PP y Vox aún no han recurrido ante el TC la ley del ‘solo sí es sí’ y apenas quedan tres semanas
El 7 de diciembre vence el plazo para impugnar la norma impulsada por Irene Montero, que está derivando en rebajas de penas a condenados por abusos
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. | Europa Press
Al PP y a Vox se les agota el tiempo si quieren intentar tumbar en el Tribunal Constitucional (TC) la conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Transcurridas diez semanas desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ningún partido de la oposición ha presentado recurso de inconstitucionalidad alguno contra la norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, según confirman fuentes jurídicas y parlamentarias a THE OBJECTIVE. Ni siquiera tras el aluvión de críticas desatado al conocerse que al menos tres condenados por abusos sexuales a menores han visto rebajadas sus penas de prisión gracias a la nueva legislación. Y el plazo para impugnar la ley ante el TC se agota en apenas tres semanas.
El 7 de diciembre se cumplirán tres meses desde la publicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el BOE. Ese día expirará el plazo establecido para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías. El PP y Vox son las únicas formaciones de la oposición legitimadas para ello, al contar con más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ni los de Alberto Núñez Feijóo ni los de Santiago Abascal parecen tener claro si acabarán recurriendo la ley impulsada por Irene Montero, según fuentes de ambos partidos consultadas por este diario.
Desde Vox aseguran que se está valorando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley del ‘solo sí es sí’, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto. Por su parte, fuentes del PP se limitan a recordar que su grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad de la ley durante su tramitación. Son los dos únicos partidos que votaron en contra de su aprobación en el Congreso de los Diputados -la CUP se abstuvo y el resto votó a favor-, y las únicas formaciones que presentaron enmiendas a la totalidad de una ley de cuyas posibles consecuencias ya había advertido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las dudas de PP y Vox
En su informe preceptivo, el órgano de gobierno de los jueces avisó en febrero de 2021 de que la aprobación de la normativa, al modificar el artículo 178 y otros del Código Penal para crear una única categoría delictiva de agresión sexual -unificando las anteriores de agresión y abuso sexual-, provocaría una revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubieran impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.
Es justo lo que cuatro sentencias de distintos tribunales madrileños y de Galicia han aplicado ya, a pesar de que el Ministerio de Igualdad sigue negando que la reforma normativa suponga una rebaja de penas. La delegada del Gobierno contra la violencia de Género, Victoria Rosell, atribuía la rebaja de las penas a condenados por delitos sexuales a una lectura «reaccionaria y sorprendente» de la norma por parte de los jueces que han dictado las sentencias. Sin embargo, ante la polémica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostraba desde el Senado la disposición del PSOE a «estudiar» una posible modificación del texto legal tras el revuelo social generado. «Evidentemente no era el objetivo de la ley rebajar las penas con motivo de abusos a menores, sino todo lo contrario», indicaba la ministra este martes.
Expertos en Derecho Constitucional creen que las dudas de los dos principales partidos de la oposición para impugnar la conocida como ley del ‘solo sí es sí’ ante el TC estriban en que sus recursos de inconstitucionalidad podrían tener poca incidencia en relación con la reforma del Código Penal que ha facilitado la rebaja de penas a condenados de abusos a menores. «El legislativo ha optado por reducir ligeramente las penas y cambiar la redacción de un tipo penal, pero difícilmente podría ser inconstitucional porque la rebaja de las penas no es muy drástica», indica Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Superiores (CES) Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
¿Objeto de inconstitucionalidad?
«La ley sí tenía, sin embargo, algunas cuestiones que podrían afectar al principio de igualdad entre hombres y mujeres y que, por ende, podrían ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, pero no tendría ningún efecto sobre la situación actual de la rebaja de penas», agrega Fernandes. No obstante, fuentes de Vox -partido que ha presentado 42 recursos de inconstitucionalidad desde el año 2020- ven en el Capítulo I de la ley impulsada por Irene Montero un resquicio para buscar su inconstitucionalidad.
En él, según fuentes del partido de Abascal, se establece que no serán los jueces quienes determinen si se ha producido o no violencia sexual, sino que entra en vigor la posibilidad de que las situaciones de violencia sexual se puedan acreditar mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título. Y en el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por medio de documentos sanitarios.
Consecuencias políticas
No obstante, los juristas advierten que las reducciones de las condenas por abusos sexuales sí deberían tener consecuencias políticas, ya que el poder legislativo ha permitido con la nueva norma que delincuentes condenados por delitos tan atroces como el de abuso sexual a menores salgan antes de la cárcel. En ese sentido, agregan, los partidos de la oposición podrían registrar una ‘proposición no de ley’ en la que se vuelvan a subir las penas que la ley del ‘solo sí es sí’ ha rebajado.
«La mal llamada ley del ‘solo sí es sí’, en realidad, desde un punto de vista material no aporta ninguna garantía adicional a las víctimas, simplemente incorpora la jurisprudencia que se había fraguado durante años por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. De hecho, denominarlo así (como ley del ‘solo sí es sí’) es caer en la trampa del Ministerio de Igualdad, que ha querido hacer un estandarte de una reforma inocua desde el punto de vista del tipo penal», indica Ibor Fernandes.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, defiende la forma en la que se tramitó y aprobó la reforma del Código Penal contemplada en la norma impulsada por Irene Montero, ya que en general «sube las penas y aclara las dudas doctrinales y jurisprudenciales». «La Comisión General de Codificación que propuso esta reforma, que fue la que se llevó al Congreso, la hicieron personas de una reconocidísima solvencia. Y en algunos casos, supone una rebaja, sí. Pero en otros, una subida de las penas. Por ejemplo, una condena exigua como la de la Manada por una violación grupal ya no se dará jamás. Ni tampoco en casos de sumisión química o de violación de personas con discapacidad», asevera Bal.
