Defensa da carpetazo a las polémicas oposiciones en el hospital Gómez Ulla
La subsecretaria inadmite la solicitud de una oficial para acceder «a la arbitraria asignación de recompensas» en el centro que destapó THE OBJECTIVE
Margarita Robles, ministra de Defensa. | EP
El Ministerio de Defensa ha dado carpetazo al asunto de las polémicas oposiciones de empleo público al hospital Gómez Ulla antes de verano y en las que se extendió la sospecha de que las preguntas de los exámenes, o al menos una parte, pudieron filtrarse previamente a algunos de los aspirantes.
El Gabinete técnico de la subsecretaria, Adoración Mateos, ha inadmitido una solicitud de una oficial de los Cuerpos Comunes que fue «cesada y alejada» del citado hospital por oponerse «a la arbitraria asignación de recompensas y a las interferencias en la oferta pública de empleo que estaba en curso», según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La abogada de la citada oficial remitió un escrito a la número tres de Defensa a principios de julio, tras varias informaciones de este diario, en el que pedía las órdenes y resoluciones que se emitieron para la concesión de un total de 17 condecoraciones a miembros de las dos familias que están en el punto de mira por esta polémica. Todas ellas en un lapso de dos años. También reclamó las propuestas que motivaron las recompensas otorgadas a estas personas, junto con una copia del acta de la mesa delegada de Defensa de julio de 2021 en la que se fijaron las condiciones de las oposiciones.
Detrás de este «sorprendente» número de medallas y menciones honoríficas que recibieron ambas familias estaría, a juicio de fuentes militares consultadas por este periódico, el intento de ayudar a los aspirantes a sumar puntos en la fase de concurso, el último trámite de la oposición si un examinado logra superar el corte de la primera prueba escrita y donde se valora el expediente militar de cada uno.
Los firmantes de la negativa de Defensa
La negativa de la Subsecretaría la firma el director general de Personal, José Ramón Velón, en lugar de la citada Mateos, mientras que la justificación jurídica de la inadmisión la suscribe Antonio Afonso, el asesor jurídico general dentro del ministerio y cuyo ascenso en enero de 2020 a general togado dentro del Cuerpo Militar Jurídico provocó un enorme revuelo en Defensa, ya que Margarita Robles obvió las recomendaciones del consejo de evaluación para elegir a dos candidatos –Juan Pozo y el citado Afonso- a pesar de que quedaron en cuarta y sexta posición en antigüedad, méritos y hojas de servicio, según desveló Vozpópuli.
El hecho de que Velón y Afonso se hayan implicado en el carpetazo de este asunto supone, por un lado, que la subsecretaria no ha querido asumir responsabilidades en el mismo, a juicio de las fuentes consultadas por este diario. Y por el otro, que ambos altos cargos no han querido comprometer a subordinados en dicho trámite por su relevancia. Sobre todo, destaca la rúbrica del director general de Personal en vez de Mateos cuando el escrito iba dirigido a la subsecretaria. «Es completamente atípico que lo haya resuelto Velón», inciden las citadas fuentes.
El sindicato CCOO expresó «dudas en la cadena de custodia de los exámenes» de la que se habrían favorecido varios opositores cuando saltó la polémica y las críticas se centraron en dos personas. Primero, el máximo responsable del sindicato UGT en Defensa, Alfonso Castillo Gallardo, cuya mujer –María Begoña Lorenzo López– e hijo –Alberto Castillo Lorenzo– consiguieron superar el corte del examen con dos de las notas más altas, según desveló THE OBJECTIVE a principios de junio.
La otra familia en el ojo del huracán está encabezada por el teniente Antonio Jesús García Sillero, jefe de Seguridad en el centro hospitalario, según destapó El Periódico de España previamente. Los exámenes quedaron depositados en el Gómez Ulla durante un tiempo antes del día del examen, aunque él negó haber tenido acceso a ellos o que se rompiese la cadena de custodia. Desde el departamento de Margarita Robles se mantuvo que la controvertida oposición fue «completamente estanca, segura y limpia».
Tanto el sindicato CCOO como formaciones políticas tan dispares como Izquierda Unida y Vox pidieron que se abriera una investigación interna sobre lo sucedido. Tras la publicación de la asignación de plazas el pasado 2 de agosto, en plenas vacaciones estivales, no hubo reclamaciones de potenciales perjudicados.
De esta forma, dos hijos de Sillero –Alejandro e Isabel García Salmoral– consolidaron sus plazas eventuales en las categorías de fisioterapeuta y celador, al quedar en primera y segunda posición en sus respectivas oposiciones del hospital. Además, el novio de ella –Daniel Cuadrado Simón– quedó en séptimo lugar en la misma prueba de celador a la que se presentaron centenares de personas (ver la lista abajo). Y se da la circunstancia de que su esposa, Isabel Salmoral Nieto, ya tenía asignada una plaza de funcionaria como técnico de Recursos Humanos en el mismo Gómez Ulla.
Este periódico tuvo acceso a las 17 resoluciones de concesión de recompensas que Defensa entregó a miembros de ambas familias desde junio de 2019 a agosto de 2021. En apenas dos años hubo seis cruces del mérito naval (CMN), cuatro menciones honoríficas (MN) y siete medallas por participar en la operación Balmis contra el coronavirus (MB).
