Interior, a punto de cerrar la 'operación Navidad': el 91% de presos etarras está en el País Vasco
Con los últimos acercamientos acordados por Interior, solo 22 presos de la banda cumplen pena en prisiones fuera de las regiones vasca o navarra
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
Asier Badiola Lasarte, Javier Bilbao Goicoechea, Orkaitz Gallastegui Sodupe, José Ignacio Guridi Lasa, Fermín Vila Michelena e Iñigo Zapirain Romano son los seis presos etarras que, este lunes, se han sumado a la extensa lista de reclusos trasladados de cárceles dependientes del Estado a las del País Vasco, según ha informado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Estos movimientos suponen, según denuncia la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia».
La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 22 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 362 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.
De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.
Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 23, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.
Admisión de traslados en el País Vasco
Este panorama es posible, en gran parte, gracias a la política penitenciaria que el Ejecutivo ha aplicado desde que ejerce las competencias penitenciarias hace poco más de un año. En ese periodo de tiempo, el Gobierno vasco ha aceptado el acercamiento a prisiones de Euskadi del 93% de los presos de la banda terrorista ETA que lo han pedido. En paralelo, solo ha dado luz verde al 27% de las peticiones tramitadas por presos que cumplen condena por delitos comunes, según informó Europa Press.
Por otro lado, también ha concedido 29 terceros grados a presos etarras. Una cifra que ya supera al número de progresiones a la semilibertad que ha aprobado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a reclusos de la banda terrorista en los últimos cuatros años, es decir, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a mediados de 2018, según arrojan los datos del último Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Entre los últimos beneficiados por el departamento de prisiones vasco, que desde octubre de 2021 dirige Beatriz Artolazabal, están Asier Carrera, condenado por el atentado mortal con coche bomba que acabó con las vidas del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta; Garikoitz Arruarte; Ainhoa Barbarin; Roberto Lebrero y Patxi Marqués. Una lista a la que, en agosto, se sumaron también otros reclusos etarras como Zigor Orbe, Santiago Vicente, Aitor Herrera, Igor Martínez de Osaba y Lierni Armendaritz. Esta última, condenada, entre otros delitos, por el asesinato del exministro y diputado del PSC, Ernest Lluc, cuando integraba el ‘comando Barcelona’.
Terceros grados revocados
El Gobierno de Urkullu empezó a progresar al tercer grado a presos etarras desde el pasado mes de febrero. No obstante, de los 29 regímenes de semilibertad concedidos por el departamento vasco —previo beneplácito de las juntas de tratamiento de la prisión—, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido un total de 16, de los que, por ahora, dos han sido revocados. Son los casos de Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, justificó su decisión por la falta de perdón del interno a las víctimas por los delitos cometidos. En el auto, atendiendo el recurso del Ministerio Público, el magistrado recordaba que la ley exige como requisito para la concesión del tercer grado la «petición expresa de perdón a las víctimas del delito». Desde 2021, la AN también ha revocado por el mismo motivo otras tres progresiones concedidas, en este caso por Instituciones Penitenciarias, a presos de ETA. En concreto, a Jon Crespo, Unai Fano e Iñigo Gutiérrez.
