Vox usará el 'doble rasero' de Ayuso con la 'ley trans' como arma electoral en 2023
La presidenta madrileña critica la «autodeterminación de género», pero se niega a derogar una norma aprobada por Cristina Cifuentes que recoge este concepto
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, interpela a Isabel Díaz Ayuso. | Europa Press
La inseguridad en las calles y el doble rasero de Isabel Díaz Ayuso con la ley trans -la defiende a nivel autonómico pero la califica de «nefasta» a nivel nacional- son las dos armas electorales que Vox explotará de cara a los comicios de 2023. Desde Bambú, sabedores de que estas dos cuestiones pueden dañar a la baronesa popular ante el electorado de la derecha, han iniciado este lunes la campaña, cuando han registrado en la Asamblea de Madrid la derogación la la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocida como ley trans o Ley [Cristina] Cifuentes, en referencia a su impulsora.
Esto supone una actualización en el argumentario de la formación que lidera Rocío Monasterio, que ha pasado de pedir la supresión de las leyes LGTBI en la región a centrarse de manera más específica en la ley trans. Esto se debe a que, en primer lugar, Ayuso ya se ha comprometido a modificar las primeras, y, en segunda instancia, a que el debate sobre la ley trans en España está candente al calor de la norma que impulsa Irene Montero, y que aglutina el rechazo de las feministas clásicas y de los expertos (como médicos y psicólogos). En definitiva, Vox pretende centrar ahí el debate.
Así lo ha evidenciado Monasterio este mismo lunes, cuando ha asegurado con sorna que Ayuso «piensa como nosotros en esto porque el otro día decía en una televisión que le parecía una barbaridad la autodeterminación de género». La presidenta madrileña, no obstante, ha tardado apenas una hora en refutar la afirmación de su socia parlamentaria: «No voy a hacerlo de esa manera. No me parece que sean formas para hacerlo, por tanto, no voy a seguir a Vox».
En la formación que preside Santiago Abascal a nivel nacional se frotan las manos con la postura adoptada por Isabel Díaz Ayuso, por cuanto entienden que será difícil de justificar ante sus votantes cuando el propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, de llegar a Moncloa, derogaría una ley trans que recuerda mucho, en contenido y continente, a la aprobada por el PP de Madrid en 2016.
La ‘ley trans’ de Madrid
La ley trans vigente en la Comunidad de Madrid desde el año 2016 poco tiene que envidiar a la que preconiza la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hay puntos, de hecho, que son incluso más avanzados a los concebidos por el Ministerio de Igualdad. Esta recoge en su redacción que «la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y auto determina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento». La misma «autodeterminación» que critica Isabel Díaz Ayuso, sólo que aplicada al género en vez de al sexo.
Su artículo 14, además, recoge que «los menores trans tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. Y a recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados».
La normativa autonómica determina que «en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico» para acometer el cambio de género. Tampoco «pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género o acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida».
Las similitudes en contenido y continente de la norma preconizada por Irene Montero con la aprobada por Cristina Cifuentes en 2016, cuando Isabel Díaz Ayuso era diputada autonómica, evidencian un doble rasero que será explotado por Vox en lo sucesivo.
De hecho, en referencia al derecho de los padres a tomar parte en el proceso, una de las cuestiones más controvertidas, ambas normas recogen el «interés superior del menor» en el caso de que exista una negativa de los progenitores. Y se remiten a la vía judicial como la solución para los solicitantes en estos casos.
Habrá Presupuestos
Sea como fuere, la propia Rocío Monasterio ya ha adelantado que la derogación de la ley trans de la Comunidad no será una condición sine qua non para su apoyo a los Presupuestos autonómicos de 2023, que están siendo negociados ahora mismo por Partido Popular y Vox. Una muestra, en última instancia, de que al partido a la derecha del PP no le interesa que esta norma se derogue, sino retratar las incongruencias de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, cuando se vote esta propuesta.
Habrá Presupuestos, pues, después de que las dos formaciones de la derecha madrileña hayan llegado a un acuerdo para sacar adelante la ley Ómnibus. Una de las medidas que Monasterio ha logrado introducir es la eliminación de la exigencia de informes de género y LGTBI en la tramitación de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. Esto es, la supresión de la «perspectiva de género» –un concepto que Vox ha llevado ante el Tribunal Constitucional– del urbanismo.
El acuerdo entre PP y Vox, sin embargo, parece casi imposible en la capital. Ahí, Javier Ortega Smith ha adelantado su negativa a negociar si José Luís Martínez-Almeida no se compromete a derogar Madrid Central -ahora Madrid 360-. Otra decisión -la beligerancia con Almeida por prorrogar la medida estrella de la exregidora Manuela Carmena- que se basa en un cálculo electoral. El alcalde madrileño, por tanto, se podría ver abocado a prorrogar los Presupuestos municipales del año pasado.