Es llamativa tanta cantidad de condecoraciones en tan poco tiempo y concentradas justo antes de las oposiciones al Gómez Ulla (ver el gráfico de abajo), sobre todo cuando varios familiares eran trabajadores eventuales. En el caso de los hijos de Sillero, habían encadenado contratos durante siete años en el hospital de referencia de Defensa, donde la concesión de la medalla Balmis se hizo extensible a prácticamente la totalidad de sus miembros. «En el Gómez Ulla se la dieron al 99% del personal», admitió una fuente consultada por este periódico.
El cómputo más numeroso de condecoraciones lo tuvo la familia del teniente Sillero ya que los cuatro miembros sumaron en total cinco CMN, una MH y cinco MB. El jefe de Seguridad del Gómez Ulla ya está en la reserva y tener más medallas o menos no implica ninguna ayuda en su carrera. Sí sorprende que su mujer recibiese dos medallas Balmis de forma consecutiva, en octubre y noviembre de 2020, aunque el teniente alegó a este periódico que se trataba de un error administrativo pues en el expediente de Isabel Salmoral Nieto solo aparecía como entregada la primera. Pero a día de hoy, el Boletín Oficial de Defensa (BOD) no ha rectificado esa concesión errónea.
En el caso de la esposa e hijo de Castillo Gallardo, el representante de UGT en Defensa, las condecoraciones recibidas fueron una CMN, tres MH y dos MB. El hecho de que todas las menciones honoríficas recayesen en María Begoña Lorenzo López implicó que la suma de las tres equivaliese a una medalla, por lo que las fuentes militares estimaron que con ello se la favoreció de cara a la fase de concurso. Y en el caso del vástago, junto con la cruz del mérito naval, hubo una Balmis que llegó «en el descuento». Es decir, con la última remesa de medallas de agosto del año pasado y, sobre todo, cuando ya se había aprobado la convocatoria de las oposiciones por parte de Defensa.
Precisamente, tanto el máximo responsable de UGT en el departamento de Robles como el jefe de Seguridad del Gómez Ulla estuvieron presentes en la reunión de la mesa delegada del Ministerio de Defensa del 2 julio de 2021, en la que se decidieron las condiciones de esta oferta pública de empleo (ver abajo). En la citada reunión se concretó el número de temas que se exigirían a los opositores -un total de 56- o la luz verde para que «se puntúen las condecoraciones, pero no en mayor medida que la formación». Un punto que beneficiaba a sus familiares directos.
La presencia del Sillero en dicha reunión fue controvertida porque su condición de jefe de Seguridad del Gómez Ulla no le debería permitir estar en ella. El oficial en la reserva subrayó a THE OBJECTIVE que aquel día acompañó a la jefa de Personal, la teniente coronel Eva María Gálvez, porque así se le requirió, si bien «en ningún momento» abrió la boca ni tuvo que firmar el acta.
Las fuentes militares cuestionaron ese relato porque el teniente aparecía –hasta la noticia de este diario a principios de junio– como segundo jefe de Recursos Humanos del hospital, por detrás de la citada Gálvez, dentro del Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental (Simendef), la ‘intranet’ de personal de Defensa a la que tuvo acceso este periódico.
Sillero reiteró sobre esto último que se trataba de un error informático, que se subsanó de inmediato y que nunca firmó ninguna orden como segundo jefe de Recursos Humanos. Esa supuesta doble condición laboral dentro del Gómez Ulla, alegaron sus detractores, le pudo servir para tener acceso al contenido de las preguntas antes del examen y compartirlas con el responsable de UGT, máxime cuando los exámenes quedaron depositados en el hospital durante un tiempo. Algo que no había ocurrido hasta ahora en las oposiciones precedentes.
Defensa propicia un «auténtico escándalo»
Además, la inclusión de las medallas para que sumasen puntos en la fase de concurso fue una de las novedades de esta convocatoria de plazas públicas para el Gómez Ulla, por lo que la presencia de García Sillero y Castillo Gallardo en dicha reunión fue criticada por numerosas fuentes. Varias de ellas coincidieron en que era «poco ético» que ambos responsables terciasen en una convocatoria de estabilización de puestos de trabajo a la que luego se iban a presentar sus familiares más directos.
«Este reparto de medallas no es que no sea normal, es que se trata de un auténtico escándalo», subrayó un general a este diario. «Los premiados ocupan puestos eventuales y la antigüedad es de apenas unos años. Lo habitual es que este tipo de recompensas se concedan a partir de los diez años de antigüedad. Hay personal que lleva 15 años cumpliendo con su trabajo y nunca ha sido recompensado», hizo hincapié este mando.
Estas condecoraciones entre 2019 y 2021 fueron elevadas a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por el director del Gómez Ulla, el general de brigada médico Miguel Fernández Tapia-Ruano, quien dejó antes de verano la dirección del centro al pasar a la reserva, poniendo fin a una extensa carrera militar en la que destacó por su puesto como jefe médico en la Casa del Rey durante varios años.
