María Luisa Balaguer: «Siendo republicana, defiendo la Monarquía»

Se declara progresista, marxista, feminista y republicana, y su método de trabajo dentro del Tribunal Constitucional pasa por la búsqueda continua de consensos con el resto de miembros de este órgano, aunque no siempre los consiga. María Luisa Balaguer advierte de que, independientemente de la ideología de cada cual, los miembros del TC están obligados a defender la Constitución y las instituciones que emanan de ella. Así, pese a su ideología republicana, Balaguer defiende la Monarquía y considera que una forma de defensa de la Corona pasa por la aprobación de una Ley que regule no solo sus obligaciones, sino sus derechos. También apuesta por una reforma necesaria de la Constitución, porque «reformar no es abolir».

María Luisa Balaguer sonríe cuando se le pregunta por la posibilidad de convertirse en presidenta del Tribunal Constitucional y aclara que no se ha postulado para el cargo ni piensa hacerlo, aunque admite que le gustaría presidir un órgano en el que -está convencida- se pueden hacer «cosas nuevas».

PREGUNTA.- El comisario de Justicia de la UE, en su reciente visita a España, advirtió de la necesidad de sacar el panorama político judicial de la situación de bloqueo en la que se encuentran los órganos constitucionales y adaptarse a las recomendaciones europeas. ¿Qué opinión le merecen sus palabras?

RESPUESTA.- Supongo que será su obligación. Es cierto que el contexto europeo en el que estamos debería hacernos pensar la necesidad de adecuarnos lo máximo posible a las instituciones europeas, pero también es cierto que España es un Estado que tiene su propia soberanía. Creo que el comisario tuvo la cautela de no injerir y hacer unas declaraciones un poco vagas sobre lo que corresponde al Estado español, en los órganos constitucionales españoles.

«Existe una crispación importante de todas las instituciones del Estado»

P.-Se habla mucho de la politización de la Justicia. ¿El hecho de que los jueces y magistrados de altas instancias judiciales sean elegidos por políticos sería la causa de esa politización?

R.- No lo sé. Politizado o no, existe una crispación importante de todas las instituciones en España, en Europa y, como consecuencia de la globalización, se aprecia un estrés fuerte de todas las instituciones. Esto es una consecuencia de la geopolítica y de la distribución del poder. Yo no pienso que la forma de elección sea definitiva para un órgano. A mí me eligió el Senado a propuesta de una comunidad autónoma. Es una forma de resolver los nombramientos, porque en un Estado compuesto, se tienen que hacer en parte por la distribución geográfica y en parte por las instituciones del Estado. Yo no me siento ni mucho menos compelida a actuar en favor de la comunidad de Andalucía, ni del Senado.

P.- ¿Deberían los jueces ser elegidos por jueces?

R.- Eso no se puede saber. El TC validó esta fórmula en su día. Habría que explorar si es mejor otra fórmula. Pero yo no creo que tenga que ver con lo que usted plantea. Creo que la crisis del Poder Judicial es una crisis de adaptación al Poder democrático, en el que el Poder Judicial, como no es elegido por sufragio universal -y no creo que esa fuera tampoco la fórmula correcta- ni está validado como están otros poderes, ni se trata de un Poder con capacidad de legislar, más bien es la fase aplicativa, el último eslabón de una cadena en la que la socialización política se va formalizando en normas. A partir de ahí, quizás podría ser necesaria la modernización de la Justicia, pero no hay que enfocar la solución desde una sola óptica. Las soluciones irán llegando con la buena voluntad, con la imaginación y con la forma de superar una fase globalizadora de la justicia.

«Procuro que mis sentencias sean lo más comprensibles para la sociedad y contengan el mínimo de política»

P.- ¿Pero no cree que hay muchas sentencias politizadas?

R.- Pues no lo sé. Yo, desde luego, procuro que mis sentencias sean lo más comprensibles para la sociedad y contengan el mínimo de política. Pero no podría analizar ni enjuiciar otras, no sería correcto por mi parte.

