La violencia contra los funcionarios de prisiones se dispara un 40% en los últimos cinco años
Los últimos datos suponen un récord en la serie histórica. Cada día se produce más de un ataque contra algún trabajador penitenciario por parte de un preso
Protesta de un sindicato frente a la sede de Prisiones, en Madrid. | EP
La violencia contra los funcionarios de prisiones se dispara en las cárceles estatales. Hasta septiembre de este año, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha registrado 310 agresiones contra estos trabajadores, lo que supone un incremento del 94% si se compara con las anotadas a lo largo del año pasado (159); y un 40% más respecto a 2019 y 2018 (223), antes de que llegase la pandemia, según la última estadística del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En base a estos datos, las cárceles que han contabilizado más episodios violentos contra los funcionarios son, en primer lugar, el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid IV), en la Comunidad de Madrid (18); seguido de Sevilla II, en Morón de la Frontera (17); Puerto III, en Cádiz (15) y la prisión de Las Palmas, que ha contabilizado 13 agresiones a trabajadores. De estas cifras también se extrae otro dato, y es que cada 36 horas se produce un ataque contra este colectivo profesional. Un récord histórico, según advierten fuentes sindicales.
Todo ello ocurre en un contexto en el que el Ministerio del Interior no ha reconocido aún la condición de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha comprometido a reconocer este estatus a los trabajadores en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que según dijo el propio titular a finales de septiembre, se encuentra en la fase de ponencia del anteproyecto.
Delito penal
Esta medida, que salió adelante con el apoyo de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados, otorgará mayor protección a los empleados públicos de las cárceles frente a las agresiones de los internos. La reforma de la ley supone que agredir a un funcionario de prisiones sea considerado un atentado contra la autoridad, un delito que tiene tramitación penal y no solo administrativa como ocurría hasta ahora si un trabajador sufría el ataque de un recluso.
Lo sindicatos de prisiones llevan varios años reclamando este reconocimiento porque lo consideran una medida disuasoria frente a posibles ataques de presos y una vía para reducir la violencia en las cárceles. Hasta ahora, los capítulos violentos en prisión «solo se dilucidan con un procedimiento disciplinario liviano en vez de perseguirse de oficio por los propios mandos con penas de prisión», denuncia Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Una situación que, de aprobarse finalmente la reforma, cambiaría para estos trabajadores.
Con esta medida los vigilantes de las prisiones también gozarían del principio de veracidad en la tramitación de partes e informes disciplinarios, lo que les otorgaría «relevancia probatoria excepto prueba en contra» para sancionar a los reclusos. Otro cambio importante que arroja esta iniciativa del PSOE es que la Administración asumirá la indemnización para aquellos funcionarios que resulten heridos en incidentes regimentales en las prisiones.
El caso insólito de Cataluña
En paralelo al aumento de la violencia en las cárceles dependientes del Estado, también está el caso de las prisiones catalanas. Una comunidad autónoma en la que los ataques contra el personal de las cárceles se ha disparado un 160% en los seis últimos años. Y que deja cifras incluso por encima de la media del resto de prisiones españolas.
Los datos hablan por sí solos. Desde 2016, cuando el departamento de prisiones catalán comenzó a contabilizar este tipo de episodios, las agresiones a trabajadores penitenciarios se han triplicado (de 151 a 393), según las estadísticas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Año a año, esta cifra ha aumentado y en 2021 incluso superó al de los ataques que se producen de media en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior.
Los últimos datos aportados por la administración penitenciaria estatal señalan que en 2021 se contabilizaron 159 ataques contra estos funcionarios públicos. Si comparamos este dato con el último disponible en las cárceles catalanas, las agresiones contra trabajadores de esta región (393) están un 147% por encima de la media del resto de centros penitenciarios del país.
