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Bolaños engañó al PP con el delito de sedición al decir que su reforma era «ruido mediático»

El ministro trasladó al ‘popular’ González Pons que no iban a modificar el delito. «Hemos constatado que era mentira», se quejan en Génova

Bolaños engañó al PP con el delito de sedición al decir que su reforma era «ruido mediático»

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. | Alberto Ortega (EP)

El Partido Popular sintió este jueves que había sido engañado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el asunto de la modificación del delito de sedición, al que el Ejecutivo se ha comprometido con los independentistas en plena negociación presupuestaria, ya que cuando esta semana aparecieron las primeras informaciones sobre este tema, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, trasladó al negociador popular, Esteban González Pons, que no tenían en mente dicha modificación y que todo se trataba de «ruido mediático».

«El Gobierno nos dijo que solo era ruido mediático y que no iban a hacer lo de la sedición. Hoy (por este jueves) hemos constatado que era mentira», subrayan fuentes de Génova a THE OBJECTIVE después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo anunciase en un comunicado la suspensión de las negociaciones con el Gobierno para renovar el Poder Judicial.

El martes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desvinculó la delicada negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la reforma del delito de sedición. Un cambio legislativo que, según explicó en una entrevista en Antena 3, el PP votaría «no» en el caso de que llegase al Congreso de lo Diputados.

Gamarra afirmó que la reforma del delito de sedición respondía a un «compromiso personal» de Pedro Sánchez con los independentistas para poder seguir en el Palacio de la Moncloa y manifestó su rechazo a esta iniciativa porque, a su juicio, pretende «romper» la igualdad de los españoles ante la ley.

«Tenemos un presidente del Gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas»

Cuca Gamarra, secretaria general del PP

Al ser preguntada cómo valoraba que ERC desligase la reforma del delito de sedición de los Presupuestos, con el fin de no perjudicar la negociación entre el Gobierno y PP sobre el CGPJ, Gamarra señaló que esta reforma era un «capítulo más de ese manual de resistencia» de Sánchez, quien está «dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de seguir en el poder».

«Tenemos un presidente del Gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas con tal de poder él sacar adelante cualquier texto legislativo o unos PGE, que le permitan afianzarse en el poder», manifestó la ‘número dos’ del PP, quien añadió que la reforma de dicho delito es un «capítulo más» después de los indultos a los condenados por el ‘procés’.

Las citadas fuentes subrayan que Gamarra habló de desvincular ambas negociaciones sin creer que la reforma del delito de sedición entre Gobierno y ERC estuviese en realidad sobre la mesa ya que Bolaños así se lo había trasladado previamente a González Pons. «Teníamos otra información directamente del Gobierno», hacen hincapié desde Génova para justificar el portazo de este jueves.

Feijóo trasladó por teléfono a Sánchez este jueves que no podía seguir con las conversaciones si el Ejecutivo continúa adelante con su intención de reformar el Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición. «Es una incongruencia insalvable». Los socialistas, por su parte, le emplazaron a cumplir con la Constitución «sin pretextos».

«Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional», indicaron los populares en una nota de prensa. Los socialistas no han tardado en responder. Afean al PP que, tras cuatro años de bloqueo y «un acuerdo listo», han vuelto a romper las negociaciones».

La sedición desprotege al Estado

La formación que preside Feijóo ha reprochado a los socialistas que «es una incongruencia pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo». Consideran que reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con decirle a los jueces «que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España». El PSOE acusa al PP de mantener «una actitud obstruccionista muy grave» y dañar el funcionamiento de la Justicia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este mismo jueves desde la tribuna del Congreso, durante el debate de los Presupuestos, que el compromiso de Sánchez era llevar a la Cámara un proyecto para reformar varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, «para homologarlos a los estándares europeos». Feijóo, sin embargo, quiere agravar las penas y «concretar con mayor exactitud» los delitos de rebelión y sedición.

Los populares reconocieron que su vocación de acuerdo «es tan firme» como su convicción de que podían seguir avanzando en las negociaciones para renovar el CGPJ «mientras Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo», en referencia a los independentistas. El PSOE, a través de un comunicado, criticó que Feijóo utilice «una nueva excusa» para bloquear el Consejo.

Feijóo sedición PP Senado
El líder de los ‘populares’, Alberto Núñez-Feijóo. | Foto: PP

En este sentido, los socialistas acusaron al líder del PP de «una absoluta falta de autonomía política» al no resistir «las presiones de la derecha más reaccionaria, que ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto». Una alusión directa a Vox, aunque Ciudadanos también ha reclamado en los últimos días a Feijóo para que parase la negociación bilateral con Sánchez.

El líder de la oposición exigió al jefe del Ejecutivo «abordar juntos cualquier reforma del Código Penal» que afecte a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, «tal y como prometió el presidente a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones».

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