P.- ¿El bloqueo de la renovación del CGPJ vulnera la Constitución?

R.- Está usted adentrándose en un campo en el que no quiero entrar y no me corresponde. Si es o no constitucional, lo tendría que decir el TC, pero la opinión que yo exprese aquí ni sería oportuna ni sería conveniente.

P.- ¿Prudencia debida?

R.- ¡Obligada! Si no fuera así, se me podría recusar después, porque si emito opiniones a la sociedad de un problema del que tenga que votar yo en un futuro y pronunciarme… no me parecería correcto, la verdad.

P.- ¿Tampoco puede valorar la Ley que retira la competencia de los nombramientos a los miembros del CGPJ?

R.- No le puedo contestar. Imagino que usted lo entenderá.

P.- El presidente el CGPJ, Carlos Lesmes, elaboró un informe sobre cómo debería ser su sucesión y parece que no fue muy bien recibido. Además ,ha amagado con su propia dimisión. ¿Cómo se ve todo esto desde el TC?

R.- Yo de eso no veo nada ni sé nada del informe ni de lo que dice. Todo eso es susceptible de venir aquí y yo prefiero, si es que llega, leerlo en ese momento.

«Me gustaría muchísimo presidir un TC donde se pueden hacer cosas nuevas»

P.- Hablemos de usted entonces, y de la renovación del TC. Vistas las reticencias del llamado sector conservador a votar la candidatura de Cándido Conde Pumpido como próximo presidente ha surgido su nombre como alternativa de consenso. ¿Se ve en el papel?

R.- Las cosas no son como se han contado. Se ha publicado que yo me retiro de la lucha. Yo no estoy en ninguna lucha, porque no ha lugar a luchas. Somos 11 personas, a falta del compañero Alfredo, que se retiró por enfermedad. Tenemos que decidir quién de nosotros puede ostentar la presidencia con un mayor grado de efectividad y corrección personal. No tiene nada que ver con una lucha. Yo no me postulo como candidata ni creo que lo esté haciendo Cándido. La única cuestión es que existe una costumbre en el Tribunal que consiste en que se eligen presidente y vicepresidente a quienes están de salida, porque tienen más experiencia en el Tribunal. Pero de ahí a decir que yo disputo la presidencia hay un trecho. En primer lugar, no sabemos las personas que van a venir y lo que consideran sobre quién debe presidir la institución. En todo caso, no habrá ninguna lucha. No es una cuestión de campañas. Llegará el momento en que, cesante el presidente, se elegirá a otro en una votación. Yo no pienso hablar con nadie para este asunto. Si alguien piensa que yo estoy más capacitada, me votará a mí y si considera que lo está Cándido, lo votará a él. Lo que digo es que Cándido me parece un buen candidato, porque lo es y porque es mi obligación no promover ninguna división en el seno del Tribunal. Yo entiendo el lenguaje que utilizan en los medios, con las luchas y los enfrentamientos, pero eso no es así: yo ni me he postulado para presidir el TC, ni lo he rechazado. Si me pregunta si me gustaría le digo que me gustaría muchísimo presidir un Tribunal donde se pueden hacer cosas nuevas, ¡cómo no!

P.- ¿Qué tipo de novedades pondría en marcha usted en el supuesto de que fuera presidenta del TC?

R.- Crear una política de comunicación, que en el Tribunal no hay. Creo que el TC funciona muy bien, porque tiene un cuerpo de letrados buenísimo, ha tenido una cantidad de personas muy inteligentes del ámbito académico que me han precedido y, en todo este tiempo de consolidación, han dejado su huella. Pero no somos capaces de transmitir a la sociedad el sentido de nuestras sentencias.

