La dimisión de Lesmes y su «efecto dominó» podría acelerar la renovación del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta días clave. Los representantes del órgano de gobierno de los jueces se reúnen este miércoles para abordar los nombramientos pendientes del Tribunal Constitucional, aunque no se prevé acuerdo. Tampoco se vislumbra consenso entre los partidos políticos para renovar los vocales del Consejo, que las asociaciones judiciales consideran prioritario. Esta situación deja a su presidente al borde del precipicio. Carlos Lesmes ha anunciado que dimitirá si no se desbloquea la situación. Los jueces confían en que su renuncia cause «un efecto dominó». Un órgano en minoría obligaría a proceder a su reposición inmediata.

«Parece razonable que si se va el capital del barco, también se vayan los demás», explica María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El Pleno que celebró el CGPJ el 8 de septiembre debatió los mecanismos que debían utilizarse para renovar a sus 20 vocales. Del Barco sostiene que, para hacerlo con el escenario actual, el Consejo debería quedarse en minoría, lo que impediría alcanzar el quorum necesario para llegar a acuerdos.

El artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de 1o vocales y el presidente». A ese supuesto se aferra Del Barco para renovar el CGPJ. Considera que la renuncia de Lesmes puede generar una reacción en cadena y originar la dimisión de otros vocales, lo que ayudaría a acelerar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años.

La decisión de Lesmes

La normativa establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos, a los 20 vocales del CGPJ. Cada Camara elige a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocido prestigio que cuenten con más de 15 años de ejercicio y otros seis jueces de los 5.300 en servicio. Estos últimos son seleccionados de una lista cerrada con nombres que eligen los propios profesionales, avalados por sus colegas.

Se trata del modelo que defiende el Gobierno y que Europa insiste en cambiar para que los miembros del Consejo sean elegidos por sus pares, como sucedía antes de que entrara en vigor la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González en 1985. El PP también defiende el cambio, aunque no lo promovió durante su época en el Gobierno a pesar de que disfrutó de dos mayorías absolutas. Tampoco se ponen de acuerdo las asociaciones judiciales. La mayoría defienden la elección corporativa mientras que Jueces para la Democracia apoya el sistema actual.

«Creo que sin Lesmes se abrirá una puerta. Anunció que si no se renovaba el Constitucional y los partidos no consensuaban un nuevo Consejo, se iría. Ahora no puede echarse atrás», manifiesta Del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Su organización es una de las que pide con insistencia la dimisión del presidente del CGPJ, al que acusa de irse «en diferido». A Lesmes se le agota el tiempo: la fecha límite es el 13 de octubre, cuando se celebra un nuevo Pleno del Consejo al que esperaba llegar con acuerdo.

La progresista Jueces para la Democracia también solicitó la renuncia de Lesmes en junio del año pasado. «Es una forma de forzar la renovación porque pondría en marcha un proceso de sustitución», sostiene la portavoz de la organización, Ascensión Martín. En su opinión, si este dimite deberían hacerlo «todos los vocales del Consejo». Martín explica que los técnicos del órgano de los jueces tendrían que realizar un informe para garantizar el proceso de la misma manera que lo han hecho con la situación del presidente, algo que ha generado malestar en la carrera judicial.

«No hay precedente. Hablamos de un albur jurídico que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé», reconoce la portavoz de Jueces para la Democracia. Martín insta a Lesmes a abandonar ya el cargo porque «una dimisión en diferido no vale». En su opinión, la presión que pretendía ejercer no ha tenido éxito y la institución sigue varada. El año pasado, el Gobierno aprobó una ley para vaciar al CGPJ de competencias y no permitir nombramientos hasta que se renovaran sus vocales.

Ese escenario supone que falten 14 de los 80 magistrados del Tribunal Supremo. En los próximos meses la situación se agravará, ya que está previsto que se jubilen media docena de jueces. «Lo fundamental para retomar la normalidad es renovar el CGPJ de manera inmediata. La gente no conoce la magnitud de la catástrofe que supone no hacerlo», reconoce Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda con más miembros pero sin representación en el Consejo.

«La situación que padece el CGPJ es dramática. Vive un escenario incierto porque no está previsto en la ley», explica Oliva. E insiste: «Que tenga que dimitir un presidente ofrece una dimensión de la tragedia». El integrante de la Francisco de Vitoria manifiesta que su organización defiende elegir a los nuevos vocales por «criterios objetivos». Para eso no es necesario reformar la ley de inmediato. Lo urgente, afirma Oliva, es renovar el Consejo y sentar las bases para reformar el sistema de elección para que sea «un órgano independiente, porque hoy no lo es».

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también insiste en la necesidad de renovar los vocales del CGPJ. Sostiene que es lo más necesario ahora. «No entiendo la urgencia con las vacantes del Constitucional. Esa decisión debería recaer en un nuevo Consejo. No hay que retorcer la ley ni hacer reformas oportunistas». La dificultad que entraña su petición, afirma, son los partidos políticos, a los que lanza un órdago: «Que modifiquen la ley orgánica y ya verán como hacemos la renovación cada cinco años».