a un indulto total, al estimar que la condena era «proporcionada en relación con la gravedad de los hechos enjuiciados», pero no se puso de acuerdo sobre el parcial: ocho magistrados lo avalaban y otros ocho se oponían.
El primer grupo apelaba «al interés del menor», tras analizar nueva documentación presentada por la madre sobre la situación de «angustia» que vivía el hijo mayor por la separación de su progenitora y los presuntos malos tratos del padre, pero el otro grupo cuestionaba que se pudiera conocer el interés superior de los niños solo a partir de la información aportada por una de las partes.
La Fiscalía, por su parte, había apoyado la concesión de un indulto parcial, rebajando la pena de prisión en seis meses, hasta los dos años, y dejando la inhabilitación para ejercer la patria potestad en cuatro años, en vez de en seis. Pero el Gobierno fue aún más allá y rebajó la condena de cárcel en un año y tres meses, mientras que la inhabilitación la conmutó por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
