La carambola que podría salvar la cabeza de Lesmes al frente del Poder Judicial
Las asociaciones judiciales critican su renuncia «en diferido» mientras los vocales progresistas abren «vías alternativas» para desbloquear los nombramientos
Carlos Lesmes resiste al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras las asociaciones judiciales critican su dimisión «en diferido». El presidente del órgano de gobierno de los jueces anunció su marcha hace un mes para presionar a los sectores de la institución a llegar a un acuerdo que renovara las dos vacantes del Tribunal Constitucional que les corresponde y tratar que los partidos hicieran lo propio con los 20 vocales del Consejo. La fecha límite es el Pleno del 13 de octubre , aunque un movimiento de última hora podría salvar su cabeza. Su entorno asegura que, en cualquier caso, abandonará el cargo.
La cuarta reunión de las dos familias que conforman el CGPJ acabó este miércoles sin acuerdo, tal y como se presumía. El ala progresista culpa del bloqueo a los vocales conservadores. Ante la falta de «un horizonte temporal y concreto» para cerrar un pacto que consiga renovar a los magistrados del Constitucional que agotaron su mandato en junio, los representantes de este sector (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach) han anunciado su intención de explorar «otras vías alternativas».
Los vocales progresistas ya han informado a Lesmes de sus planes. Las fuentes consultadas sostienen que el presidente del CGPJ ha dado su beneplácito. La intención de este sector es alcanzar «un acuerdo inmediato» para cumplir «en el plazo más breve posible» con las obligaciones constitucionales. Si es posible, antes del Pleno previsto para el 13 de octubre, cuando se cumple un mes del límite impuesto por el Gobierno para elegir al tercio renovable que establece la Carta Magna.
Los sectores del CGPJ
Estas «vías alternativas» suponen salirse del procedimiento habitual. Ante la dificultad de alcanzar un consenso, los vocales progresistas han decidido abrir una ronda de diálogo con sus colegas conservadores que vaya más allá de los encuentros formales que llevan manteniendo con sus representantes (José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) desde principios de septiembre sin que exista fumata blanca. Para que sea posible son necesarios 12 de los 20 votos del CGPJ.
Los progresistas solo cuentan con ocho votos, pero creen que hay vocales adscritos a la línea conservadora que estaría dispuestos a inmolarse para desbloquear la situación. El entorno de Lesmes ha recibido la iniciativa como una tabla de salvación. Considera que, si la operación tiene éxito, el presidente del CGPJ no tendría que ejecutar su intención de abandonar el cargo, como ha declarado en varias ocasiones. El Gobierno ha manifestado que espera que no tenga que hacerlo, pero Lesmes tiene a buena parte de la carrera judicial en contra.
Juezas y Jueces para la Democracia y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han pedido la dimisión inmediata del presidente del CGPJ. Creen que se trata de la única manera de superar la situación que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, no entiende que Lesmes, cuyo mandato caducó hace cuatro años, haya deslizado en varias veces su marcha.
«No se debe hacer en diferido para evitar lentitud y especulaciones. Los vocales progresistas también advirtieron en verano de que se irían en enero si no había consenso. No hay que estar amenazando todo el rato», explica Del Barco. No obstante, el entorno de Lesmes sostiene que su intención es cerrar los nombramientos a finales de esta semana o principios de la próxima y presentar su dimisión, salvo que antes PP y PSOE retomen las negociaciones para renovar a los vocales del Consejo.
Del Barco considera «razonable» pensar que «si se va el capitán, se vayan el resto de vocales con él». Ese escenario, sostiene, ayudaría a renovar los vocales del Consejo, que son «quienes deben nombrar los vacantes del Constitucional». A cada sector del CGPJ le corresponde dar un nombre para renovar el tercio del tribunal de garantías. Los conservadores no tienen decidido aún su candidato, aunque afirman que estarían en condiciones de darlo «previa deliberación interna».
Este miércoles reconocieron haber realizado una «intensa búsqueda» de perfiles, aunque con resultado infructuoso. En su opinión, la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, es tan reciente que «hay que dar tiempo para que rinda los efectos que todos esperamos». No lo considera así el ala progresista, que se ha plantado. Esta corriente ya presentó a mediados de septiembre una propuesta con los nombres de nueve magistrados del Tribunal Supremo. La intención es que saliera de esa relación su candidato para renovar el Constitucional.
Los representantes conservadores les instaron a reducir esa nómina a un único candidato. Las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE indican que ya habrían seleccionado tres nombres, cuya identidad no ha trascendido. Entre los favoritos estarían Pablo Lucas y José Manuel Bandrés.
El informe de Lesmes
Fuentes judiciales reconocen a este diario que los negociadores conservadores mostraron en la reunión de este miércoles más interés en un presunto relevo de Lesmes que en los nombramientos del Constitucional, extremo que niegan en una nota. «Hemos puesto de manifiesto a la otra parte que estamos trabajando a fin de ejercer las competencias atribuidas por ley al CGPJ, limitadas al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional».
La intención del presidente del CGJP es marcharse, pero quiere hacerlo tras cazar una preciada presa: el acuerdo de los vocales para renovar el tribunal de garantías. De hecho, ya está cerrado el mecanismo para su relevo. Para eso, Lesmes encargó un polémico informe al gabinete técnico del Consejo que establece que debe ser sustituido por Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil y el más antiguo del Tribunal Supremo.