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El sector progresista del CGPJ impulsa al juez del CNI como favorito para el Constitucional

Vocales del ala progresista intentan promover la candidatura del magistrado del Supremo Pablo Lucas. Otros, sin embargo, se decantan por José Manuel Bandrés

El sector progresista del CGPJ impulsa al juez del CNI como favorito para el Constitucional

El juez del Supremo Pablo Lucas. | Ballesteros (EFE)

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece tener claro cuáles son sus dos favoritos para el Tribunal Constitucional (TC), pero existe división al respecto. Algunos vocales del ala progresista están intentando impulsar la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, el juez encargado de autorizar las escuchas del CNI, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Otros, sin embargo, se decantan por José Manuel Bandrés, magistrado también de la Sala Tercera del Alto Tribunal y miembro fundador de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD).

Así se lo han manifestado a algunos vocales conservadores, en el marco de las negociaciones abiertas por interlocutores de ambos sectores para intentar consensuar los nombres de los dos candidatos al TC que el órgano de gobierno de los jueces debe designar. Sus nombres cuentan con el apoyo de un número importante de vocales, principalmente progresistas, según las mismas fuentes. Pero ninguno de ellos tiene aún el respaldo suficiente.

De entre los dos favoritos de la corriente progresista, Pablo Lucas parece tomar la delantera. Incluso el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, habría manifestado en privado a algunos de los vocales que vería con buenos ojos el nombramiento del magistrado encargado de autorizar las escuchas del CNI desde 2009. Su designación plantea serias dudas al ala más dura del sector conservador del CGPJ, que solo estudiaría darle su apoyo si el nombramiento del magistrado Pablo Lucas formase parte de un «pacto global» para desbloquear la renovación del TC y permitir que el Consejo pueda cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo.

La situación del Supremo dificulta su designación

Tanto Pablo Lucas como José Manuel Bandrés forman parte de la Sala Tercera (de lo contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo, una de las más afectadas por la reforma impulsada por el Gobierno que impide al CGPJ cubrir las vacantes de magistrados en el Alto Tribunal desde marzo de 2021. Con ocho vacantes sobre un total de 33 magistrados, en estos momentos la Sala Tercera cuenta con el mínimo legal para constituir las cinco secciones en las que se divide. Las vacantes, que se han ido abriendo por la jubilación o el fallecimiento de magistrados, suponen ya casi el 25% de los miembros de esta sala.

Durante las negociaciones para consensuar los dos candidatos para el TC, los vocales conservadores han manifestado la importancia de no agravar la situación límite que se vive en el Supremo. Por ello, han instado a los progresistas a llegar a un acuerdo que fuerce al Gobierno a permitir cubrir las vacantes del Alto Tribunal, aunque sea de forma provisional y mediante comisión de servicios, antes de proceder a proponer y elegir a los dos candidatos que al CGPJ le corresponde nombrar para el tribunal de garantías.

No quieren desnudar a un santo para vestir a otro, lo cual hace difícil que cualquiera de los dos favoritos del sector progresista acabe recibiendo el voto a favor de cuatro de los vocales conservadores. A no ser que un acuerdo entre PSOE y PP ayude a desbloquear la renovación del CGPJ y la designación de los magistrados del TC. O, al menos, que se produzca algún cambio legislativo que permita al órgano de gobierno de los jueces cubrir las vacantes en el Supremo. Para ser elegido candidato al TC, cualquier aspirante necesita el de cuatro vocales conservadores para llegar a los 12 votos necesarios (tres quintos del Pleno del CGPJ) para ser designado. Actualmente el órgano de gobierno de los jueces está integrado por 19 vocales: 11 conservadores y ocho progresistas.

Los favoritos del sector progresista

Los nombres de Pablo Lucas y José Manuel Bandrés se pusieron sobre la mesa en la primera reunión mantenida entre interlocutores de los sectores progresista y conservador del CGPJ, el pasado viernes. En ese encuentro telemático, los progresistas presentaron un listado con nueve magistrados del Tribunal Supremo que habían mostrado su voluntad de ser considerados como potenciales candidatos para el Tribunal Constitucional.

En esa lista aparecían los nombres de Pablo Lucas Murillo de la Cueva y José Manuel Bandrés, junto a los también magistrados Eduardo Espin Templado, Rafael Fernández Valverde, Angeles Huet de Sande, Jacobo Lopez Barja de Quiroga, Isabel Perelló Domenech, Maria Luisa Segoviano Astaburuaga y Rosa María Viroles Piñol. Desde aquel día, y antes de la segunda reunión mantenida este miércoles por interlocutores de ambos sectores, se han producido llamadas a vocales conservadores del CGPJ para medir su disposición a avalar la candidatura de Pablo Lucas.

Los conservadores, sin embargo, llegaron a la reunión de ayer sin nombres que proponer a cambio a los progresistas. En un comunicado, afirmaron no haber recibido «ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual». Además, reiteraron su intención de que, en el nombramiento de los magistrados del TC, «rija el principio de eficiencia y no el de urgencia» para poder basarse en criterios de «excelencia».

«Sólo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales», añadieron los ocho vocales que a principios de mes acordaron mantenerse unidos para que la elección de los candidatos al TC sea consensuada y respete los tiempos del Consejo. Los progresistas, en cambio, consideran que urge designar a los nuevos vocales y renovar el Constitucional. De los cuatro magistrados del TC cuyo mandato se encuentra caducado, dos nombramientos corresponden al CGPJ y otros dos al Gobierno, que marcó como fecha límite el 13 de septiembre en su última reforma legislativa.

El juez del CNI

El nombre de Pablo Lucas es el que parece cobrar más fuerza entre los progresistas de cara al Pleno que el órgano de gobierno de los jueces celebrará el próximo 29 de septiembre. El mismo día, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, iniciará su visita de dos días a España para tratar de impulsar el diálogo entre Gobierno y PP a fin de desbloquear la renovación del CGPJ, que en diciembre cumplirá cuatro años con el mandato caducado.

Pablo Lucas fue elegido en 2001 como Magistrado del Tribunal Supremo entre juristas de prestigio, forma parte de su Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y ha pertenecido a sus Secciones Tercera (2001-2002) y Séptima (2003-2016). En la actualidad, está integrado en la Sección Cuarta y es miembro electivo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal. A propuesta de Carlos Lesmes, en 2019 fue renovado por tercera vez consecutiva, para un nuevo periodo de cinco años, como magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su hermano, además, es Enrique Lucas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido a propuesta del PNV.

En 2020, cuando PP y PSOE parecían cerca de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las quinielas mediáticas le situaron como el favorito de la exvicepresidenta Carmen Calvo para presidir el órgano de Gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo. Su nombre saltó al primer plano mediático el pasado mes de abril, cuando estalló el escándalo por el presunto espionaje del CNI con el malware Pegasus a al menos 18 líderes independentistas catalanes y su entorno. De hecho, como adelantó este diario, meses después el propio Pablo Lucas decidió recusarse de todas las causas que afectan a Carles Puigdemont, Quim Torra y otros líderes del procés independentista.

Precisamente este asunto, y la polvareda que levantó entre los socios catalanes del Gobierno, ha hecho que no todos los vocales progresistas apuesten por el juez a cargo de las autorizar las escuchas del CNI. De ahí que se maneje también el nombre de José Manuel Bandrés. Catalán y miembro fundador de la asociación progresista JJPD, Bandrés es juez desde 1980. Antes de ser nombrado en 2003 como magistrado del Tribunal Supremo, había ejercido durante 18 años en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona (ulteriormente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña).

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