El Constitucional dilata resolver la reforma que impide hacer nombramientos al CGPJ
El tribunal de garantías sigue sin pronunciarse 13 meses después sobre los cambios legislativos que maniata el Consejo mientras permanezca en funciones
El Tribunal Constitucional. | The Objective
La resolución de los recursos contra la reforma que maniata al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras permanezca en funciones ni está, ni se le espera. El Tribunal Constitucional no tiene previsto pronunciarse en los próximos meses, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. No han trascendido los motivos de esta demora, ya que las ponencias están avanzadas desde hace algún tiempo. El tribunal de garantías admitió a trámite los recursos de Vox y PP hace 13 meses. Algunos juristas sostienen que dilatar el fallo permite al Gobierno ganar tiempo para renovar el Consejo, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años.
El Gobierno consiguió sacar adelante en marzo del año pasado una reforma para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo era prohibir que el CGPJ realizara nombramientos mientras estuviese en funciones. La proposición de ley, aprobada con el rechazo de Ciudadanos, PP y Vox, ha motivado el colapso del Tribunal Supremo, que cuenta con 17 vacantes de los 80 magistrados que lo componen.
La norma impulsada por PSOE y Unidas Podemos fue muy contestada no solo por la oposición, también por el propio Consejo, que trató sin éxito en varias ocasiones que el Congreso recabara su opinión antes de que se tramitara. Los vocales barajaron acudir al Constitucional para plantear un conflicto de competencias, aunque lo descartaron finalmente.
Las demoras del Constitucional
Quienes sí acudieron al tribunal de garantías fueron PP y Vox, que presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad en abril. Fueron admitidos a trámite cinco meses más tarde, pero aún no han sido resueltos. Los recurrentes alegan que la norma impugnada contradice diversos artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria. Creen que también vulnera el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.
A pesar de que el tribunal de garantías acordó estudiar y revisar los dos recursos, ese escenario no se ha producido por el momento. Las fuentes consultadas alegan que no es extraño que suceda algo así y que existen otras normas que llevan años varadas, como la del aborto o la de la eutanasia. En la mayoría de los casos, para recabar el mayor consenso posible.
Los ponentes de los recursos contra la reforma que maniata al CGPJ son los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista. Las fuentes consultadas por este diario desconocen si han recibido algún mandato del Gobierno para demorar la resolución del asunto. Señalan que existe una norma no escrita que establece que si llegan dos recursos sobre el mismo tema al Constitucional, debe abordarse el primero para activar la resolución del segundo.
«Xiol tiene la excusa perfecta», reconocen a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas. Otros profesionales culpan de esta situación al presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano. Sostienen que es el máximo responsable de que no se haya activado la resolución de los recursos porque, entre sus labores, está la de establecer el orden del día.
Un año sin pronunciarse
Las posibilidades de que los recursos se planteen en las reuniones de sala en los próximos meses son escasas. Mucho más complicado es que lleguen al Pleno del Constitucional. Así lo confirman las fuentes del tribunal de garantías, aunque no precisan los motivos. «Han tenido un año, no creo que lo hagan ahora, en plena negociación para renovar el Consejo», explica un alto cargo de la magistratura que esquiva pronunciarse sobre la incidencia del Gobierno en la tardanza.
El pacto para renovar el CGPJ estaba cerrado en 2018, meses antes de que los vocales del órgano de gobierno de los jueces culminaran su mandato de cinco años. El dimitido presidente del Consejo Carlos Lesmes entregó en las Cortes una lista con 51 candidatos a vocales en septiembre de ese año. El Congreso y el Senado eligen, por mayoría de tres quintos, a 12 vocales de origen judicial y a otros ocho entre juristas de reconocido prestigio para un mandato de cinco años.
El acuerdo saltó por los aires después de que se filtrara un mensaje de WhatsApp que dinamitó la operación. Los partidos políticos tampoco llegaron a una entente en 2020 ni en 2021. Las fuentes consultadas coinciden en que las negociaciones han entrado en su recta final y que está cerca de producirse. Los partidos llevan el asunto con la máxima discreción para evitar que se reproduzcan situaciones pasadas.
Los miembros del futuro Consejo saldrán de la lista que remitió Lesmes a las Cortes hace cuatro años. Pero el tiempo apremia, ya que esa relación ya tiene nueve bajas, por lo que solo quedan 42 aspirantes en liza. Durante estos años se han producido renuncias, jubilaciones, promociones y hasta un fallecimiento que han reducido la nómina de candidatos, lo que complica la elección de los partidos para renovar a los vocales del CGPJ.