P.- Póngame un ejemplo…

R.- Cuando ustedes dicen en la prensa «El Tribunal Constitucional tumba…» No estamos tumbando nada. Nosotros defendemos la Constitución. Ese es nuestro papel. A veces, en relación al problema catalán, hemos tenido que ceder posiciones entre todos -en mi caso eran más progresistas, quizás- en relación con la unidad de España, a la que estamos obligados constitucionalmente. En este tribunal tú tienes que defender los preceptos constitucionales, independientemente de cuál sea tu ideología. Ese autocontrol es muy importante, pero la sociedad no lo percibe, porque no se lo explicamos. El Tribunal Federal Alemán o la Corte Constitucional italiana dan ruedas de prensa que bien podría dar el TC en nuestro país. Pero creo que hay un cierto miedo a que se pueda manipular, cuando creo que la peor manipulación que se puede hacer es la de la ignorancia. La gente no sabe por qué la resolución de un recurso de inconstitucionalidad tarda tanto tiempo, porque no le explicamos que tiene una cantidad de informes y de procedimientos garantes de la constitucionalidad de esa norma, porque emana del Parlamento. Y nosotros tenemos que reforzar muy bien ese dictamen, cuando desautorizamos al legislador, que es el representante del pueblo.

«Hay que adaptar el Derecho a la sociedad, porque la sociedad no se va a adaptar al Derecho»

P.- ¿Cree que a ojos de los ciudadanos los miembros del TC son dinosaurios encerrados en sus despachos, a los que se les acumulan los asuntos urgentes encima de la mesa?

R.- Vaya, verme como a un dinosaurio… Yo soy la nota discordante del TC, porque vengo de la Academia, que tiene una elasticidad ideológica que no suele tener un Tribunal. Y pertenezco a una ciudad, como es Málaga, donde los conflictos sociales han creado en mí una visión muy progresista. A veces, las cuestiones recogidas en la Constitución, vistas 40 años después, requieren de una cierta adaptación. Hay que adaptar el Derecho a la sociedad, porque la sociedad no se va a adaptar al Derecho. Más allá de eso y de no sentirme identificada con esa descripción, entiendo que sería mejor explicar algunas de las posiciones que toma el TC. Así, la ciudadanía podría entenderlo mejor.

P.- ¿Hay que entender esto como una crítica a los medios de comunicación? Si el TC no se explica, somos los medios de comunicación y los periodistas quienes nos ocupamos de trasladar la interpretación de sus sentencias.

R.- No quiero que se me malinterprete. Creo que los periodistas están formados y, entre ellos, incluso, hay muchos juristas que se dedican a esto, pero yo defiendo que hay que facilitar el trabajo a los periodistas. A veces manejamos hasta aforismos escolásticos… o latinos…Si yo le digo «rest inter alios acta…», usted no tiene por qué saber que se refiere a una relación contractual que afecta a otros. Pero eso aparece en muchas sentencias y se utiliza con frecuencia. Se trata de facilitar las cosas y mejorar la explicación al ciudadano. No se culpen ustedes. Lo que quiero decir es que, si llegase a ser presidenta, me gustaría mejorar esto.

Sobre una eventual presidencia del TC: «Personalmente, nadie me ha dicho ‘preséntate, que te voy a votar’»

P.- Si parte de los miembros del TC rechazan la candidatura de Cándido Conde Pumpido. ¿Habría que buscar una alternativa de consenso?

R.- De este tema no se ha hablado en esta casa. Y a mí, personalmente, ningún compañero ni compañera me ha dicho «preséntate, que te voy a votar». Si algunas personas están todavía dolidas por el voto particular en la sentencia del estado de alarma, por lo que él ya se disculpó, imagino que intentarán aclararlo. Estoy segura de que saldrá la mejor opción para presidir el TC. Si fuera él, por supuesto, lo votaré, sin duda. Y si soy yo, estoy segura de que él también me votará a mí. Nosotros no vamos a producir una escisión en el TC ni esto va a ser una lucha, para nada. Yo estaría muy honrada al ser presidenta, pero él es una persona que ha tenido una trayectoria fantástica, muy preparada y con muchísima experiencia jurídica.

P.-Se declara usted feminista, progresista, ha sido marxista.

