La Asamblea de Madrid defenderá en el TC la 'ley Uber' de Ayuso que recurrió Podemos
La Cámara regional se personará contra el recurso. Los taxistas creen que se trata de «una nueva utilización de las instituciones en beneficio particular»
Ayuso en el Pleno que aprobó la reforma de la Ley de Transportes. | Eduardo Parra (EP)
La Asamblea de Madrid quiere enmendar la plana a Podemos, que recurrió ante el Tribunal Constitucional la denominada ley Uber de Isabel Díaz Ayuso. El Parlamento regional se personará contra el recurso en trámite, tal y como decidió el Pleno celebrado el jueves. Los taxistas afirman que se trata de «una nueva utilización de las instituciones en beneficio particular». Los servicios jurídicos de la Cámara ya trabajan para defender la reforma de la Ley de Transportes impulsada en junio por la Comunidad de Madrid con el objetivo de que los vehículos de transportes con conductor (VTC) sigan operando en la región.
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió en octubre de 2018 un plazo transitorio de cuatro años a las comunidades autónomas para desarrollar la legislación con el conocido como decreto Ábalos. Solo Cataluña, Madrid y Andalucía han aprobado leyes autonómicas que permiten a las VTC mantener su actividad. Ayuso lo hizo en junio, cuando la abstención de Vox le permitió modificar la Ley de Transportes de 1998 por lectura única, sin necesidad de debate en comisión ni enmiendas de los grupos.
La votación cayó como un jarro de agua fría entre los taxistas que seguían el Pleno. Reaccionaron con abucheos y fueron expulsados de la Cámara. En la región existen 15.777 licencias de taxi y 8.562 autorizaciones de VTC, la mitad de las que se han concedido en España. Las asociaciones del taxi sostienen que la denominada ley Uber invade competencias municipales, ya que son los Ayuntamientos los que deben otorgar estos permisos tras valorar las necesidades de su localidad.
Jacinto contra Ayuso
Los taxistas creen que la reforma les discrimina al dispensar a las VTC madrileñas una autorización urbana para operar en todos los municipios de la región. Podemos se erigió en abanderado del sector y presentó en septiembre un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar que la reforma sea declarada inconstitucional y anulada. Para eso necesitó el apoyo del grupo Confederal del Congreso, ya que es necesario contar con 50 diputados para presentar un procedimiento de este tipo.
El tribunal de garantías admitió el recurso a trámite el 11 de octubre. El equipo de Ayuso no ha tardado en reaccionar. A iniciativa de su partido, la Mesa de la Asamblea de Madrid propuso personarse en el recurso de inconstitucionalidad en curso, tal y como prevé la legislación, y formular alegaciones ante el Constitucional. La medida salió adelante en el Pleno celebrado el jueves con el apoyo del PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de Más Madrid y Podemos.
La portavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, afeó a los diputados la decisión de personarse contra el recurso de inconstitucionalidad que su partido ha interpuesto contra la ley Uber de Ayuso. La candidata de Podemos en las próximas elecciones autonómicas considera que la reforma legislativa de junio supone «la mayor fechoría jamás cometida contra el sector del taxi». Además, recordó al PP que los taxistas están en contra de la norma y que «a los usuarios nos perjudica».
«Por eso hemos interpuesto este recurso de inconstitucionalidad. Como hicimos cuando anulamos su venta de vivienda pública a los fondos buitres, se lo digo hoy, vamos a volver a ganar. Hagan ustedes todo lo que procesalmente puedan hacer ahora para seguir defendiendo los intereses de esas empresas transnacionales piratas, pero antes o después va a quedar claro que los intereses del taxi no se tocan», aseveró Jacinto durante su intervención.
Sin respuesta de la Asamblea
La portavoz de Podemos, como representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya consiguió en 2019 que la Justicia anulara la venta de 2.935 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre seis años antes. El fallo determinó que la venta fue irregular y quebró «la protección social» de las personas que vivían en ellas. Ayuso recurrió sin éxito la sentencia.
Jacinto espera que la presidenta regional vuelva a sufrir una derrota similar, en este caso a favor del sector del taxi. De momento, los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid ya trabajan en las alegaciones que van a formular ante el Constitucional. THE OBJECTIVE ha preguntado a la Cámara regional por los argumentos que expondrán, el plazo que tienen para presentarlos y el proceso a seguir, aunque no ha obtenido respuesta. Los taxistas han recibido la noticia con desesperanza.
«Estamos ante una nueva utilización de las instituciones en beneficio particular», reconoce a este diario Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Madrileña del Taxi. Es la asociación más importante de las tres que existen en la región, ya que engloba al 62% de las licencias. En su opinión, Ayuso no defiende el interés general y se pone del lado de «un par de empresas lideradas por personalidades afines al PP». E insiste: «Esta ley es un traje a medida para esas plataformas».
Fernández explica que los taxistas solo quieren mantener su statu quo y que las VTC cumplan la legislación. Cree que la reforma en Madrid «les exime de cumplir con la normativa estatal». La decisión de la Asamblea no ha chocado a Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, que engloba al 8% de las licencias. En su opinión, «PP y Vox fueron los que plantearon la ley y ahora tienen que defenderla». Su organización critica las nuevas concesiones para las VTC, pero apoya la liberalización de horarios para los taxis.
