El Gobierno no incluyó una disposición en la 'ley del sólo sí es sí' para evitar rebajas en condenas
Los abogados se sirven de una laguna en la norma estrella de Irene Montero para obtener penas más favorables para los condenados por delitos sexuales.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
La cascada de rebajas en las condenas por delitos sexuales provocada por la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí se debe a una omisión en la redacción de la norma. El Gobierno de España -concretamente, el Ministerio de Igualdad y el de Justicia-se olvidó de incluir una disposición transitoria en la que acotar los casos susceptibles de revisión de la pena. Esto ha facilitado la labor de los abogados que han solicitado nuevas penas para los reos. Ellos mismos avisan de que habrá muchas más revisiones si no se revierte la norma estrella de Irene Montero.
«No incluyeron una disposición transitoria como las que sí existen en otras reformas penales. Estas disposiciones limitan el juego de lo que podemos pedir los abogados, pero no existe en este caso. Ante esta ausencia, aplica el artículo 2.2 del Código Penal, que permite la revisión con la regulación más favorable para el reo. Este es más amplio, menos restringido y favorece que haya más rebajas en las condenas», explica a THE OBJECTIVE el abogado Tsevan Rabtan, que ha conseguido rebajar de ocho a seis años de cárcel la pena a un condenado por abuso sexual a un menor.
Este fue el primero de los cuatro casos que trascendieron este martes. En cuestión de horas se aplicó la misma rebaja a un hombre condenado por abuso sexual a su sobrina de cuatro años, suponiendo su «inmediata libertad», mientras que la Audiencia Provincial de Madrid redujo la condena que impuso en 2021 a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años. También se rebajó de casi siete años a uno y medio la pena a un profesor que abusó de cuatro de sus alumnos.
Se produjo, en definitiva, lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió. En su informe preceptivo, el órgano de gobierno de los jueces avisó en 2021 de que la aprobación de la normativa, al modificar el artículo 178 y otros del Código Penal para crear una única categoría delictiva de agresión sexual -destipificando el abuso sexual-, provocaría una revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubieran impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.
Desde el Ministerio de Igualdad calificaron estas advertencias de «bulos machistas»; un argumentario que no ha variado en exceso cuando se han demostrado ciertas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha culpado del escenario a la Justicia «machista» y «reaccionaria», y ha eximido de responsabilidad a una norma «magnífica». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desautorizado a sus socios de Unidas Podemos, y ha avanzado que la modificarán. Un nuevo cisma en el Gobierno de coalición a raíz de la ley del sólo sí es sí.
Cisma en el Gobierno
La ley del sólo sí es sí, impulsada por la condena a La Manada de Pamplona, ya provocó la primera gran crisis del Ejecutivo de coalición. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, criticó con dureza el texto por sus graves errores de «técnica legislativa», así como por su tono doctrinal y reivindicativo, inadecuado para una ley. El ministro socialista se ganó por aquello la etiqueta de «machista frustrado» que le colgó Pablo Iglesias, entonces aún vicepresidente, en unas polémicas declaraciones.
El tiempo ha dado la razón al ala socialista del Ejecutivo, tal y como evidencian los autos que desataron este martes la polémica. En uno de ellos, por ejemplo, se señala que la ley «nada establece en cuanto a la aplicación de la misma a procedimientos en trámite o ya juzgados y con sentencia firme», por lo que prima la norma general que obliga al efecto retroactivo de la norma penal más favorable.
Sobre el motivo de esta omisión legislativa, Tsevan Rabtan expresa su incredulidad: «Es un anteproyecto del Ministerio de Igualdad y de Justicia, donde debería hacer técnicos que conocen estos asuntos, y que ha tenido una vida larga: ¿Nadie advirtió de la necesidad de una disposición como esta? Victoria Rosell es magistrada. No me explico qué ha pasado aquí. En la mayoría de reformas del Código Penal se incluyen disposiciones, como sucede en el anteproyecto de ley sobre la reforma de la sedición».