R.- ¡Lo soy, lo soy! Sigo siendo marxista, no banalicemos la ideología. Como una metodología de análisis de la realidad, el marxismo sigue teniendo vigencia. Ahora bien, que se llame clase dominante o dominada… que la terminología marxista no responde a una realidad globalizada, pues probablemente es cierto. Pero el marxismo no se puede abandonar como método de análisis, porque no ha habido ninguno que lo sustituya.

 P.- Pues feminista, marxista y de ideología republicana ¿Cuál es el secreto para concitar ese consenso entre el sector conservador con estas ‘virtudes’ que le adornan?

R.- Se puede ser republicana, no es contradictorio, porque yo estoy curtida en los valores de la Segunda República, que creó unas condiciones y valores de extraordinaria importancia. Generó el feminismo, por ejemplo. Ser republicano es una condición que uno tiene. Ahora bien, siendo republicana, yo defiendo la Monarquía, porque es mi deber defender la Constitución, que ha funcionado institucionalmente y ahora mismo está funcionando. Yo no voy a hacer ninguna revolución para instaurar la República, ni a pedir un referéndum, para nada.

«Hay que reformar la Constitución en materia de derechos sociales»

P.- ¿Cree que habría que reformar la Constitución Española?

R.- Creo que hay que reformar la Constitución en profundidad en materia de derechos fundamentales. Y también hay que retocar algunas de las instituciones, pero más allá de eso, me parece que la Constitución del 78 generó un consenso que ha traído a España un desarrollo impresionante. Dicho esto: yo soy una persona de consenso, que esperaba la Constitución como la necesidad principal de la democracia. Yo soy profesora de Derecho Constitucional, por la militancia que he tenido siempre y la convicción de que España necesitaba ponerse al nivel de Italia, Alemania, etc. Esto se hace con el consenso. Y yo siempre busco consensos, porque el conflicto te lleva a la separación y yo creo que con todo el tiempo que pasamos juntos en este Tribunal hay que echar mano de las relaciones afectivas también, más que de la contraposición de ideologías.

P.- Quienes se oponen a reformar la Carta Magna alegan que, tras el intento de modificación se oculta la intención real de su desmantelamiento y de nuestro sistema democrático, por parte de una parte de la clase política del país. ¿Lo cree posible?

R.- Reformar la Constitución no es abolir la Constitución. No sé qué piensan quienes creen que debe ser reformada, como decía, en materia de derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la tortura, pero creo que hoy en día, en España, la tortura no es algo que esté al cabo de la calle. Sin embargo, el derecho a la salud está en un principio rector, cuando yo creo que debería estar en el artículo 15, porque si estamos reconociendo la integridad física y moral, creo que la integridad física tiene que ver con el derecho a la salud. Otro asunto: el derecho a la vivienda antes no era tan imperativo. Hoy en día es un bien jurídico tan escaso que, incluso personas con un nivel de renta alto, no pueden acceder a una vivienda; creo que habría que desvincular el derecho a la vivienda del derecho de propiedad y que exista una posibilidad de vivienda asequible, para que la gente joven pueda iniciar un proyecto de vida. Esto no es cargarse la Constitución, creo yo, pero no sé esas personas qué intenciones tienen.

«Algunas funciones de la Corona se han convertido en discutibles con el tiempo»

P.- Usted se ha manifestado en alguna ocasión sobre la necesidad de elaborar una ley que regule la Monarquía ¿Considera insuficientes los preceptos constitucionales que se destinan a la Corona?

R.- Claro. Todas las instituciones tienen un desarrollo por Ley Orgánica, posterior. Lo tiene el Congreso, el Senado, todas las instituciones. Pero el artículo 57, de la Corona, tuvo en su momento un problema de posible inconstitucionalidad material en relación a la sucesión a la Corona. Ahora mismo, eso no es problema. Pero si una Ley Orgánica detallase las garantías de la Corona, que no sólo tiene obligaciones, sino garantías como institución, estas cuestiones no se producirían y habría menos desafección. Yo no soy monárquica, pero creo que es una institución recogida en la Constitución y hay que respetarla. Además, hay algunas funciones de la Corona que, con el tiempo, se han convertido en muy discutibles. Por ejemplo, los discursos de la Corona los tiene que revisar el Gobierno, porque solo hace actos debidos. Y yo pienso que si alguna vez un monarca quiere hablar al pueblo, no puede hacerlo. No entiendo que un presidente de una República tuviese que pasar por el Consejo de Ministros sus discursos, por ejemplo. Que nadie piense maliciosamente que, por ser republicana, quiero renovar la Monarquía para destruirla. Se trata de que cada organismo o institución tengan también garantizados ciertos derechos.

