La derogación de la sedición que pide el partido de Puigdemont: revisión de sentencias y cancelación de antecedentes penales

Desde Junts solicitarán, además, que se acote el delito de rebelión a los casos en los que haya «uso de armas»

Junts per Catalunya plantea una derogación del delito de sedición que garantice la revisión de las sentencias y la cancelación de antecedentes penales como alternativa a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, en su opinión «un fraude» que busca «continuar la represión por otras vías».

El pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los dos grupos del Gobierno de coalición, que reemplaza el delito de sedición por otro de «desórdenes públicos agravados», con una rebaja de quince a cinco años de la pena máxima de prisión.

Fuentes de Junts opinan que con este texto legislativo tanto el PSOE como Unidas Podemos han «colado un gol a ERC», ya que la reforma planteada «saca la sedición por la puerta de atrás y vuelve a meterla por la puerta de atrás», aunque con otro nombre.

«El objetivo no es la homologación del delito de sedición con la regulación europea, sino solucionar los problemas ocasionados en España con la represión de hechos como el del 1 de octubre de 2017», dicen en referencia al referéndum ilegal de independencia en Cataluña y las solicitudes de extradición de los líderes del procès huidos, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont

Por ello, Junts va a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo con el objetivo de derogar el delito de sedición y garantizar tanto una revisión de las sentencias como una cancelación de los antecedentes penales de aquellas personas que ya hayan sido juzgadas. Junts califica la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos como una «macedonia mal hecha» que incluye entre otros aspectos una eliminación del delito de sedición «confusa» e «incompleta», al plantear como «contrapartida» el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. En su opinión, esta iniciativa es «un fraude» que busca «continuar la represión por otras vías».

Además, alerta de que algunas manifestaciones multitudinarias y más agresivas como la de los astilleros de Cádiz podrían encuadrarse en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, algo que consideran «peligroso», ya que con ello «mantienen y amplían las penas que criminalizan conductas democráticas». «Están condenando cualquier protesta, no sólo de independentistas (…) Es una puerta abierta a la discrecionalidad jurídica», alertan.

En su texto alternativo, Junts no hace ninguna mención a una posible reforma del delito de malversación al no estar incluido en la proposición de ley, aunque fuentes del grupo señalan que están a favor de una modificación «para no perseguir a quienes usan fondos públicos para llevar a cabo una acción política».

Lo que sí plantea Junts es acotar el delito de rebelión a aquellos casos en los que haya «uso de armas».

Fuentes de Junts consideran que su propuesta podría ser aceptable para otras formaciones como ERC, CUP, EH Bildu e incluso Unidas Podemos, ya que los morados están estudiando presentar enmiendas parciales en lo que tiene que ver con el derecho de manifestación porque opinan que el agravamiento de las penas por desórdenes públicos puede afectar al derecho a la protesta pacífica. El plazo de presentación de enmiendas a la totalidad se abrirá después del debate y votación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos este jueves en el pleno del Congreso.

Y el debate y votación del texto alternativo de Junts tendrá lugar previsiblemente a principios de diciembre en el pleno del Congreso.

Fuente: EFE