P.- Habiéndose declarado feminista, algunas de sus interpretaciones sobre la cuestión jurídica del género no dejan de generar cierta controversia entre los colectivos feministas y quienes defienden la nueva diversidad. ¿Tiene que haber límites y determinados controles para la autodeterminación de género? ¿Cómo hacerlo sin que ciertos colectivos se sientan estigmatizados?

R.- Acabo de dictar una sentencia en la que fijo una posición que creo que queda clara: el sexo es biológico y el género es construido. A partir de ahí, creo que me sitúo en un feminismo mainstream, en el feminismo clásico de mi generación. La palabra «género» está en el ordenamiento jurídico y no se puede erradicar de forma abrupta, pero habría que iniciar un camino -que yo intento comenzar con la sentencia- para ir creando una doctrina. Yo soy feminista clásica, creo que el género es biológico y cualquier manifestación del género está amparada por la Constitución en su artículo 14, que prohíbe la discriminación por sexo, orientada en el ámbito biológico, pero también por cualquier otra condición personal y social. Por tanto, el sexo es biológico y el género estaría comprendido en la expresión «condición personal y social».

«Propondría llamar ‘violencia contra las mujeres’ lo que ahora llamamos ‘violencia de género’»

P.- El vicepresidente de la Junta de Castilla y León tuiteó recientemente, tras el asesinato de una mujer en Palencia, a manos de su marido: «Pronto todas las víctimas de violencia de género serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo. La violencia no tiene género». ¿Le preocupan ese tipo de mensajes?

R.- Ahí hay una cantidad de errores lingüísticos tremenda. No puedo entrar a describirlos todos, porque podríamos pasarnos días. Pero sí le digo que mi propuesta sería llamar «violencia contra las mujeres» a lo que llamamos «violencia de género», porque la palabra «género» tiene un campo semántico tan amplio, que se desnaturaliza, en cierto sentido, la expresión. En todo caso, el día que se escribió ese tuit, habían matado a tres mujeres en España. La Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género tiene su origen en Granada, cuando un hombre asesinó tras quemar viva a su mujer, Ana Orantes, por acudir a un plató de televisión. Había una necesidad perentoria –y en eso estaban de acuerdo partidos, sindicatos, etc-. Esa Ley se aprobó por unanimidad, por lo que no podía llegar un recurso ante el TC, pero hubo unas cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por jueces de lo penal, por si en el momento de usar esa Ley esa legislación podía ser inconstitucional. Este Tribunal validó la ley con toda claridad y por unanimidad y respondió que se trataba de una Ley específica, creada ante un problema específico y, por tanto, no atentaba contra la Constitución. No hay más preguntas, señoría.

.P.- Yo tengo algunas más. El autor del tuit pertenece a Vox, un partido que, como otros existentes en Europa, suscribe esta ideología y niega la violencia de género. Estas formaciones están en auge en los últimos años. ¿Le preocupa ese auge?

R.- Lo que me preocupe a mí o no… Me preocupan tantas cosas, como el clima, etc. Como magistrada del TC lo único que puedo decir es que, jurídicamente hablando, este asunto está zanjado.

P.- Ha emitido usted un buen número de votos particulares que han dado mucho que hablar.

R.- Creo que soy la magistrada que más votos particulares ha hecho, pero diversificados. Tengo más de 100 votos particulares, mientras que el segundo tiene entre 60 y 70, pero eso me produce mucha satisfacción, porque yo dentro intento el consenso, si es posible, pero utilizo el voto particular para, con todo el respeto, introducir consideraciones propias. Eso me ayuda a que haya una mayor paz de puertas para adentro, en el TC.

«En el cuerpo embarazado de la mujer, debe decidir la mujer»

P.- Es que usted, incluso estando a favor del sentido de la sentencia, redacta su voto particular.

R.- Hay votos particulares discrepantes o concurrentes. El disidente expresa una clara discrepancia. Yo lo usé, por ejemplo, con respecto a la educación segregada. Pero hay otras situaciones, como por ejemplo en un caso reciente, en el que se obligó por decisión judicial a una mujer a acudir al hospital para dar a luz, porque el médico se dirigió al juez advirtiéndole del riesgo que corría su vida y la de la criatura. Yo entendí los votos discrepantes enseguida y, aunque el cuerpo me pedía hacerlo, a mí me preocupaba la posibilidad de un caso de violencia vicaria para futuras sentencias que encerraba, porque al marido se le concedía legitimación activa. Y yo creo que, en el cuerpo embarazado de la mujer, debe decidir la mujer. Yo analicé mucho estas cuestiones con el ponente y debatimos ampliamente. Y a mí me preocupaba fortalecer en el voto particular esa posición mía y pedir que el Estado legisle sobre la posibilidad de dar a luz en casa.

P.- Otro de sus votos particulares: el suyo y el del magistrado Juan Antonio Xiol a la sentencia por la condena contra los cabecillas del procés. Dicen en el mundo independentista que ese texto es un punto de partida para que el Tribunal de Estrasburgo acabe anulando las penas impuestas a los condenados por considerarlas «excesivas». ¿Habría que revisar las penas por sedición en nuestro Código Penal?

R.- Pues no sé qué esperan ellos. Les deseo lo mejor a nivel personal, como a cualquier otra persona. En ese voto lo que nosotros reflejamos fue la sentencia en la que el TC, con respecto a la sentencia contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna, liberalizó de alguna manera la pena impuesta en función del grado de participación de cada miembro. Y lo que analizamos Juan Antonio y yo fue que, en el caso de los condenados por el procés, no todos habían tenido la misma participación ni la misma responsabilidad y que, en algún caso, tendría que haberse graduado la pena. Ahora, la lectura que hagan de nuestro voto estas personas la desconozco.

Sobre el estado de alarma: «Decir que se violan derechos por la utilización de esta medida me parece muy radical»

 P.- Con respecto a la declaración del estado de alarma, usted también firmó un voto particular. ¿Entiende que fue legal, en contra de la mayoría del TC?

R.- Lo que nosotros, los discrepantes (ahí estuvimos casi al 50% entre una posición y otra) entendimos era que había que apelar al criterio de proporcionalidad. La situación sobre la que se aplicaba ese parámetro normativo era totalmente inesperada, nueva y extraña; en algunos lugares ni siquiera había legislación y el Gobierno tomó idéntica medida. La gravedad de la situación obligó a que se tomará esa medida en horas. En definitiva, decir que se violan derechos por la utilización de esta medida, dadas las circunstancias, me pareció muy radical. Yo creo que habría que pensar en la proporcionalidad y en qué conducta se le puede exigir a un Gobierno ante una situación como la que provocó la pandemia.

P.- Empezábamos esta entrevista hablando de la politización de la Justicia. ¿Se puede entender esta sentencia del TC, de la que usted discrepó, como una bofetada al Gobierno de Pedro Sánchez?

R.- Pues yo no lo sé, pero da igual. Yo intenté negociar, pero agotamos todas las posibilidades y eso no era posible. Había una polaridad muy grande. Y había una discrepancia sobre la forma de entender un derecho de libertad y la coacción de ese derecho de libertad y las circunstancias en las que eso ocurre. Estuvimos viendo informes de la Comisión de Venecia y del contexto internacional y creo que solamente en España no se ha ratificado la posición del Gobierno. Que eso sea por ir contra el Gobierno o no, yo no lo sé.